APCI implementa Reglamento de Infracciones y Sanciones para fiscalizar cooperación internacional. (Foto: Andina)
APCI implementa Reglamento de Infracciones y Sanciones para fiscalizar cooperación internacional. (Foto: Andina)

Desde este lunes 15 de septiembre, la (APCI) ya cuenta con un Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS), tras la publicación del N.° 033-2025-RE en el diario oficial El Peruano. El nuevo marco legal, compuesto por 42 artículos y 3 disposiciones complementarias finales, fortalece el rol del ente rector en la supervisión de la cooperación técnica internacional (CTI) en el país.

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En paralelo, se publicó el Decreto Supremo N.° 032-2025-RE, que aprueba el Reglamento de la Ley 27692, Ley de Creación de la APCI. Ambas normas buscan modernizar los procesos de gestión de la cooperación internacional y asegurar que los recursos provenientes del exterior sean utilizados de manera eficiente y alineada con las prioridades de desarrollo nacional.

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Carlos Salas Abusada

El RIS contempla un procedimiento administrativo sancionador dividido en fase instructiva y resolutiva, clasificando las infracciones en leves, graves y muy graves. Las sanciones van desde la amonestación escrita hasta la cancelación de la inscripción de las entidades infractoras. Entre las faltas tipificadas destacan la presentación de información falsa, el uso indebido de recursos y la obstaculización de las labores de fiscalización.

Asimismo, el reglamento establece la obligación de registro digital para las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), las Entidades e Instituciones Extranjeras de CTI (ENIEX) y las Instituciones Privadas Receptoras de Donaciones Asistenciales o Educacionales (IPREDA). Esta medida permitirá trazar con mayor precisión el origen, destino y ejecución de los fondos, además de contar con un sistema público de información en tiempo real sobre proyectos, contratos y sanciones aplicadas.

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La APCI, ente adscrito al , refuerza así sus facultades para garantizar que los fondos de cooperación internacional, destinados principalmente a combatir la pobreza, la exclusión y la desigualdad, sean administrados con transparencia y responsabilidad.

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