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A casi dos meses de la llegada al territorio nacional de El Niño costero y a nueve para la ocurrencia de un eventual Niño global, las nuevas autoridades subnacionales tendrán en su primer año de gestión el reto de ejecutar todos los recursos destinados a mitigar el impacto de los desastres naturales como lluvias, huaicos e inundaciones.
Según información del MEF, hasta marzo los tres niveles de gobierno gastaron S/274 millones de los S/2.614 millones disponibles en el programa presupuestal 068, denominado “reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias frente a desastres”. Es decir, en los nueve meses que restan deben gastarse S/2.340 millones en este rubro.
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Para cumplir la meta de inversión –es decir, ejecutar el 100% de presupuesto–, tendrían que gastar S/3,6 millones diarios en lo que resta del año. De enero a la fecha, han gastado S/950 mil diarios.
El Gobierno Central tiene a su cargo el 58,3% de estos recursos, mientras que las regiones y municipios –actores de primer orden en la prevención y gestión de riesgos– disponen del 19,4% y 22,3%, respectivamente. Sin embargo, su capacidad de gasto aún está en niveles bajos.
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A la fecha, el avance porcentual del gasto en este rubro es más alto en municipios (10%) que en regiones (5%). El gobierno central ha ejecutado 12,7%.
En cuanto a las obras por desarrollar, 250 de los 350 proyectos a cargo de municipios aún tienen una ejecución casi nula. Dicha situación se repite en 61 de los 82 proyectos realizados por los gobiernos regionales.
Entre las intervenciones más comunes figuran la construcción de defensas ribereñas, drenajes pluviales y muros de contención contra las inundaciones.
El desafío del gasto
¿Qué clase de intervenciones deberían priorizar las autoridades? Para Juvenal Medina, miembro del consejo directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres (Predes), las inversiones deben reforzar las condiciones de seguridad, pero las medidas físicas deben ir acompañadas de ordenanzas municipales para el adecuado manejo del territorio.
“En este proceso de reconstrucción se deben corregir varias cosas. Hay una necesidad de rehabilitar terrenos para el reasentamiento de familias ubicadas en el cauce de quebradas, pero tiene que hacerse hacia zonas seguras. La municipalidad tiene potestad y competencias en el reordenamiento y gestión del territorio. Hay que establecer franjas marginales en quebradas o riberas de ríos, vigilarlas y asignarles otro uso público”, explica.
El especialista añade que se deben fortalecer las capacidades técnicas, logísticas y financieras para que los municipios puedan cumplir sus responsabilidades en materia de gestión de riesgos.
“Eso implica incorporar profesionales, como geólogos, para que puedan conocer sus territorios y planificar el manejo de las zonas susceptibles a huaicos o inundaciones”, resalta.
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En esto coincide el economista y consultor César Peñaranda, quien añade que este apoyo debe ir dentro de una mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno y la utilización de organismos como Servir para fortalecer los gobiernos subnacionales con personal calificado en la elaboración de proyectos.
“En esta coyuntura de incertidumbre política, los gobiernos más estables son los regionales y locales. Esto implica una coordinación más estrecha o proactiva de ministerios como el de Economía, Transportes o la PCM”, anota.
