Norma Correa Aste

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó las cifras oficiales de del 2021, basadas en la Encuesta Nacional de Hogares. La tasa de pobreza monetaria se redujo al 25,9% (del 30,1% del 2020), pero aún no alcanzamos el nivel prepandemia (20,2% en el 2019). Como consecuencia, aproximadamente 8,5 millones de peruanos se encuentran en situación de pobreza. La medición del INEI se basa en una línea de pobreza calculada sobre el costo de una canasta básica de consumo per cápita. Por ejemplo, una familia de cuatro miembros es considerada pobre si su consumo es menor a los S/1.512 mensuales, una cifra que se reduce a los S/804 mensuales para los casos de pobreza extrema.

Durante este milenio, el Perú logró importantes avances en la reducción de la pobreza: pasamos de tasas de pobreza por encima del 55% en el primer lustro del 2000 a tasas de alrededor del 20-21% a fines de la década pasada como resultado del crecimiento , el aumento de la inversión pública y privada, la generación de empleo y la contribución de programas sociales dirigidos a los sectores más pobres. El choque generado por la pandemia tuvo como consecuencia el retroceso de una década en los avances en reducción de la pobreza y volvió a colocar al hambre como un problema central para el país. En dos décadas, experimentamos la expansión de las clases medias, pero también la precariedad de la salida de la pobreza en amplios sectores. Por ejemplo, al 2021, el 34,6% de la población peruana se encuentra en situación de vulnerabilidad monetaria; es decir, no son pobres (bajo la definición antes presentada), pero están en riesgo de caer en pobreza de darse cambios en su situación económica (como la pérdida del empleo, el incremento de costo de vida, etc.).

Destaquemos tres implicancias de políticas públicas. Primero, si bien en estas dos décadas el Estado ha priorizado la lucha contra la pobreza rural y cuenta con capacidad instalada a nivel de programas, los instrumentos existentes no son suficientes para responder a dos problemas: los impactos de la crisis internacional en la agricultura familiar, que repercute negativamente en las condiciones de vida de los hogares rurales y en la sostenibilidad de las cadenas alimentarias, y la persistencia de trampas de pobreza a nivel territorial; por ejemplo, en regiones como Cajamarca, Loreto, Puno, entre otras. ¿De qué manera las propuestas del Ejecutivo –como la anunciada “segunda reforma agraria”– generan soluciones concretas para esta problemática?

Segundo, se requieren soluciones para la pobreza urbana, un vacío recurrente en la política social peruana para la que, más allá de bonos puntuales, las respuestas más efectivas pasan por el acceso a empleo y a crédito, la atención de emergencia alimentaria, etc. Frente a este reto, urgen soluciones conjuntas entre sectores productivos y sociales, así como un rol más activo de municipios y gobiernos locales (lo que esperemos sea atendido con propuestas viables en la próxima campaña electoral).

Tercero, los niños y adolescentes (de cero a 17 años) son el grupo poblacional más afectado por la pobreza (35,4%). Este es uno de los resultados más alarmantes, tanto por las consecuencias negativas en el desarrollo infantil temprano (desnutrición y anemia) como por los impactos del prolongado cierre de escuelas en el Perú en la pérdida de aprendizajes, deserción escolar y desarrollo de habilidades. No responder oportunamente a esta problemática terminará perpetuando círculos de pobreza y exclusión.

Recuperar la senda de reducción de la pobreza debe ser una prioridad nacional. Avanzar en esta ruta requiere liderazgo político, claridad programática, recuperar el clima de inversiones (clave para la generación de empleo), una ruta de mejora concreta para servicios públicos (en sectores como Salud, Educación, etc.) e innovaciones en programas sociales y productivos. Más allá de anuncios grandilocuentes desde los actores políticos, es momento del aterrizaje programático con sentido de urgencia: prioridades, medidas, plazos, financiamiento y cero tolerancia al uso clientelar de la asistencia social. Es alarmante que el Gobierno no haya presentado propuestas concretas para responder a estos retos claramente identificados desde la campaña electoral.

Norma Correa Aste Profesora e investigadora en la Pontificia Universidad Católica del Perú

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