Conflicto social en Las Bambas: un corredor sin salida

Es una composición fotográfica en la que se ve a un vaquero con el rostro de Guido Bellido montado a caballo y lanzando una soga a una res que intenta escapar. “El primer ministro qorilazo wakachuta”, dice como título. La compartió en Facebook Wilber Fuentes, dirigente del Frente de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas. Días antes, el entonces primer ministro había viajado a esa provincia, donde el corredor minero había sido bloqueado en una nueva protesta contra la mina Las Bambas.

La gestión de Pedro Castillo comenzó con un viejo conflicto social reactivado, y precisamente en una de las provincias donde Perú Libre obtuvo una de las mayores votaciones en la segunda vuelta (más del 96%).

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Los dirigentes de la zona cuestionan que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) decidiera en el 2018 reclasificar la carretera que atraviesa sus comunidades como vía nacional, lo que permite el tránsito de la carga pesada. Por eso exigen que se derogue la R.M. 372-2018-MTC, además de una indemnización por perjuicio ambiental y su inclusión como proveedores de bienes y servicios de la empresa.

En las últimas semanas, las protestas han recrudecido, los dirigentes mantienen su pliego de demandas, la empresa anuncia una posible paralización, el diálogo está entrampado y el Ejecutivo no encuentra una salida.

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Raúl Molina, exviceministro de Gobernanza Territorial, y Paola Bustamante, exministra y durante algún tiempo alta comisionada para el Diálogo y el Desarrollo del Corredor Vial Sur, son dos de las personas que en los últimos años han podido conocer de cerca qué sucede en torno a Las Bambas. Esto les permite saber en qué ha fallado el Estado al afrontar este enorme problema.

“Hemos visto un rosario de errores. En este momento pareciera que al Gobierno no le importa”, dice Molina. Él comenta que el problema nace años atrás, cuando el Estado dejó a la empresa a merced de las negociaciones con las comunidades, sin participar activamente, como debía ser.

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Ya en el actual gobierno, después de aquella primera visita de Bellido a Chumbivilcas (de donde él proviene, además), las comunidades “se han envalentonado” y esto ha hecho difícil el diálogo.

Por ejemplo, el jueves, Wilber Fuentes declaró que insistirán a la mina para que contrate como proveedoras de servicios (como el transporte de mineral) a “empresas comunales”, tal como Bellido ofreció. “A cambio, garantizamos la parte social en el corredor minero”, dijo también Fuentes, refiriéndose con ello a que levantarían las protestas.

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Paola Bustamante comparte el punto de vista de Molina. “El Estado generó condiciones, pero dejó que la empresa se pusiera de acuerdo con las comunidades, interpretando que era un acuerdo entre privados”, explica.

Bustamante opina además que aquí hay un componente político muy marcado. Ella señala que hay operadores en el Gobierno que han asumido la postura de las comunidades, afectando las negociaciones y el diálogo. “Parece que el Gobierno le cedió ese territorio a Perú Libre”, dice.

Uno de estos operadores es Marco Sipán, antes integrante del partido Movimiento de Afirmación Social (MAS), de clara postura antiminera, y hoy jefe de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas. Él participó esta semana en una mesa de diálogo en torno a Las Bambas y, según refieren algunos de los asistentes, mostró un claro favoritismo hacia los comuneros. “La intervención del señor Sipán resultó deplorable [...] actuó de forma absolutamente parcializada, exacerbando los ánimos y atizando el conflicto”, expresó en un comunicado la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

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