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La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro inició esta mañana una investigación preliminar para esclarecer presuntas irregularidades en diversos procesos de contratación llevados a cabo por la actual gestión de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).
Según una denuncia emitida el domingo en el programa “Punto Final”, la presidenta ejecutiva de esta entidad, María Jara, contrató para consultorías a exsocios de su empresa Jara Consulting Group, hoy conocida como Valquiria Consultores SAC.
Esta empresa también fue fundada por Hector Rubio Guerrero, actual director de Asuntos Ambientales y Sociales de la ATU, y ex gerente general de Valkiria Consultores.
El equipo encargado de la investigación, al mando del fiscal provincial Marco Huamán Muñoz, ingresó a las oficinas de dicha entidad para recabar la documentación e información que será necesaria en el proceso de la investigación.
Los fiscales abrieron investigación por el delito de colusión contra los implicados en el caso del presunto favorecimiento. También dejaron establecido que dicha calificación jurídica inicial es provisional y está sujeta a la confirmación o variaciones que pudiera arrojar las indagaciones.
De otro lado, el equipo investiga una probable sobrevaloración en dos contrataciones directas para la compra de 20 mil adhesivos y pintado de 10 mil círculos de señalización para el distanciamiento social en los paraderos de los corredores y el Metro de Lima y Callao; ambos valorizados en S/ 286 700 soles.
En ambos casos se ha establecido que las diligencias preliminares, mediante el uso de medios electrónicos, se realice en sede policial de la Dirección Contra la Corrupción por el plazo de 90 días.
En detalle
De acuerdo a ‘Punto Final’, a solo un mes de que Jara asumiera como jefa de la ATU, contrató a Rubio Guerrero -antes de que este fuera contratado por la ATU- y a Luis Canessa, actual apoderado de Valkiria Consultores, por 2 servicios de consultoría valorizados en S/44 mil a cada uno.
Para dicho trabajo también se contrató a Luis Vilela, amigo personal de Rubio, Canessa y Jara, y que ha sido asesor de la jefa de la ATU, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
El dominical también denuncia que Canessa y Vilela prestaron servicios de consultaría en enero y marzo de este año por una suma de S/62.000, cada uno.
Ayer, en entrevista con El Comercio, la funcionaria defendió la legalidad de las contrataciones: “Yo contrato profesionales altamente calificados y capacitados para la gestión de la ATU […] tienen 20 años de experiencia, son parte de mi equipo de trabajo, con el cual tengo confianza profesional. Quiero dejar claramente sentado que este no es el Club de Toby, como han pretendido señalar. No hay ninguna irregularidad ni ilegalidad”.
