Minsa quiere cancelar el convenio con el Banco Mundial: ¿cuál es el impacto para el proyecto de salud pública?

La historia empieza así: en el 2021, cuando el Perú afrontaba la segunda ola de COVID-19, la más mortífera de todas, era más que evidente la incapacidad nacional para identificar y controlar brotes de enfermedades infecciosas. Sin un sistema de vigilancia capaz de atender a todas las regiones, el diagnostico oportuno de cualquier enfermedad contagiosa era casi imposible. Ese año, el Perú y el Banco Mundial (BM) firmaron un acuerdo de financiamiento para crear un sistema de vigilancia robusto en 25 departamentos del país. Cuatro años después, tras los efectos aún no superados de la pandemia y dos años con los picos más altos de dengue en la historia peruana, el Ministerio de Salud decidió cancelar el convenio.

Cuarto Poder reveló cómo la gestión de César Vásquez rompió el convenio de 68 millones de dólares para mantener la designación de Consuelo Perales Mesta como coordinadora del proyecto. El reportaje detalla que el Minsa no aceptó la solicitud del BM para reestructurar el equipo técnico con estándares mínimos -Perales Mesta es investigada por presunta malversación de fondos-. “Yo llegué y le puse el pare al Banco Mundial”, llegó a decir Vásquez en un evento público que fue reproducido por el dominical.

El proyecto en cuestión se denomina “Mejoramiento y Ampliación de los servicios brindados por el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Pública en 25 departamentos” e implicaba la construcción de la sede del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, tres centros Macrorregionales del Instituto Nacional de Salud-INS (Lambayeque, Puno y Huánuco) y el Centro de Bioinformática y Tecnologías Diagnósticas (CBTD). Si bien proyecto de inversión fue declarado viable el 23 de abril de 2021, no fue sino hasta el 14 de agosto de 2023 que el INS, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N⁰ 040-2023-INS, formalizó la creación de la Unidad Ejecutora 004: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, encargada de desarrollar el proyecto. Consuelo Perales Mesta fue designada coordinadora general de esta unidad en enero pasado.

Óscar Ugarte, quien fue ministro de Salud en el 2021, explica que el proyecto implicaba inversión cofinanciada: el BM ponía 68 millones de dólares y Perú, 18 millones de dólares. En total, la inversión asciende a 86 millones de dólares (más de 300 millones de soles).

“El crédito del Banco Mundial está incluido en la Ley de Financiamiento; por tanto, no solo el gobierno lo propuso sino que el Congreso lo aprobó. En el 2021 se buscó el convenio porque no habían recursos públicos y ahora en el 2025 tampoco hay. El propio Minsa tenía un proyecto de fortalecimiento del primer nivel de salud para la construcción de 1.000 establecimientos, pero el MEF le negó el financiamiento para este año. No hay presupuesto ni para proyectos propios”, dijo a El Comercio.

Esta falta de recursos también es mencionada por el infectólogo Juan Celis Salinas, ex jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital Regional de Loreto, quien cuestiona que el Minsa no pueda mantener el laboratorio de bioseguridad de nivel 3 construido en Iquitos, el cual serviría para agilizar los diagnósticos moleculares como parte del sistema de vigilancia descentralizado. “Este laboratorio tiene más de 10 años, pero está abandonado. Sirve casi como un courier porque las muestras, salvo algunos casos, son enviadas a Lima. Si el ministerio dice que son tan eficientes, mejoraría el estado de este centro. Es un elefante blanco que se construyó con muchos millones y no funciona. Tampoco pueden mejorar el hospital de Loreto, se cae a pedazos.”, dijo a este Diario.

Tras el reportaje de Cuarto Poder, el Minsa emitió un comunicado donde atribuyen la cancelación del convenio “debido a su bajísimo nivel de ejecución (en 4 años solo ejecutó el 8.4% de presupuesto) y visos de corrupción (35 informes de la Contraloría)”. Asimismo, aseguraron que el Minsa asumirá el proyecto con “presupuesto institucional”.

De acuerdo con la gestión de César Vásquez, se han pagado 18 millones de soles en consultorías “propuestas por el BM”. “Por ese presupuesto gastado en consultorías se viene pagando interesares respectivos al Banco Mundial”, indica el comunicado.

Sin embargo, el Contrato de Préstamo Nº 9274-PE, con fecha 23 de diciembre del 2021, firmada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), indica que los pagos se empezarían a realizar recién desde diciembre del 2025 hasta junio del 2032 (dos pagos anuales).

Para Ugarte, es cuestionable que la gestión de Vásquez reconozca la baja ejecución, pero no considere que el proyecto inició oficialmente en el 2023 y no el año que se firmó el contrato. “La baja ejecución es responsabilidad del Minsa, quien tendría que quejarse es el Banco Mundial. Es absurdo que el ministro diga que por eso se anula el convenio si el ministerio no tiene dinero”, añadió a este Diario.

En una carta del 31 de marzo, el Banco Mundial informa que queda a la espera de la comunicación formal que confirme la terminación del apoyo financiero. “Entendemos su decisión de proseguir con su propia estrategia de implementación para el Proyecto. Asimismo, reconocemos que el acuerdo inicial con el Banco Mundial para cambiar los arreglos de implementación del Proyecto y completar el proceso de selección del personal de la Unidad Ejecutora (tal como fue confirmado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) según se verifica en el Ayuda Memoria de la Revisión de la Cartera del Banco Mundial en el Perú del 14 y 16 de octubre de 2024, firmada con fecha del 3 de diciembre de 2024) no se concretó según lo previsto”, indica la carta.

