Trump quiere más centros de datos, pero se topa con trabas: cuánto peso tendrá esta infraestructura clave para la IA en los próximos comicios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció este lunes sobre la necesidad de que se construyan más centros de datos en su país en medio de la pugna geopolítica y tecnológica con China. No obstante, la discusión tiene un importante componente político a nivel interno debido a las cada vez más cercanas elecciones de medio término.

Trump ha defendido la expansión de estos grandes espacios de procesamiento digital como un recurso generador de bonanza, a través de la recaudación procedente de dichos centros.

“La única razón por la que las comunidades alrededor de Estados Unidos no quisieran centros de datos es que quieran terminar siendo atrasadas y pobres. Si desean ser exitosas y ricas, con mucho menores impuestos y trabajos por doquier, dejen reinar a los centros de datos”, escribió el mandatario en su red social, Truth Social.

Posturas y recursos

A pesar de la insistencia del líder del Partido Republicano por ampliar la red de centros de datos en EE.UU., ese impulso ha chocado con la oposición no solo de la parcela opositora, sino también desde su propia agrupación y un sector cada vez más importante de la base electoral de este último.

Estados con importante presencia o hegemonía republicana como Oklahoma, Dakota del Sur o Texas han trabajado en mayor o menor medida en proyectos de moratoria y postergación de la instalación de los grandes inmuebles logísticos de procesamiento informático.

A mediados de agosto el gobernador texano, el republicano Greg Abbott, anunció reformas con “estándares” para la introducción de centros de datos en su jurisdicción.

“Establecí límites claros para garantizar que los centros de datos protejan nuestra red eléctrica, conserven nuestra agua, respeten nuestros vecindarios y sean autosuficientes. No deben trasladar los costos a las familias de Texas ni interferir con su calidad de vida”, señaló Abbott.

El gobernador de Texas había señalado con anterioridad que buscaba que su estado se convirtiera en un “epicentro” del desarrollo de la inteligencia artificial, sector con una demanda creciente de centros de datos e incluso durante el año pasado promovió la generación de incentivos fiscales para el sector. Sin embargo, los parámetros que su gestión acaba de establecer para la operación de dichos inmuebles suponen un cambio diametral con respecto a su discurso previo.

Según el gobierno estatal texano, los centros de datos que busquen operar en su territorio deben pagar por la infraestructura eléctrica y de otros recursos “en lugar de trasladar los costos a familias y pequeñas empresas y reutilizar su propia agua”. Otros requerimientos incluyen reducir el costo de la electricidad para la población local, autofinanciarse y no perturbar los vecindarios.

Tales lineamientos se sitúan en la vereda opuesta de la visión del gobierno central estadounidense, que desde el inicio de la gestión de Trump en el 2025 estableció un marco regulatorio favorable a la inversión en el sector con el llamado “Plan de Acción de Estados Unidos Sobre Inteligencia Artificial”. Como parte de este surgieron directrices como la Orden Ejecutiva 14318 de “Aceleración de la Autorización Federal para la Infraestructura de Centros de Datos”.

Esta última indicaba que su propósito era “aliviar la carga regulatoria federal” para el desarrollo de la IA, a través de un sistema de exclusiones de restricciones ambientales para proyectos de centros de datos, a los que también se brindarían incentivos como préstamos, subvenciones, acuerdos de compraventa y facilidades de acceso a terrenos.

Reacciones como la de Texas se han hecho cada vez más frecuentes, con varias localidades y gobiernos subnacionales mostrando su preocupación por el consumo de recursos energéticos e hídricos de estos focos logísticos, además de una posible afectación del empleo y las actividades tradicionales.

Un reporte de la Oficina de Electricidad del Departamento de Energía de EE.UU. en el 2024 daba cuenta de una expectativa de crecimiento del consumo eléctrico de entre el 15% y el 20% a lo largo de la última década en el país norteamericano.

Hacia el 2023 los centros de datos empleaban alrededor del 4% de la electricidad generada en Estados Unidos, pero la proyección del gobierno fue que la instalación de centros de datos para proveer a la industria de la inteligencia artificial podría elevar ese consumo hasta el 9% para el 2023.

