Los polémicos candidatos a la alcaldía provincial de Arequipa: antecedentes y cuestionamientos

Manuel Vera Paredes, alcalde del distrito de Cerro Colorado y candidato por Fuerza Arequipeña, carga con un expediente pesado porque tiene varias denuncias fiscales. En 2022, fue sentenciado por la Corte Superior de Justicia a ocho años de pena privativa de la libertad por el delito de lavado de activos por no haber justificado los ingresos que le permitieron adquirir un inmueble por S/ 86 mil, realizar un depósito bancario de S/100 mil y comprar un vehículo valorizado en casi $14 mil. El mismo día en que se ratificó la sentencia, Vera Paredes desapareció. Estuvo prófugo por varios meses.

A mediados de 2024, retomó sus funciones, luego que la Corte Suprema lo absolviera. Sin embargo, un nuevo juicio a cargo del fiscal Arturo Valencia Paiva sostiene que existe un desbalance patrimonial de entre S/ 100 mil y S/ 128 mil detectado durante los años 2009 y 2012.

Consultado sobre el caso, el fiscal Valencia indicó que este proceso está por iniciar. “Lo que tengo conocimiento es que recién va a iniciar el juicio. Es por enriquecimiento ilícito”, señaló.

Juan Roberto Muñoz Pinto, fue electo como alcalde del distrito de Socabaya en las últimas elecciones y hoy postula por el Movimiento Regional Arequipa Avancemos. A menos de un mes de iniciada su gestión, la Contraloría General de la República detectó que en la sala de reuniones del palacio municipal se había instalado un jacuzzi y una máquina trotadora sin haberse emitido órdenes de servicio conforme cuenta el Informe de Orientación de Oficio que lleva como titular “Remodelaciones efectuadas al Palacio Municipal – 2023”.

Las controversias no terminaron allí. La regidora Magaly Agramonte denunció que la Municipalidad de Socabaya adjudicó contratos por más de S/ 2,2 millones a una empresa cuya propietaria mantenía una relación personal con el alcalde. El caso derivó en un pedido de vacancia por presunto conflicto de intereses. Sin embargo, el JNE lo declaró infundado al concluir que el alcalde fue apoderado de una empresa distinta y que las fotos presentadas como prueba de su relación no tiene la intensidad de acreditar un interés directo en las contrataciones.

Grave resultó la contratación en la Municipalidad de Socabaya de César Augusto Choque, condenado por terrorismo y que tiene varias denuncias policiales, entre ellas la de violencia familiar. El alcalde se vio envuelto en la polémica y negó tener amistad con Choque, aunque reconoció conocerlo. A ello se suma que la Contraloría lo inhabilitó por tres años para ejercer cargos públicos por faltas cometidas en la Municipalidad de Cayma en 2018, y que en junio del año pasado auditores de la Contraloría hallaron oficinas vacías y atención paralizada en el palacio municipal de Socabaya.

Elizabeth Amado Quispe, quien hasta mayo de 2026 se desempeñó como subgerenta de Saneamiento, Salud y Salubridad de la Municipalidad Provincial de Arequipa, postula por Alianza por el Progreso con una promesa centrada en obras paralizadas, saneamiento físico legal y seguridad ciudadana. “Revisaré qué obras están paradas y por qué. Nada de inaugurar lo que no está terminado. Hay familias esperando un título de propiedad hace veinte o treinta años”, declaró a este diario.

El punto más incómodo de su candidatura es la elección de su primer regidor. Amado Quispe lleva en esa posición a Víctor Hugo Rivera, el exalcalde de Arequipa vacado por el caso “Flechita”, en referencia a su mascota. Las investigaciones establecieron que hubo un conflicto de intereses en la contratación de un locador de servicios vinculado al cuidado y paseo del animal dentro de las instalaciones municipales y en horario laboral. Antes de ser alcalde, Rivera también fue expulsado del Club Internacional de Arequipa, tras una auditoría que lo declaró culpable de perjurio económico e infracción de los estatutos éticos de esa institución.

Consultada sobre esa decisión, Amado Quispe la defendió sin rodeos. “Víctor Hugo Rivera sabe dónde están los problemas, qué funciona y qué no, y tiene algo concreto que mostrar. Yo podría haber elegido a alguien sin historia, sin polémicas, sin nada que defender y tampoco con nada que mostrar”, respondió.

La candidata Ruccy Oscco Polar, actual alcaldesa provincial, llegó al cargo no por elección sino porque era primera regidora de Víctor Hugo Rivera, con quien tiene una relación distante. Ahora busca ratificación popular bajo la organización política Primero La Gente, distinta al movimiento con el que postuló en 2022 junto al propio Rivera. Oscco Polar arrastra sus propias fragilidades ya que cuando fue regidora no logró que ninguna ordenanza de su autoría fuera aprobada en sesión de concejo, y la hoja de vida que presentó ante el JNE para estas y las anteriores elecciones no registraba estudios universitarios ni técnicos. De igual forma, su hermano, Hermes Oscco Polar, tiene una serie de denuncias fiscales y policiales que van desde agresión hasta lavado de activos.

Cabe señalar, que nos intentamos comunicar con todos los candidatos, pero solo obtuvimos respuesta de Elizabeth Amado Quispe.

La desconexión con la política

Para el politólogo Gonzalo Banda la desaparición de los partidos nacionales del territorio regional dejó la política local en manos de operadores precarios y movimientos sin vocación de permanencia.

“Los partidos políticos han dejado de tener presencia local. Los movimientos regionales se han repartido esas arenas y básicamente se rigen con operadores políticos precarios, mafias muy burdas, políticos sin experiencia o que van rotando de cargo en cargo”, explicó.

Agregó que los ciudadanos están desconectados de la política y puede terminar ganando un candidato con muy poca aprobación, ya que no hay una segunda vuelta para las elecciones municipales.

“Un alcalde puede resultar elegido con 13 o 14% de los votos. En el fondo, quien persevera y tiene mejores operadores políticos termina ganando. La gente está desenganchada de la política local”, afirmó.