El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, presentó al presidente del Congreso de la República un proyecto de ley que regula la aprobación de feriados nacionales y días no laborables. El funcionario explicó que la iniciativa tiene como finalidad fortalecer la atención del servicio público a la ciudadanía, la productividad y competitividad del país.
Se conoció que el proyecto se centra en los efectos negativos que produce la aprobación de feriados y días no laborables para la productividad de las entidades. Actualmente, Perú se encuentra en el ranking de los países con el mayor número de días de descansos remunerados en Sudamérica.
Al respecto, el titular de la Defensoría del Pueblo recordó que en el 2020 se contaba con 12 feriados no laborables declarados por ley; no obstante, en los últimos años se aprobaron 4 nuevas festividades no laborables, por lo que ahora suman 16 días de descanso remunerado para trabajadores del sector público y privado.
“Esta situación convierte al Perú en un país menos atractivo para las inversiones debido a los costos que se debe asumir para pagar una contraprestación sin recibir un trabajo a cambio. También debe pagarse una triple remuneración al trabajador si se necesita que la actividad de su empresa no paralice”, expresó.
Asimismo, la institución recordó que el Ejecutivo aprobó los denominados feriados compensables, que se establecen en las fechas seguidas a los feriados no laborales. El año pasado, por ejemplo, se declararon 7 y, posteriormente, se agregaron para Lima y Callao 3 más por la realización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico – APEC, sumando en total 10 feriados compensables.
La Defensoría del Pueblo hizo hincapié en un reporte del Banco Central de Reserva, que señala que el incremento de los feriados podría tener efectos diferenciados, y en algunos casos no deseados, sobre las actividades económicas, además de elevar los costos laborales, afectando la contratación formal con un impacto susceptible en los sectores no primarios.
Otro impacto significativo sustentado en esta iniciativa es que los feriados para el sector público generan consecuencias negativas para los ciudadanos debido a que la disminución de horas de atención al público frustra las gestiones que las personas quieren realizar en torno a sus derechos civiles, sociales y económicos.
Por estos motivos, el proyecto de ley establece la obligación de realizar una evaluación técnica, económica y social previa a la aprobación de feriados nacionales y no laborables para evaluar sus efectos a corto y largo plazo.
