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“Historia de la corrupción en el Perú” es el título del libro del historiador peruano Alfonso Quiroz, muy citado por estos años en el país, sobre todo desde el desencadenamiento del Caso Lava Jato en el Perú. El libro fue terminado en el 2008 y el historiador falleció en el 2013, antes de que estallara el famoso caso en diciembre del 2016.
El estudio abarca siete períodos históricos: desde 1750 hasta el 2000. Además de llegar a establecer los casos de corrupción más notables en la historia de la República, destaca la intención del autor de estimar los costos históricos que este fenómeno ha tenido para el país. Allí es donde, lamentablemente, el libro tiene su parte más débil, que el mismo autor reconoce como preliminar.
El autor suma cinco categorías de costos de la corrupción para gran parte del período de estudio: malos manejos de deuda pública, corrupción de caudillos, sobornos de contratos, pérdida de rentas por contrabando y pérdida indirecta de inversión extranjera por el clima de corrupción. Los primeros cuatro están vinculados a las finanzas públicas: endeudamiento, gastos corrientes, de capital y evasión de impuestos. El quinto tiene que ver con la inversión extranjera que nunca se realizó por la existencia de la corrupción (un cálculo casi imposible). El punto débil es que este sumando representa entre el 30% y el 50% de los costos totales de la corrupción en los períodos analizados desde 1820. Además, se agrega al narcotráfico en la categoría de contrabando.
Los futuros investigadores están llamados a completar y a perfeccionar este importante esfuerzo, en conjunto tal vez con expertos en finanzas públicas. Faltaría, además, un nuevo capítulo sobre el Caso Lava Jato y todos los gobiernos desde el 2000, así como la irrupción de los gobiernos regionales y municipales, a partir de los recursos del canon.
El presidente Martín Vizcarra maneja un poderoso discurso anticorrupción. La mayor parte de los delitos de corrupción, en número y volumen, han provenido del Poder Ejecutivo.
La corrupción es un comportamiento enraizado y extendido en el sector público. Los recursos económicos son transferidos desde fondos públicos hacia empresas privadas/personas particulares con la participación de burócratas corruptos o desde usuarios de servicios públicos hacia burócratas corruptos.
Los actos de corrupción son realizados por miles de personas, son conductas repetidas y, en general, quedan impunes, salvo algunas excepciones.
En esta especie de equilibrio entran los beneficios y costos esperados de la corrupción, y se toma en cuenta el riesgo de detección y sanción. Si los beneficios esperados netos son positivos, los actos de corrupción se mantienen. Si se hacen nulos, se espera que solo sean cometidos por amantes del riesgo o agentes que sufren miopía intertemporal.
Existen decenas de alcaldes y gobernadores regionales encontrados en actos de corrupción que están en las cárceles del país pagando sus penas. Y, sin embargo, los actos de corrupción siguen ocurriendo. Tal vez porque el costo de oportunidad de estar en la cárcel 5 o 10 años es menor a los millones de soles acumulados ilícitamente. De allí la importancia de la efectividad de la llamada ley de pérdida de dominio.
Se necesitan buenos diagnósticos cualitativos y cuantitativos para proceder con el diseño y ejecución de un conjunto de políticas más potentes que las actuales. Alterar el equilibrio actual requiere poder y estrategia. No sabemos si la corrupción ha aumentado o disminuido en términos relativos, digamos, al presupuesto público. Podemos intuir que avanzamos en la lucha contra la corrupción. Pero la intuición puede estar lejos de la verdad si no generamos un conjunto de indicadores confiables sobre su evolución.
El camino es largo y difícil para comenzar a ganar la guerra contra la corrupción. Al cambiar las normas de control interno, la corrupción encuentra nuevos caminos. La corrupción muta, se adapta.
La tecnología y la prensa libre son armas potentes para enfrentar la corrupción. Hace falta completar el círculo con una combinación de penas y multas efectivas y tal vez ir construyendo más cárceles para penas menores a cuatro años.
La corrupción, además de ser un delito, corroe la credibilidad del ciudadano en la democracia y en la República misma.
