‘Ley del borrachito’ reformulada pero igual de polémica: congresista Jorge Flores Ancachi insiste en nueva norma sobre conductores ebrios

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A través del proyecto N°11781, el parlamentario señala, bajo un concepto de “razonabilidad y proporcionalidad”, las circunstancias y plazos en que se aplica la suspensión e inhabilitación perpetua de la licencia de conducir.

Respecto a la inhabilitación perpetua del brevete, el texto señala que la sanción se concretará cuando el conductor cause lesiones graves o la muerte de una persona bajo los efectos de drogas, con una cantidad de alcohol en sangre mayor a 0.8 gramos por litro o por tener la licencia suspendida.

Además, se establece que se aplicará la máxima sanción cuando haya reincidencia en manejar un vehículo con alcohol en la sangre en una proporción mayor a 0.5 gramos por litro y menor a 0.8 gramos por litro, conducir bajo los efectos de las drogas o negarse a pasar por el examen de alcoholemia.

En el resto de la iniciativa de Flores Ancachi se establecen desde tres meses hasta cinco años de suspensión del brevete para los conductores que causen lesiones leves a las personas cuando hayan consumido bebidas alcohólicas, estén bajo los efectos de la droga o tengan la licencia suspendida o no cuenten con el brevete.

El congresista Jorge Flores Ancachi detalló a El Comercio que su proyecto N°9490 es excepcional al tener un periodo de vigencia y los conductores deben cumplir ciertos requisitos, mientras que su iniciativa N°11781 establece de manera específica el plazo de sanción de inhabilitación y suspensión de las licencias de conducir.

“Los policías, los funcionarios del MTC, así como los jueces, ya no van a poder interpretar a su antojo la aplicación de la sanción del plazo de inhabilitación o suspensión de la licencia de conducir como se da actualmente”, argumentó.

Flores Ancachi enfatizó que sus iniciativas no favorecen a conductores que, bajo los efectos de la droga o alcohol, hayan causado muertes de personas. Aseguró que unos 100 mil conductores se verían beneficiadoS en caso se apruebe su proyecto.

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“Hay muchas personas que, por circunstancias diferentes, han cometido este error y se encuentran arrepentidas. Cuando un criminal ingresa a la cárcel y le dan su pena. Después de cumplir, de acuerdo con la ley, tiene la posibilidad de reinsertarse a la sociedad y por qué no permitirle a un conductor, después de haber transcurrido un tiempo prudente, como dos años, de que también tenga esa posibilidad de reincorporarse porque necesita generar economía”, expresó.

Flores Ancachi descartó que su proyecto tenga un cálculo político y que nació a raíz de un colectivo de Puno que lo contactó para impulsar dicha propuesta.

Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ámbar, rechazó el proyecto de ley del congresista Jorge Flores Ancachi y lo consideró “descabellado”, pues recordó que, al año, la Policía detiene entre 12 mil a 13 mil conductores en estado de ebriedad, pero que lo más grave es que no reciben ningún tipo de sanción penal y solo son multados, pese a la gravedad del delito cometido.

El especialista enfatizó que en otros países se sanciona con prisión efectiva a los conductores que manejan tras consumir bebidas alcohólicas y que, incluso, hay cárceles exclusivas para los que cometan tal delito.

“La Policía interviene al año, en promedio, entre 12 mil a 13 mil conductores en estado de ebriedad, pero ninguno ha sido sancionado penalmente. La PNP lo pasa a la Fiscalía y es ahí donde los conductores se acogen al principio de oportunidad, que es una prerrogativa del Ministerio Público, y los exculpa de responsabilidad al hacer un acta a nombre del Estado, le imponen una sanción de 300 soles y con eso se le exculpa de la pena y ya no lo denuncia ante el juez, por eso no ha habido ninguna sanción penal a conductores que manejaban en estado de ebriedad. Es recurrente la comisión de este delito porque no hay una sanción real”, expresó Quispe Candia a El Comercio.

“En nuestro país, lamentablemente, la sanción administrativa va por un lado y la sanción penal va por otro lado. Solamente están sancionando penalmente con multas, papeletas, con suspensión o cancelación de licencias, que es sumamente severa, pero no hay una sanción del delito. En otros países hay cárceles exclusivas para infractores a la circulación”, manifestó.

El proyecto que promueve el congresista Jorge Flores Ancachi fue considerado como “cantinflesco” y “sin sentido” por el especialista en tránsito, transporte y seguridad vial Franklin Barreto, ya que confunde los temas penales y administrativos y no tiene una conexión con la realidad, pues advirtió que solo busca beneficiar a un reducido grupo de personas.

“Los delitos penales sí tienen un tipo de resocialización, hay un tratamiento para resocializar al autor de un delito. En este caso no se habla de delitos, se habla de infracciones de tránsito que están dentro de otro tipo de actos, este es el ámbito administrativo”, manifestó.

