MexicoEl suministro de gas y combustible en el país enfrenta una presión crítica. En este contexto, han salido a la luz una serie de cuestionamientos sobre lo que ocurre dentro de las plantas de procesamiento de Pisco y Malvinas, operadas por Pluspetrol. Trabajadores miembros del Sindicato Unitario de Trabajadores de Pluspetrol Perú S. A. (Sutrappec) alertaron que la empresa terceriza los servicios de atención de emergencias e incendios. Según afirman, la medida reemplazó a brigadas internas con experiencia y conocimiento de las instalaciones, lo que podría debilitar la capacidad de respuesta ante incidentes, pero la compañía optaría por la tercerización para reducir costos.
Mientras el país debate la reparación de ductos y la estabilidad del suministro energético, desde el sindicato advierten que estas decisiones empresariales podrían comprometer la seguridad de las instalaciones y, por ende, la seguridad nacional. Incluso, indicaron que Sunafil detectó vulneraciones en las condiciones de seguridad y les impuso sanciones
No obstante, Pluspetrol señaló a El Comercio que cuentan con un equipo externo de brigadistas especializados, conforme al Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, lo que garantiza una capacidad de reacción inmediata y eficaz ante cualquier eventualidad.
Alertan sobre el riesgo de la tercerización en las respuestas a emergencias
La preocupación central de Sutrappec está en la desactivación de las brigadas contra incendios, conformadas por personal propio. “En Pluspetrol contamos con personal altamente capacitado y con años de experiencia en emergencias. Sin embargo, la empresa ha optado por entregar estas responsabilidades a personal tercerizado, lo que podría poner en riesgo la respuesta ante emergencias en las plantas de Pisco y Malvinas”, señalaron.
Trabajadores del Sindicato Unitario de Pluspetrol denuncian que la empresa tercerizó los servicios de atención de emergencias e incendios en las plantas de Pisco y Malvinas.
“Esto genera dos peligros latentes. En primer lugar, se percibe un desconocimiento del sistema, ya que un respondedor externo carece del dominio cotidiano de los paneles de control y de la ubicación exacta de válvulas críticas, conocimiento que solo posee el personal de planta. Por otro lado, en escenarios de siniestro, la ausencia de brigadas propias y la dependencia de personal tercerizado que no se encuentra permanentemente en la zona podría ralentizar la capacidad de reacción, lo que transformaría un amago controlable en una emergencia de escala nacional”, precisaron.
Traslado de responsabilidades
En una entrevista con El Comercio, el secretario general adjunto de Sutrappec, Carlos Javier Jiménez, indicó que fue en marzo de 2025 cuando la empresa decidió “de manera unilateral tercerizar la unidad de respuesta a emergencias”. Según señaló, en ese momento se comunicó que los brigadistas internos ya no tendrían responsabilidad en la atención de incidentes.
“Antes, quienes respondían a las emergencias eran los mismos operadores de la planta. Por eso quisimos poner en alerta esta situación que viene ocurriendo en las plantas de Pisco y Malvinas”, explicó.
“La brigada contra incendios interna de la empresa operó desde el 2004 y durante más de 20 años respondió de manera oportuna. Pero ahora la empresa decidió contratar a terceros que no están integrados a nuestra operación. Si bien por el momento no se ha registrado ningún evento, existe un alto potencial de riesgo”, añadió.
La brigada interna dejó de contar con los implementos de seguridad necesarios.
Jiménez reveló que el sindicato informó a la empresa Pluspetrol sobre la disconformidad de los trabajadores con la decisión. “Hicimos saber nuestra posición mediante documentos formales, pero la empresa simplemente nos dijo que está en su facultad directiva tomar esas decisiones y que nosotros no tenemos ninguna injerencia”, sostuvo.
Denuncias ante Sunafil
A raíz de ello, indicó que acudieron a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para poner en su conocimiento la situación. En total, se levantaron cuatro actas de infracción en las que se establecen sanciones contra Pluspetrol.
- Acta de Infracción N.º 716-2025 (Cusco): emitida en septiembre de 2025 por incumplimientos en las condiciones de seguridad operativa.
- Acta de Infracción N.º 3625-2025 / DINI (Ica): notificada en noviembre de 2025 bajo la supervisión de la Dirección de Inteligencia Inspectiva.
- Acta de Infracción N.º 0029-2026 (Ica): registrada en enero de 2026, reafirmando la persistencia de riesgos en la planta Pluspetrol Pisco.
- Acta de Infracción N.º 002-2026 / DINI (Cusco): documento emitido en enero de 2026 que consolida la preocupación técnica sobre la seguridad energética.
“De esta manera, la Sunafil detectó vulneraciones en las condiciones de seguridad y les impuso sanciones, tanto por no haber entregado la información correspondiente derivada de nuestra denuncia como por la suspensión y afectación de la brigada contra incendios con personal propio. Las multas suman 600 mil soles”, afirmó.
El Comercio accedió a las cuatro actas de Sunafil, donde se consigna el monto de las multas impuestas a la empresa.
Minutos clave
El vocero del sindicato también explicó que los trabajadores tercerizados se encontrarían fuera de la planta, incluso más allá del cerco perimétrico, algo que la empresa Pluspetrol ha negado.
“Están ubicados a un par de kilómetros. Entonces, si ocurre una emergencia, llegarían en unos cuantos minutos. Pero, aunque pueda parecer poco tiempo, esos minutos son claves para evitar una tragedia. Por eso es que nos preocupa”, dijo.
