Nueva crisis del sistema de justicia

Estamos ante una nueva y grave crisis en nuestro sistema de justicia. Recordemos que en julio del 2018 conocimos los indignantes audios en los que una red de jueces, fiscales, abogados y empresarios negociaba penas y acusaciones a cambio de “favores” diversos. Este escándalo de corrupción dio lugar a la formación de la Comisión Consultiva para la Reforma de la Justicia, sobre cuyas recomendaciones se realizó la reforma constitucional por medio de la que se desactivó el Consejo Nacional de la Magistratura y se creó la Junta Nacional de Justicia, con otra composición y mecanismo de elección, todo esto mediante el referéndum de diciembre del 2018.

Más adelante, el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, creado en mayo del 2019 siguiendo las recomendaciones de la comisión consultiva, e integrado por los titulares del Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, presentó en julio del 2021 el documento “Política pública de reforma del sistema de justicia”. Se trata del documento más reciente e integral para buscar orientación respecto de qué rumbo seguir en cuanto a la reforma del sistema de justicia, que cuenta con el interés adicional de haber sido producido por sus protagonistas. El documento presenta nueve objetivos prioritarios: la gobernanza de datos y la interoperabilidad del sistema de justicia; garantizar el acceso a la justicia a todos los ciudadanos; modernizar los procesos no penales; los procesos penales y el sistema penitenciario; fortalecer los recursos humanos de las instituciones del sistema; mejorar la formación y el ejercicio de la abogacía; fortalecer las políticas anticorrupción y el control disciplinario y ético; combatir la violencia contra la mujer; y fortalecer la predictibilidad de las decisiones judiciales.

Al revisar el documento, se constata que presenta recomendaciones que mantienen pertinencia y vigencia. El problema está en que, especialmente desde el 2021, a los viejos problemas del sistema de justicia se ha sumado uno más: su politización extrema. Esto no solo porque las decisiones de los protagonistas del sistema se toman, cada vez más, teniendo en consideración el contexto político y el impacto de las decisiones ante la opinión pública. Peor aún, actores políticos presionan abiertamente por medios diversos para incidir en decisiones judiciales que los involucran, vulnerando la independencia del sistema de justicia. Por ejemplo, decisiones legislativas que cambian los plazos de prescripción de delitos de corrupción, sanciones contra fiscales que toman decisiones propias de sus competencias o la formación de comisiones investigadoras y sancionadoras sobre decisiones de magistrados son muestras elocuentes de estos excesos. Todavía más, la defensa de intereses de procesados se disfraza de una lucha principista en contra de “mafias”. Así, se ha consolidado el discurso según el que existiría una “mafia caviar”, “coludida con la izquierda radical y otros sectores progresistas”, que le hacen el juego al “castrochavismo”, que debería ser erradicado. En nombre de esa supuesta cruzada se termina socavando avances en la lucha contra la corrupción.

¿Cómo salimos de esto? Considero que la única forma es redoblar la apuesta por el fortalecimiento institucional del sistema. Parte de esto es aceptar que es normal y hasta deseable que dentro de un sistema de justicia convivan posturas progresistas y conservadoras, lógicas activistas y otras más tradicionalistas, maneras diferentes de entender y aplicar el derecho. Pero en democracias consolidadas esas diferencias se fundan en posturas principistas y se fundamentan en la doctrina, y se intenta encontrar un camino consensuado que dé mínima previsibilidad a las decisiones. Lo que es fatal es descalificar posturas contrarias e intentar resolver en la arena política lo que se debe resolver por los propios canales institucionales del sistema. O, peor aún, que el debate sobre la reforma judicial termine expresando intereses de procesados.