Compra de videovigilancia por S/110 millones en la ATU enfrenta denuncia penal y nuevos cuestionamientos

Uno de los documentos clave para entender la denuncia es el Informe N.° D-000630-2026-ATU/GG-OA-UA, emitido el 18 de marzo de 2026 por la Unidad de Abastecimiento de la ATU. En ese entonces, el área advirtió que el requerimiento presentaba deficiencias que podían dificultar que el mercado cumpliera con todas las exigencias planteadas y generar “información incongruente” ante los órganos de control. Tras esta observación, la ATU formuló una quinta versión de dicho requerimiento y, apenas veinte días después, adjudicó el contrato por S/110.998.473,60.

Antes de esta contratación directa, la ATU había impulsado un concurso público superior a S/55 millones para instalar más de 16.000 cámaras en buses y taxis, proceso que terminó anulado en 2025 tras más de 581 consultas y observaciones. Luego, bajo el argumento de la emergencia por inseguridad ciudadana, la entidad reformuló el proyecto, duplicó el costo y amplió el sistema a cinco cámaras por bus, monitoreo centralizado, conectividad y almacenamiento por aproximadamente tres años.

La denuncia presentada por el consorcio SEBHEC-IDELCOMV sostiene que las observaciones técnicas persistieron incluso después de la reformulación del expediente. Entre los principales cuestionamientos figura una presunta contradicción entre anexos respecto a las especificaciones de los lentes de las cámaras. Mientras un anexo permitía un rango flexible, otro restringía la exigencia a una medida específica, lo que habría permitido aplicar criterios discrecionales durante la evaluación.

También se cuestionan las especificaciones técnicas del sistema UPS exigido para proteger los equipos frente a variaciones eléctricas en los buses. Según la denuncia, el expediente requería una tecnología de “doble conversión en línea”, pero se habría validado un equipo que no acreditaría plenamente esa característica. Además, se advierte que el hardware seleccionado no demostraría certificaciones internacionales para soportar vibraciones constantes y condiciones propias del transporte vehicular.

El abogado Rodrigo Linares, especialista en contrataciones públicas consultado para este informe señaló que las inconsistencias detectadas en los términos de referencia podrían haber generado dificultades para los postores al momento de formular sus ofertas. “La falta de estas reglas claras genera que los evaluadores puedan desestimar las ofertas de potenciales postores”, explicó.

Documentos registrales de Sunarp revisados por este Diario muestran que Samuel Castro Yangalí figura como accionista de Industrias Maquilak S.A.C., empresa que integra el Consorcio Perú-Bolivia, ganador de la compra directa de S/110,9 millones impulsada por la ATU para implementar el sistema de videovigilancia en buses. Castro Yangalí ha sido mencionado anteriormente en reportajes periodísticos como parte del grupo familiar Castro Yangalí, relacionado mediáticamente con el caso Qali Warma/Wasi Mikuna debido a contratos adjudicados a empresas proveedoras del programa estatal de alimentación escolar. Según la partida registral N.° 13096955, la empresa modificó parcialmente su objeto social en enero de 2025 para incorporar actividades vinculadas a telecomunicaciones, videovigilancia, monitoreo de cámaras, GPS y soluciones de seguridad electrónica.

En una entrega anterior de este Diario, el ingeniero Samuel Saavedra, experto en telecomunicaciones, advirtió limitaciones técnicas relevantes en el modelo planteado. Entre ellas, que el sistema de alertas dependería principalmente de que el conductor detecte un asalto o situación de riesgo y logre presionar un botón de pánico mientras maneja.

Saavedra también cuestionó que las cámaras adjudicadas no incorporan inteligencia artificial embarcada para detectar automáticamente rostros, armas o conductas sospechosas. A ello se suma que la conectividad operaría sobre redes móviles comerciales, susceptibles a interrupciones en zonas urbanas congestionadas. Si la señal falla durante una emergencia, la alerta podría no llegar oportunamente al centro de monitoreo.

Frente a los cuestionamientos técnicos, administrativos y penales surgidos alrededor de la compra directa de más de S/110 millones para instalar cámaras de videovigilancia en buses de transporte público, la ATU defendió la legalidad y transparencia del proceso. La entidad sostuvo, a través de su vocero Pavel Flores, que las observaciones detectadas en los términos de referencia formaron parte de una “retroalimentación con el mercado” y aseguró que tanto la Contraloría como el Ministerio Público ya cuentan con toda la documentación relacionada con la contratación.

Sobre la apelación presentada por el consorcio, que solicita la nulidad del proceso, el representante de la entidad confirmó que el recurso se encuentra actualmente en trámite. “La apelación consiste en la impugnación de cualquiera de los postores cotizantes”, señaló, y precisó que la decisión final se adoptará sobre la base de la verdad material, evaluando tanto los documentos del denunciante como los descargos del proveedor seleccionado. “Ya será materia de los especialistas técnicos si es fundado, si es infundado o si es improcedente”, indicó Flores.

Respecto a las observaciones internas sobre los términos de referencia, el funcionario negó inicialmente que existiera una quinta versión del expediente, aunque luego reconoció que internamente pudieron existir múltiples ajustes técnicos. “Puede internamente haber hasta 18 versiones de un TDR entre idas y vueltas del área técnica, del área técnica estratégica, del área usuaria o incluso del área de contrataciones”, afirmó el vocero. Además, sostuvo que las modificaciones respondían a la necesidad de adaptar el requerimiento a lo que realmente podía ofrecer el mercado.

En relación con las presuntas contradicciones entre anexos y especificaciones técnicas de las cámaras, la ATU aseguró que las diferencias no alteraban el funcionamiento requerido. “Lo funcional es que el umbral mínimo sea de 80 grados o superior. Eso es la clave”, explicó el entrevistado. Asimismo, defendió que mantener cierto margen técnico permitía garantizar pluralidad de postores.

Consultado sobre los cuestionamientos alrededor de uno de los accionistas vinculados al Consorcio Perú-Bolivia, la ATU sostuvo que la evaluación realizada se limitó a verificar si existían impedimentos formales establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. “Los informes técnicos nos dicen que no hay impedimento conforme a las causales que señala la ley de contrataciones. Hasta ahí quedó el margen de la legalidad”, señaló el representante de la entidad.

Aunque reconoció que alrededor del caso pueden existir “suspicacias” e investigaciones posteriores, la ATU insistió en que el proceso se desarrolló dentro del marco legal y remarcó que continuará colaborando con la Contraloría y el Ministerio Público. “Desde un primer momento esto ha sido transparente”, afirmó el vocero Pavel Flores.