Editorial: Una sentencia deplorable

Ayer se consumó un escandaloso golpe contra la libertad de prensa y expresión en el país. El juez Raúl Jesús Vega, del Juzgado Penal Liquidador 30 de la Corte Superior de Lima, condenó a dos años de prisión suspendida y al pago de S/400 mil por concepto de reparación civil al periodista Christopher Acosta y al director de la editorial Penguin Random House, Jerónimo Pimentel, por el supuesto delito de difamación agravada contra el líder del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña.

Como se sabe, el primero es autor del libro “Plata como cancha”, publicado en la ya mencionada editorial, y en el que se presentó un perfil del dos veces candidato presidencial que incluye testimonios de terceras personas y datos recogidos en documentos oficiales no necesariamente halagüeños, pero que cumplen con todos los requerimientos del rigor periodístico.

Para el juez, no obstante, muchas de esas citas (34 para ser exactos) constituyen “hechos lesivos al honor y reputación” de Acuña, imputables a Acosta y a Pimentel. Es decir, estamos ante un fallo que sencillamente desconoce la doctrina del reporte fiel o reporte neutral, señalada hace casi 20 años en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también en el acuerdo plenario del 2006 de la Corte Suprema, en el ámbito nacional. Tal doctrina apunta en realidad a algo bastante obvio: que si alguien publica o difunde lo afirmado por un tercero, lo único que tiene que probar es que esa persona en efecto dijo lo que se le atribuye y no la veracidad del contenido de la afirmación. De no ser así, la labor de la prensa, que muchas veces consiste en recoger precisamente los dichos de los políticos u otros individuos de notoriedad pública, sería sencillamente imposible.

En ese sentido, el precedente que sienta el fallo del magistrado Jesús Vega pone en peligro el trabajo de los hombres y mujeres de prensa, y la libertad de expresión en general, y debe ser públicamente repudiado por todos aquellos que la valoran. Solo así se podrá conjurar la posibilidad de que este abuso sea confirmado en la instancia superior (a la que tanto Acosta como Pimentel han dicho que acudirán).

Cabe anotar, por último, que la querella que ha dado pie a este trance de riesgo para el ejercicio de la libertad de prensa fue increíblemente promovida por quien, meses atrás, quiso convertirse en la cabeza de un Estado democrático y republicano. Esperemos que recordar este dato en la próxima campaña electoral en la que él pueda querer participar no sea considerado difamatorio.