Segunda jornada de protesta en Machu Picchu: Joinnus planea reducción del contrato

El segundo día de paro se llevó a cabo en Machu Picchu a raíz de la implementación de un nuevo sistema de boletería virtual para el acceso a séptima Maravilla del Mundo. Esta plataforma inició sus operaciones en los últimos meses del 2023 para la oferta de tickets digitales para diversos sitios turísticos administrados por el Ministerio de Cultura (Mincul). La huelga fue más activa en esta nueva jornada.

El ojo de la tormenta está en las narrativas de ‘privatización’ y ‘centralismo’ que arguyen los manifestantes, a causa de haberse empleado la estructura de la empresa privada peruana Joinnus para ofrecer las entradas de manera digital. Autoridades -incluyendo el Mincul- y expertos han desacreditado estos argumentos.

Cabe señalar que la venta virtual ya se realizaba de manera digital por medio de una plataforma -considerada como antigua y deficiente por la propia ministra Leslie Urteaga- que operaba la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Desde el 2019 se viene ejecutando un proyecto de crear una plataforma digital propia del Mincul que permita ordenar la venta de boletos.

Ante esto, la entidad optó por ‘alquilar’ -como lo explicó la ministra a este Diario ediciones atrás- una landing page que permita acceder a la boletería. Es decir, Joinnus no opera la web de venta de entradas, es solo dueño del espacio que ha sido rentado por el Ministerio. De hecho, cuenta con una dirección diferente (tuboleto.cultura.pe), lleva el logo de la institución cultural y es administrada por esta.

El 19 de enero de este año se firmó una segunda adenda al contrato entre Joinnus y el Mincul en el cual la empresa mencionada desiste de cobrar la comisión por boleto vendido que se dispuso inicialmente en el convenio. Este viernes, la empresa comunicó su interés en finalizar el contrato -que actualmente rige por un año, terminando en agosto del 2024- de manera anticipada.

“Desde el lanzamiento de la nueva plataforma de venta de entradas a Machu Picchu, Joinnus renunció voluntariamente a percibir la comisión variable por un lapso de 6 meses”, anunció la empresa. “Si bien la orden de servicio en cuestión culmina en agosto del 2024, estamos enviando una carta al Ministerio ofreciendo adelantar su fecha de vencimiento y poniéndonos a disposición para el inicio de un nuevo proceso de selección, si lo considera conveniente”, sostiene el comunicado.

Joinnus resaltó que su “objetivo con esta plataforma es simplificar y hacer transparente el acceso al patrimonio cultural del Perú para todos los turistas, nacionales y extranjeros”, además de resaltar que tras el lanzamiento del portal -previo a la incorporación de Machu Picchu- ingresaron más de 100 mil personas en las primeras 24 horas.

La corporación fue tajante en rechazar “las afirmaciones que indican que se trata de un proceso de privatización: Joinnus no es dueño, ni tampoco busca serlo, de ningún servicio asociado a Machu Picchu. Nuestro servicio se centra solo en la tercerización de la venta de entradas”.

Este viernes, miles de manifestantes volvieron a salir a las calles del distrito de Machu Picchu y otras zonas de Cusco para mostrar su rechazo a lo que consideran la privatización del sitio turístico más emblemático del país. Como medida de protesta, se tomaron espacios de las vías férreas.

Ante las medidas de protesta, el Ferrocarril Trasandino S.A., concesionario de la vía férrea en el sur y oriente del país, anunció la suspensión de sus operaciones ferroviarias el viernes 26 de enero en el tramo Ollanta-Machu Picchu-Hidroeléctrica. El jueves 25 se registraron enfrentamientos en la vía férrea que dejaron dos heridos.

Por su parte, el Ministerio Público exhortó “a la población de Machu Picchu Pueblo a no bloquear las vías de comunicación, ni alterar el orden ni dañar la propiedad pública o privada, toda vez que estas acciones podrían generar la comisión de delitos”.

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, exigió la calma por parte de los manifestantes y de la policía en el marco de la jornada de protesta. “Que esto no nos lleve al derramamiento de sangre”, dijo el funcionario. Luego, arremetió contra el Ministerio de Cultura por haber optado por emplear a una empresa privada tras “años de olvido”.

Salcedo planteó que sea el propio Gobierno Regional la entidad que construya la plataforma “auditable y transparente” para la venta de boletos a la Llaqta. “El GORE plantea que se retorne al aplicativo [de la DDC Cusco] y se retorne a todo el personal”, sostuvo el gobernador.

“Exigimos la transferencia total, administrativa y de recursos financieros, de DDC Cusco y de nuestro santuario [al Gobierno Regional]”, exhortó el funcionario. Finalmente, señaló que el 100% de la recaudación obtenida a través de la venta de boletos debe quedarse en el Cusco.