La información que maneja el Ministerio Público (MP) es que unas 35 personas se habrían vacunado de manera irregular en Loreto, entre funcionarios y sus familiares, según informó Omar Tello, fiscal coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
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“Hasta el día de ayer que conversé con el doctor [Herber] Aquino [fiscal de Loreto], había informado que eran 35 personas, entre funcionarios y familiares, a quienes no le correspondería la vacuna que habían sido inoculados con la misma”, señaló Tello en diálogo con El Comercio.
Hace unos días, este Diario informó que un grupo de personas se había vacunado de manera irregular con las dosis de Pfizer, entre ellas se encuentran el alcalde de la provincia de Maynas, Francisco Sanjurjo (69 años); la alcaldesa del distrito de Punchana, Jane Donayre (63); y los asesores del Gobierno Regional de Loreto, Jorge Monasí (65) y Joiner Vásquez (73). También figuran Mirna Villacorta (68), ex alcaldesa del distrito de San Juan Bautista, y Clara Delfina Bustamante (63). En tanto ayer, el Ministerio Público, la Contraloría y la Defensoría intervinieron las sedes del Gobierno Regional de Loreto y la Dirección Regional de Salud, a fin de recabar información sobre este caso.
“Dentro de los actos de investigación que se han realizado ayer, son, por ejemplo, el acopio de las imágenes. La vacunación fue el sábado 20. Ellos han recabado las imágenes del momento de la vacunación, así como también los nombres de las personas que llamaron para ser vacunadas y no estaban en ese momento, los números telefónicos también de dónde los llamaron”, detalló Tello.
El Ministerio Público lanzó la campaña denominada “Vacunación sin corrupción” para sensibilizar a la población y a los funcionarios encargados de la inmunización contra el COVID-19, a fin de evitar casos como los reportados en Loreto.
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Como parte de esta campaña, los fiscales realizan visitas y se comunican con los funcionarios a cargo de la vacunación y les advierten sobre los delitos que pueden incurrir si es que, por ejemplo, pretenden apropiarse de las dosis para sí o para terceros (peculado) o si es que vacunan a quien no corresponde a cambio de dinero (cohecho).
“La intención de la campaña de prevención es evitar esta clase de situaciones [se refiere a Loreto]. Evitar que los funcionarios a cargo de las vacunas consideren que las mismas constituyen algo de su propiedad o sobre las cuales ellos pueden disponer libremente, no es así. La vacunación tiene orden, una prioridad. Todos quieren vacunarse, lo entendemos, pero lamentablemente no todos pueden hacerlo, las dosis son escasas y estas tienen que estar destinadas a personas vulnerables. Y es lo que nosotros estamos tratando de respetar y haciendo tomar conciencia a la población a través de esta campaña”, señaló el fiscal Tello.
En este contexto, refirió que la fiscalía de Arequipa le había dado a conocer una denuncia sobre otro presunto caso de vacunación irregular.
“Me han reportado, de manera genérica, sobre una investigación que se viene dando por algunas denuncias”, señaló.
“Se tiene la denuncia y todavía está en proceso de averiguación de la misma”, finalizó.
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