Paola Villar S.

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Una norma más que contraviene la Carta Magna fue aprobada por el pleno del Congreso ayer, a pesar de las críticas que recibió de diversos especialistas en los últimos meses y sin considerar las posiciones técnicas de entidades del Ejecutivo. Se trata, pues, de una reforma constitucional que busca establecer que el Estado deba invertir año tras año en el sector educación, un propósito que puede sonar bien, pero que en la práctica es inviable.

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Estamos de acuerdo en que necesitamos invertir más en educación. Pero decretar que debería ser 6% del PBI no es la solución ni la mejor métrica. Un papel aguanta todo”, remarca Hugo Ñopo, investigador de Grade. Añade que hay otras maneras más relevantes de medir una mayor inversión en Educación, como la inversión educativa por estudiante por año o la inversión educativa como porcentaje del presupuesto público nacional.

Por más que se quiera aumentar la inversión educativa del 3,7% [del PBI] en el que nos encontramos hoy al 6%, de la noche a la mañana no se puede hacer”, detalla Ñopo.

Más allá de estos ámbitos que también han sido refutados por el MEF y Minedu, pareciera que de nuevo surge una ley que podría llevar al Ejecutivo y Legislativo a enfrentarse ante el Tribunal Constitucional (TC); y, nuevamente, los expertos apuntan que el Congreso es el que ignora los principios de la Constitución que debería defender.

Dos normas fueron declaradas inconstitucionales por el TC: suspensión de peajes y ascensos automáticos en salud. (Ilustración: Giovanni Tazza para El Comercio)
Dos normas fueron declaradas inconstitucionales por el TC: suspensión de peajes y ascensos automáticos en salud. (Ilustración: Giovanni Tazza para El Comercio)

Así, en el corto período que tiene, este Parlamento parece estar en camino a batir el récord de leyes declaradas inconstitucionales, luego de que esta semana el TC decidiera –por unanimidad– poner luz roja a la ley de ascensos automáticos en el sector salud. A esta se suman la ley que suspendió el cobro de peajes, declarada inconstitucional; y la norma sobre el retiro de aportes de la ONP, que aún será analizada en el TC.

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Casi todos los proyectos que se están aprobando en el Congreso y se refieren a materia económica tienen, sobre todo, iniciativa de gasto. Son inconstitucionales porque justamente las constituciones tanto de 1979 como de 1993 han querido corregir lo que antes existía en la Constitución de 1933, que era una iniciativa de gasto que distorsionaba las finanzas públicas”, señala Óscar Urviola, expresidente del TC.

Urviola remarca que antes de la Constitución de 1979, los congresistas tenían iniciativa en el gasto a través de diversas propuestas congresales, que eran sumas de dinero que se designaba a cada congresista, diputado, o senador, para atender obras en sus respectivas jurisdicciones. “Eso se acabó. Tenía una finalidad política, pero eso generaba un gran desorden no solamente en la priorización de obras de utilidad, sino además en el control mismo de las obras”, precisa.

El constitucionalista Aníbal Quiroga, en tanto, resalta que el crecimiento económico no se maneja con una ley, sino a través de los poderes del Ejecutivo, como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Este intento de reforma del 6% del PBI en Educación es absurdo, porque no se puede regular el presupuesto del Estado de esta manera”, detalla.

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[A este Congreso] no le interesa para nada el tema constitucional ni el económico, sino la imagen que dejan ante el electorado de cara a su futuro en política”, asevera.

¿Qué nos espera? Para Alfredo Thorne, exministro de Economía, pareciera que el Congreso “ha tomado el liderazgo de la política económica no para bien, sino para mal”. “No vamos a ver los efectos sino hasta más adelante, a partir del 2022”, comenta.

“Creo que los proyectos más duros y donde ha contribuido el Gobierno, para ser sinceros, es en la contrarreforma laboral. Lo estamos viendo ahorita con la Ley de Promoción Agraria. Hemos rigidizado tremendamente nuestro mercado laboral al punto de que queda la duda de si realmente todos estos puestos de trabajo, de subempleo que se están creando ahora, en algún momento se van a convertir en empleos adecuados. Tendería a decir que no”, puntualiza Thorne.

Alfredo Thorne, exministro de Economía. (Foto: GEC)
Alfredo Thorne, exministro de Economía. (Foto: GEC)

El panorama no es positivo, considerando que el Congreso deja una serie de leyes que generarían costos por miles de millones de soles –en el caso de algunas como la de ONP, dependerá del resultado del TC–. Y si llegara a corresponderle al país asumir esa carga financiera, ellos ya no estarán para pagar los platos rotos.

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