¿Una IA podría predecir las conductas de los argentinos?

“Argentina se adelanta al futuro”, escribió en sus redes el presidente Javier Milei para presentar en sus redes esta iniciativa tecnológica que posicionaría a Argentina como pionera en la región.

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La novedosa herramienta, que se alimenta del procesamiento masivo de datos, permitiría simular escenarios y analizar los impactos de posibles medidas. Si bien ha sido empleada por el sector privado en la industria y la construcción, el Gobierno busca aplicarlo en la elaboración de políticas sociales.

“Es tratar de pasar de un Estado reactivo a uno más bien predictivo, que puede evaluar patrones, detectar trayectorias y anticiparse a diferentes problemas”, menciona Maximiliano Campos Ríos, director de la Maestría de Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires, a El Comercio.

Una de las oportunidades que identifica el especialista es la posibilidad de resolver la fragmentación estatal. La información de la ciudadanía, dispersa entre ministerios, agencias y oficinas estatales de salud, trabajo, educación, seguridad y migraciones dialogarían entre sí.

“Un gemelo digital social entrecruzaría todas esas bases de datos para diseñar políticas públicas más efectivas y asertivas”, sostiene.

Tras el anuncio aparecieron muchas preguntas que no estaban explicadas en el video promocional. ¿La manipulación masiva de datos pondría en riesgo la privacidad de los argentinos? ¿Podría devenir en una herramienta de control social?

El Rabino Dr. Fishel Szlajen, bioeticista y consultor en políticas públicas, refiere que la privacidad correría riesgo si el Estado cruza datos sensibles sin finalidad clara, controles ni explicación pública. Szlajen indica que el diseño debería minimizar y anonimizar datos, prohibir usos secundarios, implementar auditorías externas, trazabilidad y revisión humana.

“Una evaluación ética previa, no decorativa sino operativa, identificando riesgos, responsabilidades y límites, es la clave para que los datos sean utilizados para cuidar, no para vigilar, controlar ni clasificar injustamente a las personas”, precisa a este Diario.

Además del debate técnico, en la arena política también se discutió el tema. Desde la oposición, los diputados Agustín Rossi (Unión por la Patria) y Esteban Paulón (Provincias Unidas) solicitaron citar al Congreso a la ministra del sector, Sandra Pettovello, para explicar los alcances del programa.

La dirigente política Mila Zurbriggen –exmilitante libertaria- fue un poco más allá y presentó una denuncia penal contra Milei y Pettovello por “implementar tecnología con uso dictatorial y violar la ley de protección de datos personales”.

Desde el Ejecutivo, si bien no se dieron mayores detalles del proyecto, salieron algunas voces a defenderlo. Alejandro Álvarez, subsecretario del área de Políticas Universitarias, cercano al asesor Santiago Caputo, apuntó contra el manejo de los programas sociales que hacía la gestión kichnerista.

“Le tienen fobia a la transparencia porque la digitalización y la tecnología impiden la intromisión de las porosas manos de los políticos en las cajas del Estado”, escribió en X.

En abril, el empresario germano-estadounidense Peter Thiel, cofundador de PayPal, se instaló sorpresivamente en Buenos Aires. En sus primeras semanas tuvo reuniones con el presidente Milei y los ministros de Economía Luis Caputo y de Desregulación Federico Sturzenegger.

Pocas semanas después de estos encuentros, apareció el video que anunciaba la creación del Gemelo Digital, un producto que precisamente ofrece Palantir, la compañía de análisis de datos que actualmente dirige Thiel.

La coincidencia disparó interrogantes sobre quiénes se encargarían del procesamiento de información e implementación del proyecto. Para la Fundación Vía Libre, organización que vela por los derechos digitales, la activa agenda de Thiel en el país sugiere “el inicio de negociaciones comerciales orientadas a transferir los patrimonios informativos de la administración pública hacia plataformas de gestión privada”.

En sus comunicaciones el Ejecutivo no estableció nombres propios sobre quiénes desarrollarían el software o estarían a cargo del soporte técnico. Pero, la mención inicial de que convocarán a “los principales actores del mundo” para construir el modelo generó controversia. Por ello, cinco días después del lanzamiento, el Ministerio de Capital Humano sacó un comunicado aclarando que el proyecto se ejecutará bajo su conducción.

Campos Ríos, de la Maestría de Administración Pública de la UBA, refiere que debe tenerse en cuenta que “los países de Latinoamérica somos principalmente consumidores, ya que no tenemos ni capacidad de desarrollo ni de procesamiento de datos”.

Según el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) la región apenas alberga el 5% de data centers a nivel mundial. Al no contar con infraestructura, los países latinos deben exportar sus datos para que sean procesados en economías industrializadas.

En ese sentido, el especialista refiere que para resguardar la privacidad de los ciudadanos debería plantearse una discusión que vaya más allá de lo técnico. “Cuando hablamos de gobernanza es también una discusión política. Si le voy a dar los datos a una empresa extranjera ¿cómo se los voy a dar? El Estado debe tener marcos regulatorios en donde se resguarde la privacidad y que esos datos luego no sean usados para entrenar modelos de IA de empresas con afán de lucro”, refiere.

Al contar que planea poner en práctica el Gemelo Digital, el gobierno de Milei dio pie a la discusión por la soberanía de datos en la región. Aun cuando la iniciativa está más llena de preguntas que de certezas, lo que queda claro es que hoy la información es poder.