Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El banco de datos de perfiles genéticos estará a cargo de la PNP y albergará información de investigados, procesados y víctimas, entre otros. (Foto: César Grados / @photo.gec)
El Poder Ejecutivo promulgó este sábado la Ley Nº 32595 que crea el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos (BNDPG) que estará a cargo de la Policía Nacional, herramienta técnica que tiene como finalidad facilitar la identificación humana mediante el procesamiento y almacenamiento de perfiles derivados del análisis de ADN.
El Poder Ejecutivo promulgó este sábado la Ley Nº 32595 que crea el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos (BNDPG) que estará a cargo de la Policía Nacional, herramienta técnica que tiene como finalidad facilitar la identificación humana mediante el procesamiento y almacenamiento de perfiles derivados del análisis de ADN.
La Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú será la encargada de administrar esta base de datos de carácter reservado. Un consejo de administración lidera el sistema y emite los protocolos necesarios para la seguridad de la información genética.
El registro centraliza los perfiles de personas investigadas, procesadas y víctimas de diversos delitos. El sistema también integra datos de internos en penales, desaparecidos, familiares y evidencias obtenidas en escenas del crimen.
Gobierno promulga ley para crear base de datos de ADN a cargo de la PNP.
La toma de muestras biológicas es obligatoria para sospechosos de delitos e internos de establecimientos penitenciarios. En cambio, el registro de perfiles de víctimas requiere un consentimiento informado previo y por escrito de los titulares.
La ley permite únicamente el uso de ADN no codificante para identificar individuos sin revelar datos médicos sensibles. La norma prohíbe utilizar el material biológico para fines ajenos a la investigación fiscal, policial o judicial.
Adicionalmente, el Gobierno modificó el Código Penal para sancionar la falsificación o alteración de perfiles genéticos en el país. Los responsables enfrentan penas de hasta 20 años de prisión si el daño causado afecta sentencias judiciales.
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