Editorial: El sendero del Gabinete

Para el excanciller Héctor Béjar, Sendero Luminoso fue “en gran parte” producto de los servicios de inteligencia estadounidenses. No tenía pruebas para sostenerlo, y lo dijo sin empacho, pero estaba convencido de ello y también de que la Marina de Guerra inició el terrorismo en nuestro país. Por otro lado, para Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros –para más datos, investigado por apología del terrorismo y terrorismo–, la terrorista Edith Lagos fue “una verdadera revolucionaria”, “el poder se conquista a través de la violencia” y los senderistas son solo peruanos que “equivocadamente tomaron un camino”.

A lo anterior se añade todo lo que ahora se conoce sobre el titular de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, quien además de participar, antes de ser ministro, en una ceremonia con la facción del magisterio cuyos líderes pertenecen o tienen una abierta cercanía con el Movadef (el brazo político de Sendero Luminoso) y, ya en el cargo, con adherentes o integrantes de los sucesores de esta sanguinaria secta, aparece, a propósito de diversos atentados cometidos a inicios de la década de los 80 del siglo pasado por los acólitos de Abimael Guzmán, en atestados policiales junto a criminales como Arturo Morote Barrionuevo, hermano del infame Osmán, y la ya mencionada Edith Lagos. Una circunstancia que pinta tan mal que ni su propio compañero de Gabinete, el ministro de –paradójicamente– Defensa, Walter Ayala, pudo restarle gravedad (“acá cada uno se defiende”, dijo).

Para empezar, ninguna de estas personas debió siquiera llegar al Ejecutivo. Las heridas que dejó Sendero Luminoso en el país son demasiado dolorosas como para premiar con cargos públicos a quienes están dispuestos a ser indulgentes con sus crímenes (o hasta celebrarlos), ofrecerles coartadas y atenuantes o mantenerse cerca a quienes los reivindican. Ningún presidente que pretenda encarnar a la nación les debería de abrir las puertas, ni se diga ya convertir a uno de ellos en su mano derecha, como es el caso del ministro Bellido.

A estas alturas, solo cabe pensar dos cosas sobre el presidente Pedro Castillo, ninguna de las que –dicho sea de paso– lo deja bien librado. O el mandatario sabía sobre las pesadas mochilas que cargaban varios de los ministros a los que juramentó el pasado 29 de julio y, aun así, decidió consumar el despropósito de nombrarlos en su afán por provocar al Congreso, o ignoraba las sombras que se cernían sobre su equipo de Gobierno –una pésima señal para cualquier jefe de Estado, sin duda– y, una vez que las conoció por intermedio de la prensa, decidió que, salvo para el caso de Béjar, no eran lo suficientemente graves como para expulsarlas de su administración. Su silencio al respecto no ayuda a despejar las sospechas.

De cualquier manera, que el Gabinete tal y como está se presente mañana ante la representación nacional para solicitar la investidura será la prueba indudable de que el presidente ya no solo es consciente de las conductas y actitudes anteriormente descritas, sino que las comparte. El Consejo de Ministros, en fin, tiene que ser un reflejo del estilo que el gobernante quiere imprimirle a su gestión. Es, en pocas palabras, su carta de presentación. Y el actual lo muestra muy alejado de ser un mandatario interesado en los graves problemas que afectan al país.

En los últimos días, varias voces advirtieron sobre la inminencia de algunos cambios en el equipo ministerial, precisamente en las carteras que hoy están lideradas por personas cuestionables, incluida la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Esa posibilidad, sin embargo, se fue diluyendo con el paso de las horas y el propio Bellido, para más luces, ha señalado: “Mi persona va a estar el 26 [de agosto] definitivamente [en el hemiciclo] y los cambios [en el Gabinete] en cualquier momento se pueden dar”.

Lo mejor para el país, no obstante, es que Bellido deje la PCM y que el Gabinete se recomponga con gente proba, alejada del radicalismo y, sobre todo, consciente del daño que nos hizo el terrorismo. Ese es el sendero que debería de tomar el Ejecutivo, pero que, para desgracia del país, hoy no parece prioridad en Palacio de Gobierno.