Congreso y la proliferación del personal adicional: Expertos demandan mayor fiscalización de la contraloría

Los reflectores vuelven a ponerse sobre las contrataciones del personal parlamentario. Un informe de este Diario reveló que dos hermanas fueron colocadas por Alianza para el Progreso (APP) en oficinas del Congreso sin contar con el perfil adecuado para los puestos.

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Se trata de Diana y Estefany Dávila, quienes laboran en dos áreas legislativas.

El vínculo con APP se inició cuando Diana ingresó como asistente al despacho del entonces congresista de APP, Omar Chehade, a tan solo cuatro meses de acabar el periodo 2020-2021. En conversación con este Diario, el propio Chehade reconoció que “fue recomendación de gente del partido”.

Ese mismo año, Diana postuló a regidora en la lista de Chehade a la Alcaldía de Lima y, luego del fracaso electoral, retornó al Congreso. Pasaron tres años para que, en octubre del 2024, la joven volviera a laborar en el Palacio Legislativo, esta vez en la Oficina de Comunicaciones. Cabe resaltar que Diana no cuenta con un título profesional y, actualmente, estudia diseño de modas.

En tanto, su hermana Estefany labora en el Área de Administración de Bienes.

La primera, pese a no tener estudios universitarios ni técnicos en Comunicaciones, percibe un salario de S/ 5.053.11. La segunda, que sí registra estudios en la Sunedu, tiene un sueldo de S/ 2.655.46

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De otro lado, “Cuarto Poder” dio a conocer que, en la gestión de Eduardo Salhuana, el Congreso ha gastado más de S/ 3.5 millones en personal adicional, superando los montos ejecutados en años anteriores (S/ 3.1 millones en el 2024 y S/ 2 millones en el 2023).

Según el programa dominical, estas contrataciones se dan en el marco del acuerdo de la Mesa Directiva N° 072-2022-2023/MESA-CR, suscrito en diciembre del 2022, durante la gestión de José Williams (Avanza País).

Este documento se ha mantenido vigente con Alejandro Soto (2023-2024) y Eduardo Salhuana (2024-2025) y permite a los legisladores solicitar personal adicional que labore bajos sus órdenes directas y supervisión. Para ello solo necesitan la aprobación del presidente del Parlamento, que RR.HH revise si se cumplen los requisitos mínimos y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorgue el presupuesto para la creación de la nueva plaza.

Se trata de un acuerdo que en la práctica ha servido como punto de partida para designar “a dedo” al nuevo personal parlamentario.

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Este Diario pudo verificar que 11 altos funcionarios del Congreso son militantes o están vinculados a Fuerza Popular, Perú Libre y APP [mirar el cuadro], agrupaciones que integran la Mesa Directiva. Todos ellos perciben remuneraciones mayores a S/ 15 mil.

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En diálogo con El Comercio, el excontralor Fuad Khoury y los especialistas en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi y Martín Cabrera opinaron que la contraloría debe revisar los contratos del Congreso.

De otro lado, el especialista en contrataciones con el Estado Alberto Retamozo consideró que el órgano de control está debilitado y no tiene poder en el Legislativo.

Para Khoury, lo que debe hacer el órgano de control interno es revisar los acuerdos de la Mesa Directiva que han abierto las puertas a la proliferación de personal adicional.

“Deberían preguntar y demostrar que están ahí. De otro lado, también realizar una auditoría de desempeño y hacer una comparación de buenas prácticas con otros parlamentos de Latinoamérica y el mundo. Así evaluar cuántos trabajadores se tiene por congresista a nivel mundial”, subrayó.

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A su turno, Rospigliosi advirtió que existe una sobrepoblación laboral innecesaria contratada para pagar favores políticos y de cara a las elecciones del 2026. Indicó que este personal podría ser “víctima” de los “mochasueldos”.

Asimismo, opinó que la contraloría debe fiscalizar las contrataciones del personal parlamentario, en especial los trabajadores que han sido incorporados en el marco del acuerdo N° 072-2022-2023/MESA-CR.

Bajo su lectura, el contralor general de la República, César Aguilar, debe tomar cartas en el asunto.

“Aquí hay una alianza administrativa de supervivencia hasta el 28 de julio del 2026 [...] ¿Quién debe supervisar esto? El contralor, pero no se atreve porque hay personas vinculadas a ese partido [APP] que han sido contratadas en su institución”, señaló.

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En tanto, Cabrera expresó que este caso tiene tres aristas: la transparencia en los acuerdos, el desorden y la fiscalización.

Sobre este último punto, consideró que es importante que la contraloría supervise los acuerdos de la Mesa Directiva y su implementación. “Por ejemplo, en el caso de las hermanas Dávila, claramente hay un uso abusivo de las normas, pero, al fin de cuentas —nos guste o no—, es legal [su contratación]”, dijo.

En ese sentido, advirtió que es importante determinar quién y cómo se debe fiscalizar la implementación de los acuerdos de la mesa para garantizar que no haya un cuoteo partidario en la contratación de personal.

Para el experto, las designaciones deben responder a una necesidad y tiene que compaginarse con el cumpliento de un perfil profesional más allá de los colores políticos de los funcionarios.

Con respecto a la transparencia, Cabrera dijo que, si bien los acuerdos de mesa se suben al portal del Congreso, no son de fácil acceso. “Los acuerdos no pueden ser entendidos [...] Por ejemplo, cuando uno quiere identificar el número de asesores, no encuentra esta información”, aseveró.

Finalmente, opinó que los acuerdos se están celebrando de forma desordenada y que la Mesa Directiva debería aprobar una sola norma y en base a ella hacer ajustes. Alertó que actualmente hay varios acuerdos de distintas mesas que establecen directivas sobre contratación de personal.

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Por su parte, Retamozo consideró que la contraloría tiene “poco poder” en el Congreso, lo cual ha generado un descontrol y que se priorice lo “personal” y lo “partidario”, pero no el país.

El especialista en contrataciones consideró que no se trata de un tema ilegal, pues hay un acuerdo de la Mesa Directiva, pero que sí hay una falta ética.

“Con esta contratación de las hermanas y el personal de confianza, lo que se está haciendo es contratar a artefacto político, cuadros rentados, gente que no hace ningún trabajo administrativo, pero a la que no le va a pasar nada [...] A esa gente la vas a ver viajando por todos lados”, indicó.

“Hace tiempo resolvieron subordinar a la contraloría. Por eso es que, en todos estos años, el órgano de control no ha hecho una acción de control efectiva en el Congreso. Más aún en estos tiempos que la contraloría está sumamente debilitada, con reducción de presupuesto”, agregó.

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