¿Cómo llegó a su fin la crisis que hizo temer que el presidente electo de Guatemala no asumiera el poder?

A un mes del cambio de mando en Guatemala, todo parece indicar que el presidente electo Bernardo Arévalo podrá, finalmente, empezar a concentrarse en sus planes de inicio de gobierno. Las dudas sobre si el flamante mandatario socialdemócrata iba a llegar a asumir el poder llegaron este jueves 14 supuestamente a su fin cuando la máxima corte del país ordenó garantizar su juramentación pese a los deseos de la Fiscalía General de la Nación.

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Arévalo ganó con holgura la segunda vuelta presidencial en Guatemala el pasado 20 de agosto, pero el proceso electoral se vio amenazado por una polémica ofensiva judicial que buscaba anular los comicios y sumió al país en una crisis política e institucional.

Las hostilidades del Ministerio Público contra Arévalo, su candidatura y su partido Semilla crecieron desde que este sociólogo de 65 años pasó en junio a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La Fiscalía buscó cancelar su partido, pidió que se le despojara su inmunidad y acusó de anomalías al tribunal electoral.

El asedio judicial tuvo su momento más crítico el 8 de diciembre, cuando fiscales del Ministerio Público dijeron que los comicios deberían ser anulados.

El presidente electo denunció que se estaba impulsando un “golpe de Estado” en su contra junto con “otros actores corruptos” para evitar que asuma el cargo el próximo 14 de enero del 2024, como está previsto.

Las acciones de la fiscalía también fueron rechazadas en las calles de Guatemala, donde las manifestaciones han crecido a lo largo de varias semanas.

Sin embargo, este jueves la Corte de Constitucionalidad ordenó que se garantice la transición de todos los funcionarios electos, al acoger un recurso de amparo contra las maniobras de la fiscalía destinadas a impedir que asuma el poder.

La máxima instancia judicial del país decidió “conminar al Congreso [...] garantizar la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso electoral 2023, conforme los Derechos de oficialización y validación de resultados”, según indicó en un comunicado, tras acoger el recurso presentado en octubre por un grupo de abogados y ciudadanos para despejar de obstáculos judiciales el ascenso de Arévalo al poder.

En una investigación publicada el viernes y entregada el lunes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la fiscalía afirmó que los comicios debían anularse por irregularidades halladas en la investigación de las actas del conteo de votos.

El Ministerio Público dijo además que “el 32% de los afiliados” cuyos nombres se usaron en el 2018 para crear el partido Semilla “son falsos” y que éste no registró algunos fondos de financiamiento electoral, por lo que acusó a Arévalo de “posible” lavado de dinero.

Arévalo, quien rompe el continuismo de décadas de partidos conservadores al que pertenece el presidente Alejandro Giammattei, denunció que la acción de la Fiscalía buscaba evitar que asuma el mando por su promesa de combatir la corrupción.

De hecho, la fiscal general Consuelo Porras está sancionada por Estados Unidos por considerarla “antidemocrática” y “corrupta” pues en su gestión se exiliaron fiscales y jueces que denunciaron actos de corrupción. Pese a ello, la funcionaria es respaldada por Giammattei.

El TSE había adelantado el viernes que los resultados electorales eran “inalterables”, pero los expertos coinciden en que la pugna continuará incluso después de que Arévalo asuma el poder.

Blanca Alfaro, presidenta del TSE, había dicho que en la nota del Ministerio Público no se hizo ninguna petición en concreto, ya que esta dice “para lo que considere conveniente”, por lo que a juicio de la magistrada “la fiscalía no nos pide absolutamente nada”.

Sin embargo, el Tribunal dijo que iba a analizar los documentos enviados por el Ministerio Público.

El diario “La Prensa” planteaba que había al menos dos escenarios para definir el rumbo del proceso de transición. “La primera es que el TSE rechace los señalamientos del supuesto fraude presentado por el Ministerio Público, defendiendo así los resultados electorales. La segunda podría ser una respuesta favorable al Ministerio Público, y el TSE reconozca los indicios presentados por la Fiscalía”.

Cualquiera de estas opciones, a criterio de expertos consultados por “La Prensa”, se encaminaba a la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial del país, que, finalmente, llegó a su conclusión el jueves.

La comunidad internacional respondió a la crisis denunciando la judicialización del proceso electoral en Guatemala y pidió a las autoridades pertinentes que garanticen que Arévalo asumirá la presidencia de forma ordenada y democrática.

Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA y la ONU condenaron lo que consideraron un intento de ruptura del orden constitucional y han criticado reiteradamente las maniobras de la Fiscalía guatemalteca contra Arévalo.

Washington incluso sancionó con restricciones de visado a 300 guatemaltecos por tratar de “socavar” la democracia, mientras que la OEA aplicó un artículo de la Carta Democrática Interamericana que permite pedir a Guatemala su “consentimiento” para recibir una visita de buenos oficios.

Este jueves, los diputados del Parlamento Europeo aprobaron una resolución no vinculante que pide la adopción de sanciones contra los responsables por “la tentativa de golpe de Estado” en Guatemala.

La mayoría de reacciones pide medidas restrictivas contra Porras, así como el secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávila, entre otras personas.

Giammattei respondió el miércoles asegurando que nada impide que Arévalo asuma el poder en enero y criticó a funcionarios estadounidenses, a los que acusó de “injerencia”.