La segunda vuelta que culminó con la llegada de Pedro Castillo a la Presidencia ha dejado al país dividido en dos. Como se sabe, la diferencia de la votación obtenida por los candidatos de Perú Libre y Fuerza Popular fue inferior al 0,3% y los sectores que se alinearon detrás de cada uno de ellos sostienen hasta ahora una posición de severo contraste entre sí. Un fenómeno al que la nueva representación nacional no es ajena.
Hay también en el Congreso recién instalado, en efecto, bloques con posturas marcadamente diferentes acerca de asuntos tan relevantes como el del camino que cualquier intento de cambio constitucional debería seguir o la relación que el Legislativo deberá guardar con el Ejecutivo a partir del 28 de julio. Y sin embargo, a pesar de sus distintos puntos de vista, los 130 parlamentarios elegidos en abril último deben conformar una sola institución. No existen, como ha alegado en reciente discurso político el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, un Parlamento oficial y otro extraoficial, que se expresa “en la calle” y con el que se “hace la revolución”, sino uno único y legítimo: un poder del Estado en donde las iniciativas legales se debaten y se aprueban o descartan por mayoría de votos y respetando las leyes que rigen su funcionamiento.
En ese sentido, la elección de la Mesa Directiva que tuvo lugar ayer en el hemiciclo constituyó un acto de reafirmación de tales principios. La lista encabezada por la congresista María del Carmen Alva, de la bancada de Acción Popular, recibió 69 votos; es decir, el respaldo de más de la mitad de los integrantes del actual Parlamento y eso es inapelable. De hecho, así lo reconoció el legislador de Renovación Popular Jorge Montoya (que lideró una lista alternativa que solo recogió 10 votos) al acercarse a saludar a la triunfadora al finalizar el conteo.
Los representantes de Perú Libre, Juntos por el Perú, Somos Perú y el Partido Morado, por su parte, decidieron votar en blanco, lo que es perfectamente legítimo. Algunos de sus voceros, no obstante, trataron de empañar el proceso por el hecho de que la lista que ellos habían conformado no pudo competir en la elección por un problema formal: el reglamento del Congreso exige que las listas a la Mesa Directiva estén integradas por representantes que pertenecen a alguna bancada y, cuando inscribieron la suya, la parlamentaria Flor Pablo no cumplía con ese requisito (el Partido Morado solo consiguió tres curules y el número mínimo para constituir una bancada es cinco).
Con argumentos del tipo “los partidos se ganan en la cancha y no en el papeleo”, tales voceros sugirieron que lo indicado habría sido ignorar la referida disposición reglamentaria y permitir la participación de la lista gobiernista. Presentaron incluso una moción de orden que buscaba una interpretación distinta de la restricción ya señalada y su empeño fue rechazado por 79 a 49. Aun así, calificaron luego la decisión mayoritaria de “acto vergonzante”, “violación de los derechos humanos” y “vulneración a la democracia”.
En síntesis, adoptaron una preocupante actitud que pretendía pasar por alto el hecho de que “en la cancha” existen reglas y que el respeto al orden institucional supone acatarlas. ¿Constituye eso un anuncio del talante con el que enfrentarán las futuras votaciones parlamentarias que no favorezcan al Gobierno, o de la forma como reaccionarán cuando se hagan valer los impedimentos constitucionales que podrían tener algunos de sus planteamientos programáticos? Ojalá que no, pues de otro modo estaríamos en la antesala de un Legislativo partido en dos en el que un sector procuraría imponer desde “la calle” las iniciativas que ni la ley ni los votos en el hemiciclo respaldan.
El Congreso tiene que ser uno solo y las decisiones emanadas de él, aceptadas, para empezar, por quienes lo componen. Todo intento de atropellar sus competencias con asonadas “en la calle” debe ser rechazado por quienes han jurado defender el Estado de derecho, aun en los casos en que la compulsa democrática no arroje el resultado que ellos desearían.
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