Aclaró que, aunque exista la voluntad de mantener una brigada interna contra incendios, ya no es posible porque el personal dejó de contar con sus implementos de seguridad. “La indicación de la empresa es que, ante una emergencia, simplemente debemos evacuar. Lamentablemente ya nos retiraron nuestros equipos de protección, como trajes contra incendios y guantes. Por más que quisiéramos realizar un control inicial, ya no tenemos las herramientas, por lo que estaríamos exponiendo nuestras vidas”, sostuvo.
“Imagínate que evacuamos y, hasta que llegue la brigada, el fuego ya ha escalado gravemente. Sentimos impotencia porque no podemos realizar ninguna maniobra, ya que estamos desprotegidos. Nosotros conocemos las plantas, la ubicación exacta de los espacios y de las válvulas para minimizar riesgos de fuga. Todo ese conocimiento acumulado durante años no lo tiene un trabajador tercerizado. Si a eso se suma que la brigada tercerizada no se encuentra en la planta de forma permanente, el riesgo de una tragedia aumenta”, agregó.
“La seguridad no puede supeditarse a políticas de ahorro”
Carlos Jiménez enfatizó que desde Sutrappec consideran que la fuga en el ducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Megantoni, Cusco, es un “recordatorio de lo vulnerable que es nuestro sistema”.
“No podemos permitir que en las plantas de Pisco y Malvinas se juegue con la primera respuesta. Precarizar las brigadas y alejar al personal que conoce la planta es una decisión que pone en riesgo la entrega de GNV y GLP a todo el país. Ante un suceso similar o incluso más grave, una brigada tercerizada podría no saber cómo actuar”, opinó.
“Por eso exigimos que se priorice la seguridad operativa y se devuelva la responsabilidad de las brigadas al personal propio. La seguridad del suministro de gas no puede supeditarse a políticas de ahorro de costos que perjudiquen la primera respuesta ante desastres”, concluyó.
Pluspetrol garantiza respuesta rápida y efectiva
El Comercio se contactó con Pluspetrol para obtener un pronunciamiento sobre estas denuncias. La empresa respondió que “para Pluspetrol, la seguridad es un pilar fundamental. Contamos con un sistema de seguridad para la respuesta a emergencias estructurado en tres niveles; el primero, de respuesta automatizada; el segundo, de operación remota; y el tercero, de respuesta directa, gestionado por un equipo exclusivo de brigadistas especializados, conforme al Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos. Esta presencia garantiza una capacidad de reacción inmediata y eficaz ante cualquier eventualidad”, señalaron.
“Al contar con una brigada especializada integrada por miembros del Cuerpo General de Bomberos —profesionales que poseen la experiencia y formación necesaria para responder con solvencia ante una emergencia— hemos fortalecido nuestro sistema de respuesta”, indicaron.
El equipo de Pluspetrol aseguró que prioriza la seguridad operativa en las plantas.
Asimismo, la compañía afirmó que no comparte lo señalado por el sindicato. Por el contrario, sostuvo que la medida ha tenido un efecto positivo. “Como parte de una gestión de mejora continua, hemos consolidado el sistema de respuesta ante emergencias a través de esta brigada altamente calificada, exclusiva y especializada para la mitigación y control de potenciales incendios”, precisaron.
Respecto a las actas de Sunafil, la empresa indicó que la entidad no les ha notificado ninguna resolución que les impute incumplimientos vinculados con supuestas “condiciones de seguridad que afectarían a las brigadas contra incendios” o “deficiencias estructurales en la respuesta a emergencias”.
“En Camisea siempre se prioriza la seguridad operativa. El Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos establece que la conformación de brigadas contra incendios puede realizarse mediante la designación y capacitación de personal propio o a través de la contratación de servicios especializados de terceros. Ambas opciones están legalmente permitidas (...). El equipo se encuentra ubicado dentro de nuestras plantas con una disposición de 24/7, listo para actuar en caso sea necesario”, afirmaron.
Entrevista a Manuel Paredes, director de la Maestría en Gestión Pública y Desarrollo Territorial Descentralizado en la Universidad ESAN
1. ¿Qué riesgos institucionales y operativos puede generar que empresas operadoras tercericen funciones críticas como la respuesta a emergencias e incendios en plantas?
Tercerizar no es un problema en sí mismo. El problema aparece cuando se terceriza una función que exige memoria operativa y conocimiento detallado de todas las instalaciones. Si se depende de personal que no está plenamente integrado a la operación de manera permanente, el riesgo puede ser mucho mayor. Puede haber mayor fricción en la coordinación, menor trazabilidad de responsabilidades y respuestas menos robustas ante emergencias. No se puede tercerizar libremente aquellas operaciones que son el corazón del negocio.
2. ¿Cómo puede afectar que la primera respuesta ante incidentes en infraestructuras críticas dependa de personal tercerizado que no forma parte permanente de la operación?
Desde la perspectiva de la seguridad energética, el mayor problema no es laboral, sino sistémico. Cuando la primera respuesta ante situaciones críticas no está anclada al personal que forma parte de la operación, el país queda más expuesto a una falla. En una emergencia, cada segundo importa. Si la familiaridad con las instalaciones no está internalizada, los costos no son solo empresariales: una interrupción puede derivar en racionamiento de energía o en un aumento del costo de los combustibles, lo que finalmente afecta a todos.
3. ¿Qué rol deberían cumplir el Estado y los organismos supervisores para garantizar que decisiones empresariales no terminen comprometiendo la seguridad del sistema energético nacional?
El Estado no debería limitarse a reaccionar con medidas de racionamiento de energía cuando ocurren fallas. Debe exigir a las empresas capacidades sólidas de prevención y de respuesta rápida. Además, se necesita una supervisión que no se enfoque únicamente en el cumplimiento formal de normas, sino que sea más proactiva. También es necesario rediseñar la seguridad del sistema, ampliando capacidades y asegurando una matriz energética con mayores fuentes alternativas, como la energía eólica o solar.
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