Una bancada para Lima

Si bien seguimos esperando los resultados finales de las elecciones, con el cómputo prácticamente concluido podemos hacernos una idea de quiénes han sido elegidos para representar a los ciudadanos de Lima Metropolitana en el Congreso. En la Cámara Alta tendremos cuatro senadores, y en la Cámara Baja 32 diputados.

Esto hace de Lima la región con mayor presencia en términos absolutos, pero mantiene -e incluso agudiza- su subrepresentación en relación con su peso poblacional, cercano al 30% del total nacional. Más allá de esta situación, que debiera ser atendida en una futura reorganización del Congreso, Lima necesita articular una bancada que impulse una agenda metropolitana, pues enfrenta problemas estructurales de orden económico, competencial y de gobernanza que deben ser tratados en el Poder Legislativo.

Empecemos por el frente económico. Los aportes de Lima Metropolitana representan más del 60% del Fondo de Compensación Municipal (Foncomún, que se cobra junto al IGV), pero se encuentra entre las jurisdicciones con menor presupuesto por habitante del país, 20 veces menos que Moquegua y trece veces menos que Cusco. Esta brecha se debe principalmente a tres factores. Primero, las municipalidades distritales de Lima solo reciben el 11% del fondo, y la municipalidad metropolitana (MML) un irrisorio 2,5%. El resto se distribuye entre los distritos y provincias del país. Segundo, Lima no percibe ingresos por canon, como si lo hacen otras regiones que además reciben transferencias del Foncomun. Tercero, el canon no cuenta con mecanismos de redistribución territorial, por lo que se concentra en las municipalidades donde se generan los recursos. A esto debemos sumar el hecho que la administración saliente ha elevado el endeudamiento de la MML a niveles críticos, comprometiendo seriamente la sostenibilidad de las finanzas metropolitanas en los próximos años.

Esta situación no siempre fue así. A inicios de los noventa se modificaron las reglas de distribución del Foncomún, reduciendo significativamente la participación de Lima en el reparto. Desde entonces, la ciudad ha dependido en mayor medida de transferencias extraordinarias del gobierno nacional, endeudamiento o concesión de activos para promover proyectos. En contraste, otros países de la región han avanzado hacia esquemas más equitativos. En Chile, por ejemplo, se ha implementado recientemente un sistema de redistribución de las rentas mineras que incorpora a las regiones sin actividad extractiva, buscando reducir brechas territoriales.

En lo que respecta a las competencias metropolitanas, el Gobierno Central mantiene bajo su ámbito funciones claves para la gestión urbana, tales como la administración del servicio de agua potable y alcantarillado (Sedapal), la educación y la salud. Asimismo, la creación de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) reconfiguró las competencias en movilidad, reduciendo la capacidad de la MML para gestionar integralmente el sistema de transporte y el espacio vial. Esta fragmentación limita de manera significativa la capacidad de la ciudad para gestionar el suelo, promover vivienda social y articular servicios urbanos de manera eficiente.

En términos de gobernanza, Lima Metropolitana se encuentra políticamente fragmentada en 43 distritos, cada uno con autoridades electas y competencias propias que atomizan la administración de los servicios municipales y complejizan la gestión del territorio. Esta estructura genera ineficiencias y eleva los costos para los vecinos. Además, una proporción significativa de los recursos municipales se destina a sostener estructuras administrativas que podrían optimizarse mediante esquemas de gestión integrados, como ocurre en diversas capitales de la región.

La metrópoli nacional requiere, por tanto, una revisión integral de su marco normativo y fiscal que le permita fortalecer su capacidad de gestión, incrementar considerablemente sus ingresos, optimizar los recursos y concentrar la autoridad necesaria para liderar el desarrollo urbano. La promoción de estas reformas dependerá de la capacidad del siguiente alcalde de articular una bancada metropolitana en el Congreso. Sin ese respaldo político, las limitaciones económicas, competenciales y administrativas descritas no solo persistirán, sino que seguirán condicionando la gobernabilidad y la sostenibilidad de la ciudad.

*Con la notable colaboración de Saúl Barrera Ayala, experto en gestión pública.