Todo lo que hay detrás del doble discurso del gobierno sobre la erradicación de hoja de coca ilegal

El último fin de semana, el Ministerio del Interior (Mininter) anunció la suspensión temporal de la erradicación compulsiva de sembríos de hoja de coca en las en las cuencas de Junín, Cusco y Ayacucho, correspondientes a la jurisdicción de la Federación de Productores Agropecuarios del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (Fepavrae).

Esta medida se aplicó luego que esta agrupación anunciara un paro de 48 horas demandando al Estado el retiro de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) en su territorio, y del Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (Corah), al no haber podido articular con el Gobierno una reducción gradual, concertada y voluntaria como parte del Pacto Social Ciudadano (PSC).

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En un reciente comunicado, este ministerio reiteró que, además de la suspensión temporal, “continuarán con el proceso de erradicación de cultivos ilegales y lucha frontal contra el narcotráfico” con la Policía Nacional del Perú.

Pese al anuncio del sector Interior, medios locales del VRAEM han reportado diversas movilizaciones y concentraciones de los pobladores exigiendo la apertura inmediata de una mesa de diálogo con el Mininter, la presencia del presidente Pedro Castillo y el retiro definitivo de Corah. Dirigentes cocaleros han comentado que, de no confirmarse una fecha exacta hasta el 30 de septiembre para iniciar la comunicación directa con esta cartera, acatarían un paro indefinido.

La comunicación incompleta

Meses atrás, el presidente de Devida, Ricardo Soberón declaró para este medio que el Pacto Social Ciudadano (PSC) generaría una erradicación “de forma verificable, gradual y voluntaria”. No obstante, según especialistas consultados por El Comercio, a la fecha no se tendrían resultados positivos y que el Gobierno habría generado dos discursos al no anunciar que el Corah realizaría labores de erradicación al mismo tiempo que la voluntaria.

El exministro del Interior Rubén Vargas señaló este diario que no hay registros del avance de la erradicación voluntaria desde su promulgación. “Este gobierno nos declaró que su estrategia de lucha contra las drogas en el Vraem era el PSC, el cual consiste en una especie de un compromiso que asume el agricultor cocalero. Él firma un un acta con Devida para que auto-erradique la hoja de coca y la meta que puso en esta estrategia del gobierno, que se ejecuta a través de Devida, fue de reducir mil hectáreas de hoja de coca en el VRAEM. Ya estamos a más de un año desde esta nueva gestión en el Ejecutivo y a la fecha no hay una sola hectárea auto-erradicada”, dijo.

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El especialista detalló que antes de la pandemia se lograba erradicar más de 25.000 hectáreas de cultivos ilegales anualmente. Según el Mininter, hasta junio del presente año se había logrado eliminar más de 10.000 hectáreas con las operaciones del Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (Corah), más el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP). La meta final de este periodo tras la emergencia sanitaria es de 18.000.

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De acuerdo con el especialista, el problema es que mientras el gobierno habla de erradicación voluntaria, el Corah sigue realizando labores en el Vraem como parte de sus labores que fue financiada con más de S/ 87 millones, según la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000043-2022-DV-PE publicada en marzo de este año. Esta autorizó transferir el monto a favor de la Embajada de Estados Unidos en el marco del “Acuerdo Operativo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el proyecto de control de Drogas”.

“Cuando se tiene un doble discurso, se generan estos cortocircuitos [los paros]. Este Gobierno y especialmente Devida, no han sido suficientemente transparentes para comunicarle a los cocaleros del Vraem que sí estaba prevista una acción erradicación”, declaró.

Subrayó que es muy importante que se eliminen estos sembríos ilegales porque se están expandiendo en las comunidades nativas Asháninkas, afectándolas directamente. Además, resaltó que es una de las economías ilegales más poderosas que financian al terrorismo y corroe a muchas instituciones públicos con la narco-corrupción. “Es necesario que el Estado cumpla con su responsabilidad de controlar los cultivos ilícitos”, dijo.

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“La Comisión de Defensa que lucha contra las drogas del Congreso de la República tiene que citar inmediatamente al Ministro del Interior y pedir explicaciones de por qué se levantó la erradicación que se estaba realizando un territorio de comunidades nativas del Vraem”, concluyó Vargas.

En tanto, el exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior Nicolás Zevallos declaró que existe una evidente contradicción por parte del Estado porque hay una política nacional de control de drogas que busca erradicar los cultivos ilegales, mientras que el Pacto Social Ciudadano propone una auto-erradicación voluntaria.

“No conocemos cuáles han sido los avances y logros en este primer año de ejecución del PSC. Sería interesante saber si se consiguió el objetivo de la reducción gradual de la superficie en esa zona del Vraem”, comentó.

Para el especialista es necesario que se invierta en este sector crítico del Perú, garantizando la lucha contra el cultivo ilegal de hoja de coca que es destinada para el narcotráfico. Resaltó que es importante mejorar las condiciones económicas y sociales en el territorio.

“Se tiene que reforzar la presencia del Estado en el Vrae con políticas públicas de desarrollo y también con el mismo cumplimiento de la ley. El trabajo debe ser articulado”, finalizó.