Un grupo de manifestantes quemó la estación de bombeo de agua en la zona y hectáreas de pastizales en los terrenos y alrededores del campamento minero donde funcionan las oficinas de la minera Antapaccay. (Foto: cortesía)
Un grupo de manifestantes quemó la estación de bombeo de agua en la zona y hectáreas de pastizales en los terrenos y alrededores del campamento minero donde funcionan las oficinas de la minera Antapaccay. (Foto: cortesía)
Melissa Valdivia

Crece la tensión en . Este miércoles se registraron tres heridos por proyectil durante nuevos enfrentamientos entre comuneros y la Policía Nacional en el centro poblado Tintaya Marquiri, en el marco de la huelga iniciada hace una semana contra la empresa minera Glencore – Antapaccay, a la que le exigen el pago de un bono de S/1.000 para cada adulto elector de Espinar (). El hecho provocó la suspensión de la mesa de diálogo entre la PCM y el Comité de Gestión del Convenio Marco de Espinar.

José Amilcar Chucco Mollo, Óscar Suca Laucata y Jhorjin Wilmer Llachoque Ccolque, son los tres heridos por proyectil en brazo y pierna, quienes llegaron esta tarde al área de emergencia del hospital de Espinar.

El reporte policial indicó que en el centro poblado de Tintaya Marquiri los moradores intentaron ingresar al promediar las 11:50 a.m. al campamento minero donde actualmente funcionan las oficinas de la minera Antapaccay, siendo dispersados con bombas lacrimógenas. Según la PNP, los pobladores provistos de huaracas, lanzaron piedras al personal policial, además quemaron la estación de bombeo de agua en la zona y hectáreas de pastizales en los terrenos y alrededores del campamento minero. Este fue evacuado por a empresa, y ahora se encuentra bajo el control de las fuerzas del orden.

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Luego de la suspensión del diálogo, las fuerzas del orden lograron despejar la zona y tomar el control completo en el centro poblado Tintaya Marquiri entre las 16:00 y 17:00 horas; sin embargo, se registraron nuevas protestas al promediar las 19:20 horas en Yauri, capital de Espinar. Los agentes policiales hicieron uso de las bombas lacrimógenas y disparos disuasivos en la avenida San Martín para dispersar a los manifestantes que salieron a continuar con las protestas. Hasta el cierre de la nota todavía no se conocía de un reporte oficial de detenidos.

Suspensión de mesa de diálogo

Durante la mesa de diálogo, Livio Paliza Loayza, gerente de gestión social de Antapaccay, afirmó que los manifestantes quemaron la estación de bombeo que provee de agua a más de 2.000 moradores de la comunidad de Tintaya-Marquiri.

Se está quemando las “casabombas”, es una instalación que sirve para abastecer agua al centro poblado Tintaya - Marquiri; con este acto, está dejando sin posibilidad de consumo de agua, a más de dos mil personas, que a partir de este momento no tendrán agua para su consumo, no es un atentado directo contra la empresa, sino hay un atentado indirecto contra la misma población” aseveró Paliza.

Ante esta situación, los dirigentes de Espinar durante la mesa de diálogo responsabilizaron a la empresa por la situación y aseguraron la existencia de infiltrados que distorsionan su lucha.

(Foto: cortesía)
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Cuánto tiempo estamos en mesa diálogo, toda la vida la minera nos ha mecido. Hemos sido bastantes pacientes, la población se ha autoconvocado. Ellos están saliendo a hacer escuchar su clamor en forma pacífica, aquí hay personas infiltradas, podemos pensar que vienen contratados por personas de mal vivir, aquí nadie nos puede responsabilizar” refirió un dirigente.

A su turno, el presidente del Comité de Gestión de Convenio Marco y alcalde de Espinar, Lolo Arenas, exhortó a la población a que se identifique y denuncie a las personas que causen violencia.

Hermanos estamos en un contexto de diálogo, mantengamos calma y paciencia, hay algunos infiltrados que podrían propiciar caos, si detectan algún infiltrado inmediatamente hay que ubicarlos y entregarlos a la policía” invocó la autoridad edil.

Para el representante de la Defensoría del Pueblo, no fue suficiente la invocación de cese de violencia de las autoridades de Espinar y exigió a que se realice las investigaciones para identificar y sancionar a las personas que están ocasionando los actos vandálicos, asimismo, pidió la suspensión de la reunión por los actos violentos en Tintaya - Marquiri.

A su turno, Paola Bustamante, representante de la PCM advirtió de la suspensión del diálogo por los actos vandálicos que se reportaron en la zona y daños al medio ambiente.

Hay un número importante de pobladores que ingresó al área de la unidad minera, no directamente al infraestructura, hay un grupo de personas que apedró la garita control y estas personas han roto el cerco perimetral de la unidad Camaccmayo. Están quemando pastizales, están atentando contra la alimentación y seguridad alimentaria de la población de Espinar. Queremos seguir manteniendo el diálogo, pero si no logramos el cese de la violencia, no podemos continuar con el diálogo” agregó la representante. Finalmente, después de tres horas de reunión se decidió suspender la mesa de diálogo.

Sin consenso

Los ciudadanos de Espinar exigen a la empresa minera Glencore -Antapaccay una transferencia por S/50 millones, para que se cumpla con la entrega de un bono extraordinario de S/1.000 a cada adulto elector de la provincia, para mitigar la crisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19.

El dinero solicitado proviene de los fondos del Convenio Marco, la cual es un acuerdo firmado entre la municipalidad de Espinar y Glencore-Antapaccay para la entrega del 3% de las utilidades anuales. Este dinero debe ser invertido en proyectos de salud, educación, afianzamiento hídrico, seguridad alimentaria, entre otros.

(Foto: cortesía)
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Ante dichas demandas, la empresa minera Antapaccay, si bien coincide en la necesidad de medidas especiales para reactivar la economía de las familias de Espinar, considera que la propuesta no atiende adecuadamente las necesidades de la población más vulnerable.

Voceros de la compañía indicaron que el proyecto no es un mecanismo asistencial y que la propuesta de su Comité de Gestión es entregar los S/1.000 a cada elector de la provincia, sin ninguna clase de consideración adicional (residencia, condición socioeconómica, etc.) más que estar habilitado para votar.

Según dijeron, también se han propuesto alternativas para mitigar el impacto del COVID-19 en la economía de las familias locales a través de proyectos de infraestructura, la entrega de microcréditos sin intereses a las MYPES locales, la asistencia alimentaria directa a la población vulnerable, entre otros, sin embargo, a la fecha no se ha llegado a ningún acuerdo de ninguna parte.

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