Exigen S/2 millones por barcaza petrolera con 10.500 barriles en río de Loreto

La compañía RICSA denunció el secuestro de un total de siete de sus trabajadores, así como la retención de una barcaza petrolera con 10 500 barriles de crudo en el río Corrientes, distrito de Trompeteros, región Loreto. La empresa indicó que los captores exigen el pago de S/2 millones para liberar a toda embarcación.

El pasado 12 de abril, alrededor de las 5.20 a. m., fue interceptado un convoy fluvial de manera agresiva por unas 25 personas en botes,cerca del centro poblado de Providencia. Los tripulantes fueron obligados bajo amenazas a desviar su ruta hacia un puerto, según la denuncia.

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Los manifestantes forzaron el abandono de la barcaza Pacífico XIX tras interrumpir la operación que transportaba el petróleo crudo. Todos los tripulantes fueron trasladados y remolcados a Coseda I, hacia una zona controlada por la comunidad. Paúl Vigo, gerente de operaciones de RICSA, indicó que los trabajadores recibieron agresiones físicas y verbales, por lo que tuvieron que ceder el control de la maquinaria.

Hasta el momento, se sabe que siete trabajadores permanecen privados de su libertad y estarían sufriendo afectaciones psicológicas y vulneración de sus derechos laborales. Por esa razón, la empresa formalizó las denuncias por secuestro, extorsión, disturbios y entorpecimiento de servicios públicos ante la fiscalía provincial Penal de Nauta.

Según RICSA, hay audios en los que se condiciona la liberación del convoy y del personal al pago en efectivo de S/2 millones. La compañía ha identificado a algunos de los responsables, tales como Manuel Peraza Sandi, apu de la comunidad de Providencia; al teniente gobernador Gary Peraza Valera; y al presidente de la federación, Isaías Saboya Mayanchi.

Mientras tanto, la compañía aseguró que no accederá a negociar bajo mecanismos de presión ilegal, pues sus activos están siendo retenidos con fines de enriquecimiento personal.

Ricsa advierte riesgo ambiental

Desde RICSA se alertó que la retención del crudo sin ninguna supervisión representa un peligro para el río en general, ya que la maniobra de la barcaza por personas que no conocen la técnica, podría provocar una calamidad ambiental.

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Igualmente, se supo que la paralización de las operaciones afecta el abastecimiento energético de la zona y detiene el flujo del canon petrolero que corresponde a la región Loreto.

La empresa exigió la liberación del remolcador Coseda I y la detención en flagrancia de los responsables, pues las autoridades ya iniciaron las investigaciones preliminares por un presunto caso de criminalidad organizada. La Capitanía de Puerto de Iquitos y la IV Macro Región Policial de la PNP también han sido notificadas desde el 17 de abril para ejecutar acciones inmediatas.