La prensa bajo amenaza

Decir que la prensa en nuestro país se encuentra bajo amenaza no es algo novedoso. En el último año, la posibilidad de que esta pueda ejercer su labor se ha visto seriamente limitada, principalmente y esto hay que decirlo, por acción del gobierno del presidente Pedro Castillo. Algunas veces, a través de negativas a comparecer ante las cámaras y los micrófonos de los medios no gubernamentales, y otras, en la forma de escudos humanos que han impedido que los reporteros puedan alcanzar al mandatario llegando al punto de agredir a más de uno de ellos.

Y, sin embargo, esta semana el asedio contra la prensa ha superado todo lo que habíamos visto hasta ahora. Primero, como mencionamos ayer en este Diario, mediante un proyecto de ley que, desembozada y descaradamente, busca criminalizar la filtración de información sobre procesos en curso, y su posterior difusión en medios, en momentos en los que familiares y excolaboradores del mandatario, así como él mismo, se hallan inmersos en investigaciones del Ministerio Público.

Segundo, a través del condenable secuestro de un equipo del programa “Cuarto poder” que se encontraba en Cajamarca profundizando en sus investigaciones contra el presidente y sus allegados por parte de un grupo de ronderos. Estos no solo retuvieron a los comunicadores, sino que les arrebataron sus materiales de trabajo y los coaccionaron a emitir una declaración pública en la que los obligaban a retractarse de sus hallazgos sobre las sospechosas gestiones de la cuñada del mandatario, Yenifer Paredes, a favor de una empresa privada y a prometer que no volverían a poner en cuestionamiento la imagen de la familia presidencial.

Se trata de un atropello contra la libertad de prensa sin atenuantes y, según varios especialistas, de la comisión de cuando menos tres delitos (secuestro, hurto y coacción) que deberían ser sancionados con la mayor severidad por las autoridades. De hecho, el Ministerio Público ya ha iniciado de oficio una investigación por los dos primeros cargos. Después de todo, privar a alguien de su libertad es un crimen. Y obligarlo a leer un manifiesto contra su voluntad, algo propio de bandas delincuenciales de nuestro pasado reciente y de otras partes del mundo.

Además, hay que decir que ambos sucesos apuntan hacia un mismo objetivo: recurrir al miedo y al amedrentamiento para evitar que el periodismo continúe hurgando en el círculo más cercano del mandatario. Una circunstancia que es moneda común en varios regímenes alrededor del planeta que difícilmente puedan calificar como democráticos.

No podemos, por otro lado, desconocer que lo ocurrido con los periodistas de “Cuarto poder” es el corolario de un discurso de animadversión contra la prensa que este Gobierno ha enarbolado incluso desde antes de llegar al poder. Desde los calificativos del presidente Castillo a los medios que le formulan preguntas incómodas (“esta prensa es un chiste”, afirmó, por ejemplo, en febrero pasado, al ser requerido por un grupo de reporteros sobre su relación con Karelim López) hasta las constantes catilinarias del irascible ministro Aníbal Torres en contra del periodismo (“en el Perú existe una prensa ladrona de la verdad”, le dijo a un medio colombiano tres meses atrás), lo que tenemos es a un gobierno que no solo no oculta su inquina hacia la labor periodística, sino que se esmera en esparcirla cada vez que puede en cada foro al que acude.

Por eso, los pronunciamientos de varios de los integrantes del Ejecutivo conocidos ayer resultan afrentosos. Incluido, por supuesto, el del mandatario, que expresó su “rechazo” a “todo acto de violencia que vulnere las libertades personales, así como la libertad de prensa y expresión”. Pues bien, desde acá le decimos que podría comenzar pidiendo que se archive el proyecto de ley mordaza que acaba de enviar al Congreso y exigiendo que se ejecuten todas las medidas necesarias para que se identifique a los responsables del cautiverio de los periodistas.

Pues lo que está bajo amenaza aquí no es otra cosa que la prensa peruana en su conjunto.