El mismo informe mencionaba que se trataba de un desafío relevante porque se trata de infraestructura que requiere un suministro ininterrumpido y de gran escala, presentando como potencial solución incentivos para desarrollar energías sostenibles y también reactores nucleares para cubrir la nueva demanda energética.

Por su parte, un estudio del Centro de Investigación Avanzada de Houston y de la Universidad de Houston en el 2025 calculaba que los centros de datos masivos de Texas requerirían 49.000 millones de galones de agua durante ese año, cifra que se elevaría a los 399.000 millones de galones para el 2030. El Instituto Lincoln, que hacía eco de dicho trabajo, indicó que esto equivalía a reducir el nivel del embalse más grande de EE.UU., el lago Mead, en unos 4,86 metros por año.

El problema del uso del agua por parte de los centros de datos es que el líquido que estos emplean para labores de refrigeración no se reutiliza, pues gran parte de esta se evapora durante el proceso y no retorna al caudal de los ríos y otras fuentes. Con esa afectación potencial, muchas comunidades rurales también temen que la escasez de recursos hídricos termine impactando la producción agropecuaria de la que dependen.

Negativa transversal

El estado de Virginia cuenta con una de las mayores concentraciones de centros de datos en el mundo y desde inicios de este año sus residentes vieron cómo el promedio de sus recibos mensuales de electricidad aumentó en 11 dólares.

Aunque algunos sectores atribuyeron el incremento a la inversión en energías renovables, especialistas y entidades como la Fundación de la Bahía de Chesapeake apuntaron a la presencia de los centros de procesamiento informático. Desde esos puntos de vista, la inversión en nueva infraestructura para abastecer la demanda energética de los ‘data centers’ estaría siendo cubierta en parte con tarifas de electricidad más altas para el consumidor común.

Otros estados como Maryland, Ohio y Georgia también han visto incrementos, planes de aumento o pérdidas presupuestarias en relación con el costo de electricidad derivado de los centros de datos. En ese contexto el tema se ha vuelto parte del debate de la campaña electoral de medio término, en las que se votará la renovación de asientos del Congreso y a las autoridades subnacionales.

Vivek Ramaswamy, candidato republicano a gobernador de Ohio, ha propuesto frenar nuevos proyectos a menos que no cumplan requerimientos como que las empresas paguen todo el consumo eléctrico de la localidad o que estas instalaciones se comprometan a mantener la calidad del agua y del aire, a cambio de menos impuestos prediales.

“La industria de los centros de datos no ha logrado ganarse la confianza de millones de ciudadanos de Ohio”, afirma el candidato.

La prensa estadounidense reporta que parte de estas propuestas son similares a las de Amy Acton, rival demócrata de Ramaswamy, quien plantea que los inversores de ‘data centers’ cubran la totalidad de agua y electricidad que consuman y demuestren que sus operaciones no supondrán que los recibos de los ciudadanos se eleven.

Esta tendencia de fiscalización o moratoria sobre los centros de datos se ha visto también también entre los candidatos a las dos cámaras del Congreso, gracias a que hay importantes incentivos electorales.

Un sondeo de la consultora de opinión Gallup publicado en mayo reveló que siete de cada diez estadounidenses se oponen a la construcción de centros de datos en sus comunidades, con un 48% señalando oponerse decididamente. Paralelamente, un 20% de los encuestados se mostraba moderadamente favorable y solo un 7% declaraba estar “firmemente a favor” de las plantas de procesamiento informático.

Para Francisco Belaunde, analista y docente de geopolítica en la Universidad San Ignacio de Loyola, la persistencia de Donald Trump por llevar a cabo su agenda de cara a la inteligencia artificial y la creación de centros de datos obedece esencialmente a un impulso personal, más que a la pugna con China en el sector tecnológico.

