Salvar vidas y empleos (II), por Elmer Cuba

En el 2020, el mandato universal de casi todos los gobiernos ha sido salvar vidas y salvar empleos en sus respectivos países. Más precisamente, minimizar el número de fallecidos con la menor pérdida de empleos.

Uno podría hacer un ránking de los países que mejor vienen manejando estas políticas ante esta penosa pandemia. Pero ese balance es aún prematuro y se hará cuando la pandemia haya terminado. Sin embargo, lamentablemente nuestro país es un candidato fuerte para estar en ese podio del fracaso.

Para alcanzar el primer objetivo, los países diseñaron confinamientos obligatorios para la población, lo que implicaba también un cierre temporal de las actividades económicas. Es decir, decidieron tener recesiones inducidas. Por eso, esta recesión mundial ya se conoce como la recesión del “gran confinamiento”. Es relativamente fácil prohibir la producción y el trabajo en los sectores formales por algún tiempo.

Por el lado sanitario, los países hasta ahora más exitosos han recurrido a pruebas moleculares masivas, rastreo de contactos y aislamiento de personas contagiadas. Han podido reforzar sus sistemas públicos de salud, con camas y camas UCI, han reclutado personal y han estado en capacidad de brindar algo tan elemental como el oxígeno. Al mismo tiempo, han entregado bonos a las familias más vulnerables para que puedan soportar mejor las cuarentenas obligatorias. Este tipo de bonos condicionados hacen más efectivo el confinamiento. Es decir, estos bonos son parte de la política de salud. No son para la reactivación económica. No sustituyen el trabajo no realizado durante la cuarentena. Sirven de soporte para las familias que no pueden trabajar.

En un segundo momento, para que la actividad económica genere los menores contagios posibles, los países han dispuesto protocolos en las empresas y en el transporte público.

Por el lado de la protección de empleos, los países con mercados laborales más flexibles vienen mostrando mejores resultados. Permitir temporalmente menores salarios para defender los empleos es lo más eficiente y efectivo. Para que las firmas puedan enfrentar la pérdida de ventas por el confinamiento, se entregaron créditos para el capital de trabajo y, en un segundo momento, se diseñaron políticas fiscales expansivas.

Cualquier error en el primer objetivo causaría nuevas cuarentenas y más costos en empleos. Al principio, menores empleos salvan vidas, pero ningún país puede dejar de trabajar por mucho tiempo. Mucho menos los emergentes.

El Perú –como casi todos los países– ha hecho a su manera un poco de cada política mencionada. Pero tenía tres hándicaps: la elevada informalidad laboral –incluyendo a los independientes–, la pobre infraestructura de salud pública y un Estado con una gestión pública deficiente. Muchos intuíamos esto último, pero lo comprobamos –sin velos– en escenas casi cotidianas durante esta emergencia.

Algunos se han admirado por la pronunciada caída de la actividad económica en el segundo trimestre del año. Pero ese resultado, uno de los más bajos del mundo (-30%), es exactamente lo que las autoridades buscaban. La recesión fue una decisión política, para usar ese tiempo valioso en mejorar las capacidades del sistema de salud. Aunque quizás en el Ejecutivo no fueron del todo conscientes de que la recesión inducida terminaría costando menores ingresos fiscales del orden de S/42.000 millones en el año.

Lamentablemente, las autoridades no pudieron cumplir con la otra parte de la estrategia: la sanitaria. Los errores en la lucha contra los contagios y temas sanitarios ya han sido explicados por los expertos y neoexpertos en epidemias y gestión pública de la salud. El pecado original fue no contar con suficientes pruebas moleculares. Que no se podían importar a fines de marzo es posible. Pero sí en abril, mayo, junio o julio. Hasta hoy, el 85% de las pruebas siguen siendo serológicas. Se ha anunciado que desde setiembre se irá cambiando la composición de las pruebas.

Mientras tanto, las elecciones del nuevo Congreso realizadas en enero habían cambiado la configuración del poder. Una vez electa, la nueva representación nacional parecía inofensiva. Sin embargo, bajo la sombra de la pandemia, ha comenzado a socavar con mucho esmero las bases de una de las economías más sólidas de la región. El Congreso ha tomado de rehén a la política económica; algo para lo que no fue electo.

La caída del PBI en el tercer trimestre del año sería del 7%. Esto es también fruto de la decisión de ir saliendo del confinamiento económico en las llamadas fases de “reactivación”. Así, en agosto ya estaría casi completada la fase 3. Sin embargo, ha sido tan fuerte la caída que ha dejado mucha debilidad empresarial. En este punto, el programa Reactiva Perú ha sido la política más significativa para evitar el corte de la cadena de pagos.

A estas alturas, aún se pueden mejorar las políticas de salud y económicas, mientras esperamos la vacunación masiva hacia mediados del próximo año. En el 2021 no habría cuarentenas. Ese simple hecho provocará un fuerte rebote del PBI en el año del bicentenario, aunque para superar la producción del 2019 habría que esperar al 2022, dependiendo del ganador de las elecciones de abril del 2021.