Las redes de tráfico ilegal de animales silvestres se ocultan en Lima

Quispillo no lo sabía, pero la policía seguía de cerca sus pasos. La tarde del 13 de abril, a las 2 p.m., el hombre de 37 años abandonó un edificio de la quinta cuadra del jirón Puno, en el Centro de Lima. En las manos llevaba un cachorro de raza ‘alaskan malamute’. A pocos metros del inmueble se reunió con dos personas a las que habría pretendido vender el can. Antes de que la transacción se completara, cinco efectivos lo intervinieron. Quispillo no tuvo tiempo para reaccionar.

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Las autoridades sospechaban que Luis Lanazca Mallqui, conocido como Quispillo, se dedicaba al tráfico ilegal de animales. Su centro de operaciones era el edificio del jirón Puno. En el cuarto piso, los policías encontraron –encerrados en jaulas metálicas– tortugas, loros y otras aves “en condiciones deplorables y antihigiénicas”, según el acta de intervención a la que accedió El Comercio.

Horas más tarde, la policía puso a disposición de la bióloga Pilar Ayala, especialista del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), 36 ejemplares:

• 15 aves botón del norte
• 8 loros cabeza roja
• 6 loros frente roja
• 3 periquitos
• 2 tortugas terrestres
• 1 loro mejilla amarilla
• 1 ave botón de oro.

“Cuando ingresamos al domicilio, encontramos todas las jaulas hacinadas. En ellas colocaban juntas a diferentes especies: los loros con palomas, periquitos australianos y aves pequeñas. Todas juntas con animales domésticos. [...] El lugar funcionaba como un depósito. Por la cantidad [de ejemplares hallados], posiblemente hubo más antes de nuestra intervención”, rememora Pilar Ayala.

Los animales recuperados fueron trasladados luego a un local de Serfor en Ate, en la zona este de Lima, para evaluar su condición, observar su comportamiento y brindarles atención básica. Pero esta es solo una estancia de paso: el destino de estos ejemplares será un centro autorizado para su crianza. En Lima hay alrededor de 35, entre zoológicos y zoocriaderos.

–Peligro constante–

Un estudio de la Wildlife Conservation Society (WCS) señala que “las condiciones de captura, transportes y venta [de fauna silvestre] en el mayor de los casos resulta en la muerte del animal”. Además, “los sobrevivientes no alcanzan estándares mínimos de bioseguridad y bienestar”.

En enero pasado, Pilar Ayala participó en una operación en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Un ciudadano belga fue obligado a bajar de su avión minutos antes de que el vuelo partiera. Frente a él, los inspectores abrieron su maleta y encontraron –escondidas en pequeñas cajas de madera de unos 10 cm– más de una decena de aves exóticas que pretendía sacar del país sin autorización.

En algunos casos, las especies silvestres son vendidas a coleccionistas y zoológicos en Europa, Asia o Estados Unidos. En otros, para la preparación de comidas y bebidas exóticas, y la medicina tradicional. También se crían en casa debido a que en el mundo –y el Perú no es una excepción– tener animales silvestres como mascotas es una práctica muy popular.

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Una encuesta que WCS elaboró en el país entre los años 2014 y 2015 con la participación de 554 personas arrojó que el 71% “indicó tener o haber tenido un animal silvestre como mascota, ya sea porque lo compró en un mercado o porque le fue obsequiado”.

Según estudios de esa organización, el comercio ilegal de especies en el Perú es “principalmente abastecido por comunidades amazónicas”, a través de “pobladores locales [que] se ven involucrados en una actividad ilegal de la que obtienen escasas ganancias”.

Además, se calcula que más del 80% del tráfico visible de fauna silvestre se concentra en mercados de Lima, Tumbes, Loreto y Ucayali. En la capital, la venta se efectúa principalmente en el Mercado Central, el mercado Huamantanga (Puente Piedra) y Gamarra (La Victoria), entre otros centros de abastos.

“La mayor parte del tráfico se concentra en Lima, no solo porque es la capital, sino porque tiene el aeropuerto Jorge Chávez, desde donde las especies se envían a otros países”, asegura Jessica Gálvez–Durand, directora de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre de Serfor.

–Sector boyante–

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha incluido al tráfico ilegal de vida silvestre –flora y fauna– entre las principales actividades de crimen organizado transnacional. Sin embargo, es difícil hacer cálculos certeros sobre el valor económico que genera esta práctica.

Sin contar la venta no autorizada de productos hidrobiológicos y madera, se estima que el comercio de vida silvestre produce entre US$7.800 y US$10.000 millones cada año.

A menor escala, los precios son muy variables. En un mercado ambulante, un guacamayo puede costar S/250, pero su valor podría duplicarse o hasta triplicarse en Internet.

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En el 2019, la Policía Nacional y Serfor recuperaron 3.450 animales silvestres en operaciones. En el 2020, el año en que el mundo entero se paralizó por la llegada del COVID–19, se decomisaron 2.385 ejemplares. La mayoría (1.429) fueron anfibios, seguidos por reptiles (422), aves (307) y mamíferos (227).

“Debido a la diversidad de especies y lo accidentado del territorio, es difícil determinar las zonas específicas donde se lleva a cabo la extracción de especies”, concluye un informe de WCS.

Finalmente, extraer a un animal silvestre de su hábitat es un camino sin retorno: la posibilidad de que este regrese a su hogar es prácticamente nula.

“Primero, es posible que por el contacto con otras especies hayan adquirido enfermedad que quizá físicamente no notamos. Además, se han acostumbrado a consumir alimentos que tal vez no existan en su ambiente natural, porque han tenido que adaptarse a nuevas condiciones de vida. Y por último, se vuelven presa fácil para cualquier depredador”, detalla Pilar Ayala.

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