El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial dictar 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, y otros 16 presuntos miembros de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’. El requerimiento fue presentado el 5 de diciembre por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Cuarto Equipo).
El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial dictar 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, y otros 16 presuntos miembros de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’. El requerimiento fue presentado el 5 de diciembre por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Cuarto Equipo).
La medida se formalizó luego de que, mediante la disposición fiscal N.° 63, se iniciara una investigación preparatoria contra Moreno Hernández y los demás implicados por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado, extorsión y otros ilícitos en agravio de Moisés Trujillo León, Bruno Sebastián Mauro, William Cruz Vargas y del Estado peruano.
El pedido fue elevado al despacho del juez Wilson Verástegui, quien viene evaluando el caso desde el sábado 6 de diciembre. Durante las sesiones, las partes procesales han expuesto sus argumentos para que se determine la situación jurídica de cada uno de los investigados.
Solicitan prisión preventiva contra Erick Moreno y 16 implicados en organización criminal de extorsión. (Foto: Andina)
La investigación incluye a un total de 43 personas, entre ellas Jeff Hidalgo y Claren Bados, señalados por la Policía y el Ministerio Público como el lugarteniente y la cajera de ‘El Monstruo’, respectivamente. Según las autoridades, ‘Los Injertos del Cono Norte’ integrarían una red delictiva dedicada a la extorsión de empresarios, pequeños comerciantes, transportistas y colectiveros mediante llamadas, mensajes, audios y videos con contenido intimidatorio, con el fin de exigir pagos a cambio de no atentar contra las víctimas o sus familias.
El presunto cabecilla fue detenido el 25 de septiembre en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay, durante un operativo conjunto entre policías paraguayos y agentes peruanos. Posteriormente, el 18 de noviembre, la jueza penal paraguaya Clara Ruiz Díaz autorizó su extradición al Perú para continuar con el proceso en su contra.
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