Curarse en salud

El domingo por la noche, un reportaje del programa “Punto final” reveló que seis funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa) y una cadena de centros médicos de propiedad del empresario Luis Quito Rodríguez depositaron, respectivamente, S/98.400 y US$70.000 en una cuenta bancaria a nombre de Dervy Apaza Meza, madre de los hijos del titular de ese sector, Jorge López Peña. De acuerdo con el programa, los funcionarios fueron convocados a la oficina del ministro el pasado 31 de agosto y allí recibieron sobres manila con el dinero a ser depositado, con la instrucción de hacerlo en distintas agencias bancarias, ubicadas en seis diferentes distritos de Lima. En cuanto al depósito de la empresa de Quito, López Peña ha sostenido que respondió a la venta de un tomógrafo.

La operación, como es obvio, presentaba serios indicios de ser un ‘pitufeo’ con fines de lavado de activos, lo que provocó que, poco después de la difusión del informe, el presidente Pedro Castillo anunciara en Twitter que había decidido “dar por concluidas” las funciones del ministro “en aras de demostrar absoluta transparencia” en su gobierno: una reacción que contrasta con su actitud ante tantas otras denuncias de similar o peor calibre. En múltiples ocasiones, como se sabe, él ha preferido dejar en el puesto al funcionario sospechoso hasta que su remoción fuera absolutamente inevitable o resuelta por el Congreso. Allí está, solo por poner un ejemplo, el caso del censurado Geiner Alvarado, que era ministro de Transportes y Comunicaciones mientras se encontraba investigado por el Ministerio Público sin que al mandatario ello pareciera incomodarle (quizá porque, según la tesis fiscal, Alvarado y Castillo integrarían una misma organización criminal).

Lo cierto, no obstante, es que, por prestos que parezcan en esta oportunidad, los reflejos del mandatario han sido una vez más tardíos. Hace más de dos meses, cuando López Peña acababa de ingresar al Gabinete, este Diario advirtió de los problemas que arrastraba –concretamente, una sanción administrativa y una pesquisa fiscal por haber brindado declaraciones falsas sobre el Hospital Nacional Ramiro Prialé cuando se desempeñaba como presidente del cuerpo médico del mismo– sin que ello motivase respuesta alguna de parte del Gobierno. Según el documento de febrero del 2021 en el que se incluyen las conclusiones sobre el proceso que se le siguió, él “habría declarado situaciones y hechos que no se ajustan a la verdad, alterando intencionalmente la realidad, en perjuicio de la institución, de sus colegas de trabajo y de la propia colectividad”.

En su momento, López Peña declaró a este Diario que la investigación había sido archivada cuando se encontraba en etapa preliminar, pero, según registros, el caso se encuentra en la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Junín, donde se resolvió una impugnación contra el archivo en primera instancia. Nada de esto, sin embargo, perturbó la determinación del jefe del Estado de mantenerlo en el cargo.

Llama la atención, por otra parte, que en esta ocasión el presidente haya prestado oídos a una denuncia de esa prensa que él habitualmente considera parte de una conspiración para vacarlo y que, contra su costumbre, haya estado dispuesto a licenciar a un colaborador suyo a partir de lo que suele denominar “solo dichos”. ¿A qué obedece este brusco cambio de comportamiento? Hay quienes sostienen que tanto esto como el allanamiento oficial al retorno de Daniel Soria a la Procuraduría General del Estado serían gestos que buscan mejorar el aspecto del Gobierno antes de la próxima visita de la misión aprobada por el Consejo Permanente de la OEA. Pero, como bien se dice, una o dos golondrinas no hacen un verano.

De cualquier forma, queda claro que, más que estos demorados parches y maquillajes de última hora, lo que el presidente Castillo tendría que hacer es curarse en salud. Es decir, en lugar de cambiar ministros cuestionados cuando la situación política apremia, evitar nombrarlos en primera instancia. Para eso solo hace falta una revisión oportuna de antecedentes cuando ciertos nombres comienzan a barajarse en Palacio. Si la prensa puede hacerla, el Ejecutivo también. Y la designación del reemplazante de López Peña en el Minsa será una buena ocasión para demostrarlo.