Petro-Perú no ha dejado de ser noticia últimamente, tratando de inyectarse en los pozos petroleros que tres contratistas están a punto de dejar y rogándole al Gobierno que la saque de otro pozo, el financiero, en el que se encuentra atrapada. Todo parecía estar saliendo bien para la empresa hasta que el domingo el primer ministro Alberto Otárola salió en televisión. Primero, sin mucha firmeza que digamos, comentó que no estaba de acuerdo con que se le entregaran los lotes petroleros I, VI y Z-69 sin licitación; y luego, que no se le dará los más de S/11.000 millones que ha pedido, entre aportes de capital, préstamos y garantías.
El lunes, Perú-Petro, la entidad que negocia y suscribe los contratos petroleros en nombre del Estado, comenzó a retroceder en su decisión de entregarle esos tres lotes a Petro-Perú. El martes, el ministro de Energía y Minas, un funcionario con licencia de la empresa, anunció que se van a licitar, pero que hasta que eso ocurra, los lotes serán “encargados” a Petro-Perú. Un encargo que, con toda seguridad, resultará viscoso y, así fluya, ineficiente, pues habría que transferir primero la administración de los lotes de los contratistas a Petro-Perú y luego de Petro-Perú a los ganadores de las licitaciones. Más racional parecería mantener a los actuales contratistas hasta que se elija a los nuevos.
El problema no es si Petro-Perú tiene o no el personal calificado para operar los lotes. Siempre lo podría contratar. El problema es que no está en una situación financiera como para hacer las inversiones que constantemente hay que hacer en el negocio petrolero para sostener la producción de los pozos, que por razones físicas o geológicas tiende a declinar con el paso del tiempo. Esas inversiones, naturalmente, deben recuperarse con la venta del petróleo que se extrae, pero en el caso de Petro-Perú es una incógnita, porque no está en ese negocio, si su costo de extracción le dejará un margen suficiente para recuperarlas.
Lo que sabemos es que sus operaciones en los negocios en los que sí está, la refinación y la comercialización de derivados del petróleo, no le dejan ningún margen. El año pasado tuvo una pérdida operativa de US$208 millones. La utilidad operativa es, como su nombre lo indica, la ganancia que dejan las operaciones, que es de donde sale la plata para pagar, entre otras cosas, los intereses de la deuda. Petro-Perú no tuvo una utilidad operativa sino, más bien, una pérdida operativa. Quiere decir que no tenía cómo pagar los US$155 millones de intereses que debía, salvo que se endeudara más, como en efecto hizo. Además, tenía otros US$500 millones congelados en inventarios que no vendía y ventas que no cobraba. Eso explica que necesitará un salvavidas del Gobierno para seguir a flote. La situación no parece haber cambiado en lo que va del año.
No hay, pues, momento menos oportuno para que Petro-Perú se haga cargo de los lotes y regrese al negocio de extracción. Primero, debería abandonar la comercialización de productos que muy probablemente le estén dejando pérdidas. No hay ningún riesgo de desabastecimiento del mercado nacional, como clama la empresa. El sector privado llenará inmediatamente ese vacío.
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