Los rostros del Congreso a favor de ampliar permiso a todas las combis hasta el 2030 | #NoTePases

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Minutos después de publicarse esta nota, se supo que el congresista Marcos Pichilingue (Fuerza Popular) retiró su proyecto. Sin embargo, todavía sigue vigente el de su colega Luis Carlos Simeón, que busca extender por 10 años los permisos a las combis de Lima y Callao.

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Todas las empresas de transporte público de Lima y Callao, incluyendo las que arrastran millonarias deudas por papeletas, podrían seguir circulando por las pistas hasta por una década más. Dos recientes proyectos de ley proponen ampliar automáticamente las autorizaciones a todas las rutas de las combis, buses y coasters, a partir del 1 de noviembre: uno por 10 años y otro por 6 años. Hoy se debaten en comisión de transportes a partir de las 2 p.m.

Los proyectos de ley fueron presentados por congresistas de los partidos Acción Popular y Fuerza Popular que pertenecen a la Comisión de Transporte del Congreso de la República (uno de ellos como accesitario de la comisión).

El legislador que propone extender los permisos a combis y coasters por 6 años es Marcos Antonio Pichilingue Gómez (Fuerza Popular). Este parlamentario afirma ser “conocedor del sector transporte”, pero a la vez tiene un récord en el SAT de 17 papeletas, entre graves y muy graves, incluso hasta por realizar el servicio de taxi sin autorización. Años atrás se desempeñó como empresario transportista en el Callao. Según registros públicos, estuvo a cargo de la empresa Puerto Chico E.I.RL. hasta que fue retirada de la ruta de la avenida Javier Prado junto con las unidades de la empresa Consorcio Grupo Orión, como parte del ordenamiento del transporte en ese eje vial.

A pesar de ello, Pichilingue nunca se alejó del sector. Actualmente integra la Comisión de Transportes del Congreso y se manifiesta en contra de la reforma que realiza la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Presentó el 13 de agosto un proyecto de ley que propone modificar la norma que creó a esta entidad, argumentando que no ha cumplido con su rol de reordenar las rutas del transporte. También plantea que al consejo directivo de la entidad se sumen dos representantes de su gremio. Dice que es necesario “fortalecer al empresario” transportista dándole ese tiempo. “¿Para qué sirven esos seis años de plazo? Para que se puedan prestar dinero. Si tienes un permiso de seis meses o un año, no te sirve”, dijo el congresista a El Comercio.

La ATU informó a El Comercio que, en los últimos meses, sí se han estado ejecutando avances en la reforma del transporte, como la absorción de funciones de las 43 municipalidades que antes controlaban el sector y la fusión de las competencias del Metropolitano, los corredores complementarios y el Metro de Lima, con el fin de gestionar el transporte bajo una sola entidad. Este organismo sostuvo que se han estado realizando ampliaciones breves a las autorizaciones de las empresas de transporte público (combis, buses, coasters), a medida que se reordenan las rutas y adaptan al sistema formal.

El otro proyecto, de Acción Popular, propone extender las autorizaciones por 10 años. El legislador que lo impulsa es el propio presidente de la Comisión de Transporte del Congreso, Luis Carlos Simeón Hurtado. Él también estuvo a favor de la legalización del taxi colectivo en mayo del 2020, cuando fue debatida en el pleno, y logró su aprobación en todo el país (excepto en Lima y Callao), a pesar de que estos vehículos son focos de contagio y constituyen un servicio que ha causado una gran cantidad de siniestros.

Las deudas en papeletas que registran las combis y buses son cuantiosas. Solo las 20 empresas de transporte que más multas han recibido arrastran hasta la fecha un monto a pagar mayor a S/70 millones por cometer diversas infracciones al volante: circular sin autorización, recoger pasajeros en lugares indebidos o prestar el servicio sin SOAT o sin revisión técnica. Entre las diez empresas más deudoras hay un monto sin pagar de más de S/45 millones por un total de 10.819 infracciones.

Neutro y retroceso

Se informó que hoy a las 2 p.m. se debatirá el proyecto de Fuerza Popular. Sin embargo, anoche trascendió que ambas iniciativas se terminarían integrando como una sola para ser debatida, al tener objetivos similares.

Aprobarlas significaría prolongar el sistema bajo el que opera el transporte actualmente, donde no existen vínculos formales entre chofer, dueño del vehículo, empresa de transporte y titular de la ruta, lo que hace que los buses de una misma empresa compitan entre sí para ganar pasajeros, poniendo en riesgo la seguridad vial.

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Actualmente los buses en Lima y Callao operan bajo el régimen comisionista-afiliador, en el que una sola persona es titular de una ruta, pero al no tener unidades propias ni solvencia económica convoca a cualquier dueño de bus y choferes sin filtros, a través de letreros como: “Se reciben unidades”.

Este régimen hace que los buses de una misma flota se correteen entre sí, generando desorden en las calles y una larga lista de accidentes de tránsito. También existen rutas autorizadas por el Callao que son desconocidas por Lima, y viceversa, lo que genera caos, pues ambas ciudades comparten tramos.

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La ATU actualmente es el organismo técnico facultado para reordenar las rutas del transporte público y promover un sistema de transporte integrado, a través de licitaciones de rutas, con flotas de buses en buen estado y choferes en planilla, con el objetivo de asegurar la frecuencia de las unidades sin poner en riesgo a los ciudadanos. También tiene el objetivo de crear una sola tarjeta para todo el sistema integrado. Esta institución ha venido prolongando las autorizaciones de los buses por períodos breves necesarios para que estas empresas se vayan adaptando al nuevo sistema formal y busquen renovar sus flotas.

Según informó María Jara, presidenta de la ATU, las nuevas licitaciones del paquete de rutas de transporte están camino a implementarse. Esta institución explicó a El Comercio que cualquiera de estos proyectos de ley desmantelaría el trabajo que se está realizando.

A favor

Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano y empresario transportista, dice que esta iniciativa de ley le dará a sus colegas la “estabilidad jurídica” que necesitan para conseguir un crédito y puedan renovar su flota y capacitar a su personal. “No pedimos que se amplíe para seguir haciendo lo mismo. Lo que estamos pidiendo es una autorización para que se nos brinde una herramienta para poder desarrollarnos mediante un plan de acciones”, dijo Pareja a este Diario.

Pareja dice que “en gran parte” su gremio ha contribuido en que se materialice la propuesta. Como ejemplo, indica que se ha reunido en distintas ocasiones con el presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, Luis Carlos Simeón, y con congresistas de ese grupo de trabajo, para darles a conocer sus puntos de vista. También ha enviado cartas a la ATU. “Ellos han manifestado su voluntad de poder contribuir a que se haga justicia”, dice Pareja.

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