Por Paola Villar S.

Una norma más que contraviene la Carta Magna fue aprobada por el pleno del Congreso ayer, a pesar de las críticas que recibió de diversos especialistas en los últimos meses y sin considerar las posiciones técnicas de entidades del Ejecutivo. Se trata, pues, de una reforma constitucional que busca establecer que el Estado deba invertir no menos del 6% del PBI año tras año en el sector educación, un propósito que puede sonar bien, pero que en la práctica es inviable.

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