El año 2025 ha sido “uno de los peores” en las últimas décadas para la libertad de prensa en el Perú, según alertó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe final presentado este domingo, al término de la 81.ª Asamblea General del organismo, realizada en Punta Cana, República Dominicana.
El año 2025 ha sido “uno de los peores” en las últimas décadas para la libertad de prensa en el Perú, según alertó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe final presentado este domingo, al término de la 81.ª Asamblea General del organismo, realizada en Punta Cana, República Dominicana.
El documento denunció el asesinato de los periodistas Gastón Medina, ocurrido en enero en la ciudad de Ica, y Raúl Celis, asesinado en mayo en Iquitos, además de múltiples amenazas, agresiones físicas y hostigamientos contra reporteros en distintas regiones del país.
La SIP indicó que, durante este año, el Ejecutivo fue la institución que más asedió y restringió el trabajo periodístico, señalando el silencio de la expresidenta Dina Boluarte ante los medios, el rechazo a solicitudes de información pública y el retorno al gabinete del abogado Juan José Santiváñez, quien “constantemente hostigó a los periodistas”.
Ejecutivo y Congreso entre los principales responsables del asedio a la prensa en 2025. (Foto: Andina)
Asimismo, el informe cuestionó al Congreso de la República por su intento de aprobar leyes restrictivas, como la llamada “Ley Mordaza”, que busca endurecer las penas por difamación, y por promover normas orientadas a controlar los contenidos de los medios de comunicación.
El organismo también alertó sobre la ley de amnistía aprobada este año, que podría beneficiar a responsables de violaciones a los derechos humanos y a condenados por el asesinato de periodistas, como en el caso de Hugo Bustíos.
Entre otras preocupaciones, la SIP denunció que la Policía Nacional declaró “reservada” por cinco años la información de denuncias en su base de datos y que el Ministerio Público mantuvo su política de requerir a periodistas revelar sus fuentes, además de abrir investigaciones por supuesta asociación criminal.
La entidad mencionó además que 16 periodistas resultaron heridos o fueron hostigados durante la cobertura de las protestas registradas en septiembre, y citó declaraciones del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien dijo públicamente que “hay que cargarse a Gorriti”, en referencia al periodista Gustavo Gorriti, lo que la SIP calificó como una incitación al asesinato.
“La situación del periodismo en el Perú evidencia un deterioro acelerado de las garantías democráticas”, advirtió la organización, que exhortó a las autoridades a garantizar el libre ejercicio del periodismo y proteger a quienes cumplen su labor informativa.
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