El Poder Ejecutivo observó la cuestionada ley aprobada por el Congreso de la República que modifica el Decreto Legislativo 1100, que regula la interdicción de la minería ilegal y afecta la lucha contra este flagelo.
A través de un oficio enviado por la presidenta Dina Boluarte y el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, al titular del Parlamento, José Williams (Avanza País), se precisan las causas para dicha decisión.
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Asimismo, refiere que el carácter reservado y confidencial de las operaciones policiales y de la Dirección General de Capitanía y Guardacostas (DICAPI) puede verse afectado por la obligación de coordinar con las autoridades regionales para gestionar el retiro de las maquinarias y/o equipos de la zona de intervención.
También señala que la autógrafa de ley “afecta la capacidad operativa” de la Policía Nacional (PNP) y de la DICAPI, demandando mayores recursos humanos y logísticos para la custodia temporal de los bienes, hasta la respuesta de las autoridades regionales, lo cual implicaría un mayor riesgo para el personal involucrado en la operación.
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“En tal sentido, coordinar con las autoridades regionales implicaría una demora en la ejecución de las operaciones policiales y de DICAPI que puede afectar sus acciones en la lucha contra la minería ilegal”, señalaron.
“En vista de todo lo anterior, se sugiere un texto alternativo eliminando la modificación al numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1100″, agregaron la mandataria y el primer ministro en el documento enviado al Parlamento.
Como se recuerda, la autógrafa de ley planteada inicialmente por Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso (APP), busca modificar el artículo 7 del decreto legislativo 1100 para impedir que la maquinaria, bienes e insumos incautados en operaciones contra la minería ilegal sean destruidos.
En cambio, señala que el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) asigne de forma temporal, en custodia o de forma definitiva todos los bienes decomisados y que solo sean destruidos los materiales que no puedan ser incautados.
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Cabe indicar que la autógrafa de ley fue aprobada por el pleno del Congreso el pasado jueves 25 de mayo a pesar de haber sido observada por tres ministerios.
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