¿Cuáles son las medidas contra la extorsión y los plazos para evitar una huelga indefinida en el transporte?

Tal y como se había anunciado, la mañana de ese jueves se llevó a cabo una mesa técnica convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en la que participaron gremios de transportistas y representantes del Ejecutivo, Congreso y otras instancias del Estado. El objetivo era establecer, de una vez por todas, metas claras, medidas urgentes y plazos fijos con miras a combatir de forma efectiva las extorsiones y el sicariato en el sector transporte, así como en la sociedad en general. Al parecer, este propósito se cumplió, aunque todo dependerá de lo que se discuta en las siguientes reuniones.

La mesa técnica, realizada en Palacio de Gobierno, fue encabezada por la expresidenta Dina Boluarte y contó con la participación del primer ministro Eduardo Arana; ministros del Interior, Economía, Justicia, Mujer, Transportes, Educación y Trabajo; el director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda; representantes de otros gremios de transportistas; fiscal de la Nación Tomás Gálvez; presidenta del Poder Judicial Janet Tello; el comandante general de la PNP Óscar Arriola, el presidente del Legislativo José Jerí y titulares de Comisiones del Congreso.

Alrededor de la 1:30 pm, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, dio lectura en el patio del Palacio de Gobierno del acta suscrita en la mesa de trabajo multisectorial instalada para abordar de manera integral la problemática que afecta al servicio de transporte urbano.

En este espacio participaron representantes de los tres poderes del Estado, del Ministerio Público, de la Policía Nacional y de los gremios del sector transporte. Los acuerdos a los que llegaron dichas instancias son los siguientes:

1) En un plazo no mayor a 15 días se creará una unidad especializada en al Policía Nacional del Perú para combatir la extorsión.

2) En un plazo no mayor a 15 días desde la Mesa Directiva del Congreso de la República se impulsará una incitativa legislativa para la creación de un grupo interinstitucional especializado para el combate de la extorsión y el sicariato integrado por el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú y otras instancias.

3) El Ejecutivo se compromete a destinar el presupuesto necesario para la implementación de nuevas unidades de flagrancias, el grupo especializado detallado en el punto #2 y las fiscalías especializadas en bandas criminales.

4) Desde el Congreso de la República se realizarán precisiones inmediatas a la ley de criminalidad sistemática. Del igual modo se priorizará el debate de medidas urgentes para combatir la inseguridad ciudadana.

5) En el plazo de 15 días hábiles, el Poder Ejecutivo reglamentará todas las leyes que se encuentren pendientes y que estén relacionadas con la seguridad ciudadana y en especial sobre sicariato y extorsión. Para lo cual se solicitará al Congreso la exoneración del plazo para la prepublicación y la recepción de comentarios, así como para el análisis de calidad regulatoria.

6) Desde el Ministerio Público se propondrá una iniciativa legislativa para la ampliación del plazo de flagrancia mayor a 72 horas y se considere un plazo de 15 días de detención aplicables a los delitos de sicariato y extorsión.

7) El Poder Ejecutivo se compromete a emitir medidas extraordinarias para combatir la inseguridad ciudadana.

8) La próxima mesa de trabajo se realizará en la sede de Palacio Legislativo el jueves 16 de octubre, a las 8:30 am, con la finalidad de evaluar medidas alternativas y complementarias. Asimismo, la subsiguiente sesión en Palacio de Gobierno se realizará el 9 de noviembre, a las 10 am.

En tanto, el primer ministro destacó que estos acuerdos son el resultado de un trabajo en conjunto entre los distintos poderes del Estado, los gremios de transportes y demás instancias. Por otro lado, expresó su pesar y condolencias a las familias que han caído en manos de la criminalidad.

“El compromiso del Estado, y en particular del Ejecutivo, es luchar contra este flagelo que representa la criminalidad organizada, el sicariato y toda forma de delito que afecte a la sociedad”, señaló Arana.

En diálogo con El Comercio, Martín Ojeda destacó los acuerdos suscritos y establecidos en el acta de la reunión. Sin embargo, lamentó el escenario político suscitado este jueves, en simultáneo al desarrollo de la mesa técnica con el Ejecutivo y el Congreso (mociones de vacancia contra la presidenta). Al margen de si está a favor o no de esta postura, mostró su preocupación ante la incertidumbre en que quedaría las conversaciones del sector transporte con los poderes del Estado.

"Es una vergüenza. ¿De qué nos sirve una reunión y establecer acuerdos si esos acuerdos no van a servir? Es una burla. No digo que no quieran sacarla (a la presidenta), pero por favor que sean más sinceros. Recién nos enteramos saliendo de la reunión“, señaló.}

Ojeda agregó que esto originaría que los diferentes gremios de transportistas se sienten nuevamente a conversar con las autoridades. Mientras tanto, los ataques y asesinatos contra transportistas seguirán, añadió.

“Buscamos conversar con los poderes del Estado, pero esto demuestra que estamos más desunidos que nunca. Nos hubieran dicho. ¿Ahora con quién nos sentaremos a conversar? Con nadie. Los acuerdos y plazos quedarían en stand by. Habrá que establecer nuevos“, sostuvo.

A su turno, Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte, pidió a los poderes del Estado “tomar las cosas en serio”, en el marco de la reunión programada por gremios de transportistas y el Ejecutivo.

“Se le ha ido de las manos al Gobierno la seguridad del país. Yo considero que esto ya es una guerra. Nadie está seguro en este país. Cualquiera puede ser atentado de una u otra manera. El gobierno debe tomar la decisión, en conjunto con los demás poderes del Estado, de enfrentar esta masacre, este baño de sangre, creo que eso es lo importante”, expresó.

Por otro lado, dijo que el sector transporte volverá a realizar un paro “si es que estas conversaciones que se dan [entre gremios y el Gobierno] es un simple saludo a la bandera”.

Mientras se llevaba a cabo la reunión multisectorial en Palacio de Gobierno, algunos representantes de los gremios de transporte denunciaron que fueron impedidos de ingresar a la referida cita. Uno de ellos fue Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, quien sostuvo que tanto él como otros dirigentes que no fueron tomados en cuenta son los que realmente buscan defender la vida de los conductores.

“No se ha instalado una mesa técnica de trabajo permanente de alto nivel con los que deben de estar. Los representantes que estamos en la calle en defensa de la vida, no hemos sido escuchados. Ellos (los que ingresaron) están luchando por sus propios intereses. Por eso vamos a evaluar irnos a una medida de fuerza y hacer un paro coordinado”, dijo Palomino.

Por su parte, Héctor Vargas, de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, manifestó que desde hace dos días se realizaban las coordinaciones para dicha reunión y que, pese a que les habían confirmado su participación, finalmente no fueron recibidos por las autoridades.

“Hace dos días sabíamos que iba a haber esta reunión en el Congreso y el Ejecutivo. Dos días hemos estado coordinando para que hubiera una sola lista y anoche (miércoles) recién se pusieron de acuerdo de que la reunión sea en la PCM. Nos dijeron que íbamos a participar, sin embargo, nos damos con esta sorpresa de que la PCM no nos ha permitido ingresar”, expresó.

Cabe mencionar que un grupo de congresistas también fueron excluidos de la mesa técnica en la que participan el premier Eduardo Arana y el presidente del Congreso José Jerí. En tanto, al no ser recibidos en la sede de la PCM, los dirigentes del transporte se retiraron hacia el Congreso, donde iban a sostener una reunión por la tarde con un sector de los parlamentarios.