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Trabajadores de construcción en un edificio en el centro de Austin, Texas (EE.UU.). Foto: EFE/Adam David
Por Agencia EFE
El Gobierno de Trump redujo de cinco años a 18 meses la vigencia de los permisos de trabajo para cientos de miles de inmigrantes en Estados Unidos, incluyendo a quienes han solicitado asilo u otros programas humanitarios como DACA para jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños.
El Gobierno de Trump redujo de cinco años a 18 meses la vigencia de los permisos de trabajo para cientos de miles de inmigrantes en Estados Unidos, incluyendo a quienes han solicitado asilo u otros programas humanitarios como DACA para jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños.
Una actualización sobre los permisos de trabajo (EAD, en inglés) realizada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés) el 4 de diciembre detalla que la medida aplica tanto a renovaciones como a nuevas solicitudes.
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La norma, vigente a partir del jueves, permite al Gobierno de EE.UU. revisiones más frecuentes de la elegibilidad de los migrantes.
La agencia federal detalla que los solicitantes deberán presentar sus renovaciones con suficiente antelación para evitar interrupciones en la autorización de empleo, aunque los permisos emitidos antes del 4 de diciembre mantendrán su vigencia original hasta su expiración.
Entre los grupos afectados se encuentran los solicitantes de asilo, los beneficiarios de la Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA), los refugiados, las personas bajo Estatus de Protección Temporal (TPS) y otras categorías humanitarias reconocidas por USCIS.
Fotografía de archivo de agentes de la policía del Departamento de Seguridad Nacional vigilando el puerto de entrada internacional en El Paso, Texas, EE.UU. Foto: EFE/EPA/IVAN PIERRE AGUIRRE
La norma afecta a personas con orden de suspensión de deportación, a personas con solicitudes pendientes de asilo, a solicitantes con petición pendiente de ajuste de estatus (ajuste de residencia) y a personas con solicitudes pendientes bajo programas humanitarios especiales, como la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroamericano (NACARA), entre otros.
Con esta medida, el Gobierno estadounidense busca fortalecer la supervisión y la actualización de los datos de los inmigrantes que trabajan legalmente mientras sus casos son revisados, al tiempo que asegura la continuidad del empleo dentro del marco legal vigente.
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