Casi 30 menores de 16 años contraen matrimonio anualmente, en promedio

En el 2013, ‘Paola’, quien pidió mantener su verdadero nombre en reserva, tuvo un parto por cesárea en el Hospital de Camaná, Arequipa. Había quedado embarazada producto de una violación. Su abusador era la pareja de su mamá. Tenía solo 12 años y su madre la obligó a casarse con él para evitar que este vaya a prisión.

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El matrimonio se realizó en San Martín, donde fue registrado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), pese a que es ilegal que una menor de 12 años contraiga matrimonio.

ECData accedió a las cifras de matrimonios registrados por RENIEC desde el 2012. En promedio, cada año se registran 27 uniones con menores de 16 años. En los últimos diez años, se han realizado 297 de estas. Cuatro de ellas son de este año.

Hasta el 2018, estos matrimonios eran indiscutiblemente ilegales. Sin embargo, una modificación al artículo 42º del Código Civil estableció que, excepcionalmente, “tienen plena capacidad de ejercicio los mayores de catorce años y menores de dieciocho años que contraigan matrimonio, o quienes ejerciten la paternidad”. Con esto, se habilitó la posibilidad de que -según interpretación de cada juez- menores de entre 14 y 16 años se casen.

“Lo que hemos visto es que muchos adultos se casan con una menor para evitar afrontar un juicio por abuso. Utilizan la puerta del artículo 42º para no confrontar lo que establece el código penal”, advierte Hugo González, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), quien menciona que “al abrir esta puerta, lo que está permitiendo el código civil es que los violadores se conviertan en maridos y esposos”.

Matilde Conde, Adjunta para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo agrega que “no se puede abrir la puerta legislativamente al matrimonio de menores de edad. No es algo que se debería naturalizar. Por el contrario, se debería poner más candados a esto”.

En declaraciones a El Comercio, Reniec señaló que “según el Código Civil, la autoridad edil o el notario son los responsables de determinar la viabilidad de la celebración de los matrimonios, declarar la capacidad de los pretendientes y de extender el acta de casamiento; por lo que un matrimonio subsiste en tanto no sea dejado sin efecto por la autoridad judicial”.

Sobre la legalidad de los matrimonios de niñas, llevados a cabo antes del 2018, la entidad mencionó que “la invalidez de un matrimonio sólo puede ser declarada por el órgano jurisdiccional, mediante resolución judicial firme, y en los casos expresamente establecidos por Ley. Es decir que, el matrimonio es válido en tanto no sea declarado lo contrario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 281º del Código Civil vigente”.

Las cifras de uniones tempranas son aún más altas. Según lo registrado en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del 2021, 1 de cada 3 mujeres se casó o se unió a su pareja cuando era adolescente.

El UNFPA ha analizado algunas de las causas del fenómeno de los matrimonios infantiles en Latinoamérica. Según González, una de las principales razones para que se den los matrimonios con menores o las uniones tempranas es el embarazo adolescente. No obstante, el experto advierte que un embarazo en una menor de 14 años puede provenir de una violación sexual.

“Entre la mitad y dos tercios de los embarazos de menores de 14 años se dieron cuando la adolescente tenía 13 años. Eso significa que, de acuerdo al código penal, es violencia sexual. Hay una contradicción entre el código civil y el código penal que es aprovechada por algunas personas”, advierte González.

Para el representante de UNFPA, otra causa es la violencia en la familia de origen. Las adolescentes buscan unirse o casarse y formar su propio núcleo para escapar de la violencia en sus hogares. “El problema está en que terminan entrando a otros círculos de violencia, sobre todo porque hay una dependencia total a la persona a la que se han unido”, explica.

Una tercera causa es la pobreza. Siete de cada diez niñas y adolescentes que son esposas en el Perú viven en zonas rurales; tres de cada cuatro viven en lugares pobres; y tres de cada diez son analfabetas. “Si no tienes acceso a la educación, no tienes acceso a saber cómo identificar a un acosador o a un violador y, probablemente vivas en un contexto donde se suele normalizar la violencia”, expone González.

Según el experto, en dicho contexto, muchas veces son las mismas familias las que empujan a las menores a que contraigan matrimonio, para evitar la presión económica dentro del hogar. “Cuando son hombres adultos, a cambio del matrimonio o a cambio de hacerse cargo, ofrecen beneficios a la familia pobre y el matrimonio se vuelve una suerte intercambio de mercancía”, agrega.

Matilde Conde explica que el matrimonio de las y los adolescentes genera un gran impacto, debido a los diversos problemas que se suscitan y que afectan los derechos fundamentales de los menores. “Por ejemplo, los adolescentes suelen dejar la escuela para empezar a trabajar, para dedicarse a un hogar, para ser madres o padres”, señala.

“Pueden ser víctimas de explotación laboral, de violencia, de trata, de abuso sexual e, incluso de violencia dentro del hogar”, agrega la experta.

Asimismo, sostiene que las menores que quedan embarazadas pueden ver afectado su derecho a la salud, pues muchas no están biológicamente preparadas para ser madres.

“Lo que tiene que haber son acciones, medidas, condiciones para que las y los menores sigan ejerciendo sus derechos, porque son seres humanos en proceso de formación que tienen derecho a la educación, a la salud. Es toda una serie de derechos que van adquiriendo conforme van creciendo”, enfatiza Conde.

“Desde nuestra posición defensorial se ha enfatizado, en diversas ocasiones, en no seguir teniendo este párrafo en el artículo 42º. Además, hemos insistido en que el Estado cumpla con su obligación de protección especial e integral a la niñez y adolescencia”, señala Conde en referencia a la modificación del Código Civil, que abre la puerta a los matrimonios con mayores de 14 años.

Hugo González concuerda en que lo más urgente es eliminar la modificación realizada en el 2018. Según sostiene, así se fortalecería un marco de protección para las niñas, niños y adolescentes y se evitaría la impunidad.

“Aquellos hombres, sobre todo los mayores, que han incurrido en relaciones sexuales con menores de edad van a tener que confrontar la ley y enteder el mensaje de que deben respetar a los menores”, finaliza.

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