Editorial: Incompetencia total permanente

A minutos de la medianoche, mientras los ciudadanos que se verían afectados por la medida que sería anunciada dormían, el presidente Pedro Castillo ofreció un mensaje a la Nación en el que luego de mucho (y muy mediocre) relleno retórico anunció la inmovilización social obligatoria para Lima y el Callao. En corto: un toque de queda que empezó a regir a las dos de la madrugada de hoy y que durará hasta las 11:59 de la noche. Ello, a partir del estado de emergencia que su gestión ya había anunciado y como consecuencia de “los actos de violencia que algunos grupos han querido crear mediante el bloqueo del libre tránsito en los accesos de las provincias de Lima y Callao creando inseguridad y zozobra en los trabajadores”.

Protestas de estas características no son una situación nueva en nuestro país. De hecho, en el 2017, durante las manifestaciones que el ahora jefe del Estado lideró como docente contra el Ministerio de Educación, y como informó este Diario el 1 de setiembre del 2017, se intentó bloquear la avenida Javier Prado y los disturbios generaron la reacción de la policía. De igual manera, la congregación pacífica de ciudadanos en distintos puntos del país en las protestas de noviembre del 2020 dificultó el tránsito en algunos lugares y el entonces gobierno de Manuel Merino respondió con la violencia que terminó con su mandato. Sin embargo, desde la reanudación plena de la democracia a principios de este siglo, no se recuerda una medida de esta envergadura, en especial para lidiar con un tipo manifestaciones que, en honor a la verdad, han sido casi el pan de cada día para los gobiernos de turno.

Ninguno de ellos, en efecto, consideró como una solución violar tan flagrantemente los derechos de millones de ciudadanos frente a la violencia de unos pocos; una medida que múltiples expertos ya han descrito como inconstitucional por ser abiertamente desproporcional. Y toda la situación ha hecho evidente una serie de realidades.

En primer lugar, la salida elegida confirma la incompetencia de una administración que desde el primer día de las manifestaciones no supo cómo lidiar con ellas. Más aun, uno de los obstáculos para el diálogo y un factor que exacerbó la violencia en lugares como Huancayo fue el mismo presidente Castillo, que afirmó que “se está anunciando paros malintencionados y pagados por algunos dirigentes”. Un discurso que sostiene hasta hoy, como confirmó su mensaje nocturno, sin haber presentado prueba alguna de quiénes serían estos supuestos “dirigentes”. Ahora, además, el mandatario ha demostrado que cuando se queda sin ideas (esto, por supuesto, si es que alguna vez las tuvo) elige patear el tablero.

En segundo lugar, lo ocurrido anoche ha hecho evidente la desconexión de la realidad y la desvergonzada improvisación de algunos funcionarios del Ejecutivo. En la madrugada de hoy, en RPP, el ministro de Justicia Félix Chero buscó justificar la inmovilización y minimizar sus consecuencias. Por ejemplo, consultado sobre cómo los ciudadanos que viven de su trabajo del día a día podrían alimentarse hoy, respondió con un comentario que, en otro tiempo y en otro lugar, hubiese echado leña a la Revolución Francesa: “No creo que se queden sin comer, porque es un día”. El ministro Chero, además, aseveró en dicha entrevista que los ciudadanos que necesitasen movilizarse hoy debido a alguna de las situaciones excepcionales contempladas en el decreto no necesitarían tramitar sus pases laborales para circular… a pesar de que el propio decreto (que aparece con su firma) así lo estipula.

Mediante un comunicado, la Defensoría del Pueblo ya ha demandado el cese de la inmovilización. Lo mismo ha hecho la Asociación Civil Transparencia. Y a estos reclamos se han sumado los de padres de familia que quedan preocupados porque, una vez más, se prohíbe la asistencia de sus hijos a clase y las de comerciantes que, otra vez, ven sus actividades interrumpidas. Ello, asimismo, por no mencionar que, muy temprano por la mañana el Ministerio de Salud –que, para empeorar las cosas, sigue sin titular desde hace cinco días– anunció que todos los centros de vacunación en la capital dejarán de atender hoy, en momentos en los que el ritmo de vacunación ha caído notablemente y cuando ya se está exigiendo la tercera dosis a todos los mayores de 18 años para ingresar a establecimientos públicos y privados.

Pero este manojo de despropósitos no puede distraernos de lo más importante: la medida anunciada por el Gobierno es un atropello al estado de derecho y a las libertades individuales, y se trata de un claro intento por obstaculizar el derecho a la protesta que asiste a todo ciudadano. El presidente no está resguardando la “propiedad privada y pública”, que poco le importó en el pasado; está tratando de tapar el sol con su autoritarismo ante la patente incapacidad de su gestión por ponerle fin a las movilizaciones ciudadanas. El Ejecutivo, so pretexto de frenar la violencia, ha perpetrado un acto aún más violento y eso es inaceptable.

Así las cosas, toca al Congreso de la República reaccionar a los hechos. La censura del Gabinete, que aprobó vergonzosamente esta medida, es una medida que debería analizarse a la brevedad.