Amnistía Internacional (AI) acusó este jueves a Rusia de ser cómplice y aprovecharse del “tráfico de personas” para el reclutamiento de africanos, asiáticos e iberoamericanos en las tropas rusas que luchan en Ucrania, tras entrevistar a doce prisioneros de guerra de esta procedencia que están en manos de Kiev y dicen haber sido desplegados en el frente engañados o para resolver problemas legales en Rusia.
Según dijo la investigadora de AI Anna Wright en Kiev en una rueda de prensa virtual para presentar un nuevo informe de la organización, algunas de estas personas llegaron al Ejército ruso tras aceptar en sus países de origen contratos de trabajo no relacionados con las fuerzas armadas en sectores como la logística, la seguridad, la construcción o las tecnologías de la información.
Otros acaban en posiciones de combate al ofrecérselo las autoridades rusas como alternativa a la detención y posterior expulsión una vez les había caducado el visado.
En uno de los casos documentados a través de un grupo de abogados de Perú que representa a las víctimas, un padre peruano que había aceptado una de estas ofertas logró avisar ya desde el Ejército a su hijo, que había viajado poco después a Rusia para el mismo tipo de trabajo, para que no siguiera adelante con la oferta.
El hijo logró escapar del centro de reclutamiento en Rusia al que le habían llevado y se refugió en la legación diplomática peruana, adonde se presentaron sus reclutadores reclamando que les entregaran al ciudadano peruano. Los diplomáticos peruanos no cedieron y el joven pudo regresar a su país, explicó Wright.
Los abogados de estos dos peruanos representan a unas doscientas familias de Perú cuyos seres queridos han viajado a Rusia engañados con ofertas de trabajo similares que acaban con el envío al frente de los interesados.
Dificultades para renunciar
Según dijo Wright a preguntas de EFE, los testimonios de los prisioneros de guerra entrevistados muestran que las autoridades rusas no les permiten volver a su país cuando los reclutados de forma engañosa descubren que serán soldados.
Según la investigadora, cuando quieren marcharse se les amenaza o se les dice que han firmado un contrato por cierto plazo y que podrán irse una vez lo hayan cumplido.
Los afectados por estas prácticas no hablan ruso y provienen a menudo de entornos vulnerables y con poca preparación. En muchos casos firman los contratos en ruso sin entenderlos, según las conclusiones de AI.
La secretaria general de AI, Agnès Callamard, subrayó por su parte en la rueda de prensa que las autoridades rusas son cómplices de estos engaños perpetrados generalmente por agentes privados al reclutar de forma prácticamente forzosa a las víctimas aunque éstas lo denuncien.
Las investigadoras de Amnistía -que han visitado a los prisioneros de guerra en seis visitas a campos de prisioneros operados por Ucrania realizadas durante dos años- han observado un incremento en la llegada de combatientes capturados de América Central y del Sur en las últimas dos semanas.
Otro de los casos de ofertas falsas de trabajo -documentado a través de la mujer de la víctima- afecta a un sudafricano que aceptó una oferta como camionero en Polonia.
Quienes se la hicieron le dijeron que tenía que viajar a Rusia para recoger allí el camión que debía conducir hasta el país europeo, pero una vez en suelo ruso fue llevado al Ejército y está combatiendo en el frente.
Según el informe de AI, la inteligencia militar ucraniana ha identificado a más de 28.000 extranjeros de 136 países distintos que han participado con el Ejército ruso en las hostilidades desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.
Amnistía entrevistó para hacer el informe a 15 prisioneros de guerra no rusos cautivos en Ucrania. De ellos sólo tres fueron al frente de forma consciente. Los entrevistados son ciudadanos de Sri Lanka, Cuba, Colombia, Brasil, Egipto, Sierra Leona y Somalia.
