Rutas de Lima insiste en pedido a la MML para concretar el traspaso operativo de la concesión

Rutas de Lima (RDL) informó que este miércoles, a las 11:59 p. m., dejará oficialmente de operar la concesión vial debido a que, según sostiene, se encuentra imposibilitada de continuar con sus funciones por decisiones adoptadas por diversas entidades del Estado. La empresa reiteró que esta situación no implica un abandono de sus obligaciones, sino una consecuencia directa de acciones públicas y reiteradas —incluidas las de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML)— que, afirma, la han privado de todas sus fuentes de ingreso.

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En un comunicado difundido este miércoles, la concesionaria explicó que, si bien en los últimos días se han sostenido reuniones técnicas con la MML para abordar temas operativos, aún no se han concretado coordinaciones específicas sobre la transferencia integral de las operaciones, un paso que consideran indispensable para garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de los usuarios.

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RDL remarcó que la Municipalidad aún no ha respondido a la convocatoria realizada para llevar a cabo dicho proceso de traspaso. La empresa señaló que la principal preocupación es salvaguardar la seguridad en puntos críticos de la infraestructura concesionada, entre ellos el Túnel Benavides, ubicado en el kilómetro 7+600 de la Panamericana Sur, en Santiago de Surco.

Según detalló la concesionaria, esta estructura requiere una operación permanente de sistemas tecnológicos como sensores de movimiento, temperatura y calidad del aire, que se supervisan desde un Centro de Control especializado. En caso la MML no acuda a recibir formalmente este centro en las próximas horas, RDL advirtió que se verá obligada a clausurar el acceso al túnel antes del fin de la concesión, a fin de evitar riesgos a los usuarios.

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“Esta decisión se adoptaría exclusivamente para preservar la seguridad de quienes transitan por la vía”, señaló la compañía.

Rutas de Lima insistió en que su salida responde a una imposibilidad operativa generada por decisiones del Estado peruano y que todo lo señalado en su comunicado no constituye una renuncia de derechos.

Tanto la empresa como sus accionistas aseguraron que se reservan el derecho de iniciar las acciones que consideren pertinentes frente a los actos de las entidades públicas involucradas.

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