“Estaríamos poniendo en la misma condición a una persona que hace mal uso de su arma de fuego y mata a otra porque estuvo en estado de ebriedad, entonces se entendería también que dicha persona tendría derecho a que nuevamente pueda tener que portar un arma de fuego”, afirmó.

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Barreto también cuestionó la iniciativa de Flores Ancachi porque en su exposición de motivos no detalla la cantidad de conductores beneficiados con el proyecto ni hace referencia a la ley de alcoholemia, que se promulgó en el 2002 dentro de un contexto de que se pretendía frenar el consumo de alcohol por parte de las personas que conducían y que causaban muerte y lesiones graves en personas.

“Tampoco se refiere a las estadísticas que existen, como la cantidad de personas con licencia suspendida o cancelada o las personas inhabilitadas para obtener una nueva licencia desde la promulgación de esta ley”, expresó.

Barreto hizo hincapié en que en el proyecto de Flores Ancachi se habla de “lesiones menos graves”, y remarcó que ese término no existe en el ordenamiento jurídico penal, ya que hay dos tipos de lesiones: unas que son consideradas faltas y otras que son denominadas graves.

El especialista pidió tomar en cuenta que el Perú registra un bajo índice de motorización, es decir, el parque automotor no es tan alto, pero tiene una gran cantidad de accidentes de tránsito, y que nuestro país ocupa el segundo lugar en la categoría de peores conductores del mundo.

El abogado penalista Andy Carrión precisó a El Comercio, al comentar el proyecto del legislador Jorge Flores Ancachi, que el Código Penal establece que el manejar en estado de ebriedad constituye un delito y que la evaluación de la proporcionalidad en una norma depende de las autoridades.

“El Código Penal no hace ninguna diferenciación, ya que el pasar de 0.50 gramos de alcohol por litro de sangre ya es un delito en sí. La única trascendencia que busca con esto (Jorge Flores) es que en el ámbito administrativo no se proceda a quitar la licencia a aquellos a quienes no causen accidentes fatales y puedan recuperar su licencia, incluso si el conductor presenta 0.8 gramos de alcohol por litro de sangre y no causa daños”, refirió el especialista.

Además, remarcó que el legislador evalúa el tema de la proporcionalidad desde el punto de vista de los daños, ya sea lesiones o afectación al bien público o privado, pero explicó que el problema es que “eso quita la naturaleza propia del delito porque lo que quiere el Derecho Penal o Derecho Administrativo es que simplemente nadie maneje en estado de ebriedad”.

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“En el tema de la proporcionalidad de las sanciones, en el ámbito estrictamente administrativo, igualmente es cuestionable porque a veces el manejar en estado de ebriedad y causar algún tipo de daño sea grave o leve depende de la suerte y ya no de la voluntad de la persona que está manejando en estado de ebriedad. Un conductor puede chocar y causar un daño leve, pero otro puede chocar en ese mismo estado y con esa misma concentración de alcohol, pero matar a una persona”, expresó.

“La gradualidad no debería estar en torno al resultado, sino simplemente al hecho de cuántos gramos de alcohol por litro de sangre ostenta el que maneja”, agregó.

Jorge Flores Ancachi había presentado, en noviembre del 2024, una iniciativa que tenía como objetivo permitir a todo conductor que tenga la licencia de conducir suspendida, cancelada o que esté inhabilitado realizar el trámite de obtención o recuperación del brevete hasta el 31 de diciembre del 2025

El proyecto de ley establece cinco requisitos:

El estado de su licencia debe de estar suspendido por un plazo no menor de dos años o estar cancelado y el conductor inhabilitado para conducir

No contar con deudas por multas de tránsito

Constancia de culminación de curso de seguridad vial expedido por un centro habilitado por el MTC

No contar con antecedentes penales y judiciales

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En caso de haber recibido la multa M01, solo podrán acogerse a este beneficio aquellos conductores que hayan causado daños materiales, sin que haya resultado en lesiones graves, incapacidades permanentes o fallecimiento de personas.

Otro punto cuestionable es que en el proyecto se planteaba otorgar un descuento del 80% sobre las multas muy graves, un descuento del 90% sobre las multas graves y un descuento del 95% sobre las multas leves.

En respuesta, Flores Ancachi explicó, en Bethel Noticias, que su propuesta no beneficiaría a personas que han estado involucradas en muertes o en lesiones permanentes o temporales. Además, remarcó que había eliminado la parte en la que se planteaba descuentos en las multas a los infractores.

“Creemos que sí deberían tener una oportunidad las personas que han tenido accidentes, más que todo que hayan estado involucrados en daños leves, me refiero a que se hayan subido a una berma, que se hayan pasado un baden. Creo que en el tema de la inhabilitación existe una desproporcionalidad”, indicó Flores Ancachi.

“A estos ciudadanos hay que darles una segunda oportunidad, siempre y cuando no haya muerte ni lesiones permanentes o temporales que le hayan causado a un tercero”, agregó.