“En la inteligencia artificial hay una competencia muy fuerte con China, en la que Estados Unidos sigue avanzando, pero por otro lado hay mucha gente preocupada de que en su vecindario se construyan estos centros de datos porque estos consumen demasiada energía y pueden generar problemas de tipo ambiental”.

“Son dos realidades que están ahí y si Trump fuera racional se daría cuenta de que eso puede afectar a los republicanos en las elecciones legislativas de noviembre. Sus copartidarios están preocupados de que eso perjudique sus posibilidades. Alguien racional buscaría un discurso que tenga en cuenta esas inquietudes y muestre cierta empatía”, agrega el profesor universitario.

Las preocupaciones al interior del Partido Republicano que cita Belaunde se han dejado ver progresivamente en estudios como el que Polymarket publicó a inicios de esta semana, que otorga al Partido Demócrata una posibilidad de alrededor del 50% de alcanzar la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes en los comicios de noviembre.

En el mejor escenario posible para los republicanos, según el mismo estudio, se proyecta una posibilidad que va del 34% al 39% de que el partido de Trump mantenga el control del Senado, pero con los demócratas quedándose con la cámara baja.

Desde la perspectiva de Belaunde, los centros de datos no son el único elemento que ha incidido en una potencial disminución de la intención de voto para los republicanos, citando como factor adicional la política arancelaria del gobierno de Trump, entre otros casos. Asimismo, para el profesor de la USIL la obstinación por tener esta infraestructura en suelo estadounidense parte de su actual razonamiento nacionalista y proteccionista.

“Puede ser una lógica relacionada con el tema de los aranceles. Trump es súper nacionalista y quiere que estas inversiones se realicen en Estados Unidos, pues las concesiones de centros de datos implican mucho dinero y quiere que esos recursos no vayan a otros países”, explica Belaunde.

Esa perspectiva es compartida en parte por Jorge Antonio Chávez, internacionalista y docente de la Academia Diplomática del Perú, que explica que los centros de datos son vistos por el mandatario estadounidense como otra vía de reindustrialización de su país.

“Trump tiene varias razones para hacer esto, pues entiende que los centros de datos son fundamentales en esta competencia con China por el dominio de la inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas”, comenta Chávez.

“Él entiende también que estos centros de datos podrían generar una cantidad de empleos importantes de lo que en Estados Unidos se llama ‘blue collar’: obreros que son parte de su base política, así que él entiende que el país debería recuperar esa pujanza industrial”, agrega.

Para el docente de la Academia Diplomática del Perú, si bien Trump puede ver como “fundamental en términos de seguridad nacional” la inversión en inteligencia artificial e infraestructura relacionada, no se deberían desestimar los cuestionamientos de la ciudadanía que vive en zonas que podrían albergar estos nodos logísticos de informática.

De momento, la iniciativa de ‘data centers’ sigue siendo una fuente de interés político con varios proyectos de consulta popular planteados en estados como California, Michigan, Nevada o Illinois alrededor de restringir el otorgamiento de licencias a proyectos de esta naturaleza.

A nivel federal, a fines de marzo se presentó en el Senado una propuesta de “Ley de Moratoria sobre Centros de Datos de Inteligencia Artificial”, a iniciativa del demócrata Bernie Sanders. Este proyecto legislativo plantea frenar la construcción y expansión de las grandes unidades de procesamiento para IA hasta que se garanticen salvaguardas mínimas ambientales, de protección del consumidor y que no se afecte el empleo.

Otros aspectos que se busca observar antes de otorgar licencias son la evaluación de que los modelos de inteligencia artificial sean seguros y que se prohíba la transferencia de hardware de cómputo avanzado a países que no tengan “regulaciones comparables en vigor”.

Por ahora el proyecto de ley se mantiene en espera, debido a que los legisladores republicanos y un sector de demócratas moderados ven con preocupación la pérdida de terreno frente a China en el desarrollo de inteligencia artificial. A pesar de ello, el viraje de la opinión pública y una posible recomposición del Congreso podría dar lugar a que propuestas de este tipo encuentren nuevo impulso legislativo tras las elecciones de medio término.

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