Dicha confirmación por parte del MEF (entidad que firmó el contrato con el Banco Mundial) aún no ha sido remitida.

Para entender la necesidad de tener un adecuado sistema de vigilancia de salud pública, el exministro recuerda que durante la pandemia quedó claro que el INS no contaba con insumos para diagnosticar a tiempo los casos nuevos de COVID-19 y que con el dengue tampoco se logró mejorar la capacidad de detección. De hecho, el informe Diagnóstico de Brechas de Infraestructura o Acceso a servicios del Sector Salud, del año 2023 (con datos hasta diciembre del 2022), revela que de 67 laboratorios de Salud Pública, entre el INS y los administrados por gobiernos regionales , todos tenían “capacidad inadecuada”.

“Con una mayor capacidad de diagnóstico, el INS hubiera podido desarrollar pruebas moleculares en la pandemia sin necesidad de comprar al exterior. El proyecto cubre una mayor producción de insumos y capacidad de diagnóstico para detectar a tiempo enfermedades transmisibles. También el fortalecimiento de los laboratorios para diagnósticos y la capacitación del personal. Es absurdo tirarlo a la basura por no aceptar un acuerdo de ambas partes que era que el personal que entre a trabajar por concursos meritocráticos”, añadió Ugarte.

La capacidad de mejorar el diagnóstico resulta clave en un contexto de cambio climático, en el que enfermedades transmisibles como el dengue, la malaria o la fiebre amarilla reportan picos de contagios.

Con el dengue, por ejemplo, el 2024 cerró como el peor año de contagios de en las últimas tres décadas en el Perú. Para fin de diciembre, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa) reportó 280.726 mil casos, casi 10% más que el año anterior y 1.563% más que en el 2017, cuando el país afrontó uno de los más fuertes fenómenos del Niño Costero.

El Colegio Médico del Perú (CMP) también ha expresado su preocupación por el término del financiamiento del Banco Mundial. Si bien están a favor de que los cuestionamientos señalados por el Minsa sean investigados y sancionados de confirmarse, piden que el gobierno de Dina Boluarte refórmele su posición respecto a la cancelación del convenio.

“Nos preocupa que no se ofrezca por parte del gobierno una alternativa clara, viable y oportunidad para la continuidad del proyecto del Sistema de Vigilancia en Salud Pública del país. Ello representaría un retroceso en la tan necesaria modernización e implementación de una vigilancia adecuada y descentralizada frente a enfermedades emergentes y reemergentes como el dengue, la influenza aviar o posibles futuras pandemias”, señalaron en un comunicado.

En respuesta escrita a El Comercio, el ministro de Salud, César Vásquez, informó que desde el 31 de mayo de este año el Minsa asumirá directamente la ejecución del proyecto con recursos de su presupuesto institucional. “Esta decisión no solo garantiza la continuidad del proyecto, sino que permite desatar los nudos administrativos que lo paralizaron por años. Lo que está claro es ya no será a través de un préstamo, para no seguir pagando intereses por un modelo que no funciona. Este proyecto no se va a quedar estancado. Lo haremos con dinero institucional, sin intereses. El país no necesita consultorías sin resultados ni procesos bloqueados por cláusulas que no respetan la autonomía institucional del Estado peruano”, respondió. No precisó a qué procesos bloqueados se refería.

Una vez comunicada la decisión de no continuar con el financiamiento del Banco Mundial, el Minsa ha solicitado al MEF “el inicio del procedimiento de extinción del contrato de endeudamiento”. Según Vásquez, la finalización unilateral del convenio se respalda en la baja ejecución del proyecto y en “36 informes de la Contraloría que hablan de corrupción e ineficiencia y un grupo de funcionarios que no podían ser removidos a pesar de su incapacidad debido a que tenían un contrato con el Banco Mundial que les aseguraba estabilidad por dos años”. Atribuye dicha ejecución mínima en la incapacidad directa de quienes estuvieron el proyecto. “La unidad ejecutora encargada del proyecto del BM ha sido la más ineficiente del MINSA. En cualquier parte del mundo esos funcionarios hubieran sido cesados de inmediato, pero gracias a los contratos dorados estos funcionarios gozaban de un blindaje excepcional que les garantizaba permanecer en sus cargos sin importar los resultados”, reiteró por escrito.

Aunque no especificó que propuestas de financiamiento se evalúa, informó que está trabajando en coordinación con el MEF, el INS y la Oficina General de Planeamiento “para garantizar la continuidad total del proyecto con recursos públicos y bajo nuevas estructuras de gestión que aseguren resultados medibles”.

Respecto a las denuncias contra la actual coordinadora general, Consuelo Perales Mesta, el ministro de Salud señaló que no la removerán del puesto y que su designación no fue objetada por el Banco Mundial, además reiteró que no tiene vínculos con Alianza para el Progreso, partido de César Acuña en el que milita el ministro. Añadió que la función de Perales será “exclusivamente” el cierre administrativo del proyecto.

“No tomamos decisiones en base a reportajes periodísticos, menos cuando se basan en fotografías de Facebook sacadas de contexto. El reportaje no revela ningún hecho nuevo ni objetivamente relevante [...] La insinuación de un supuesto vínculo con el partido de César Acuña por haber sido docente de la UCV no solo es forzada, es irresponsable y políticamente tendenciosa. Hasta la fecha, no cuenta con ninguna sentencia ni medida que le impida ejercer funciones públicas. Cuestionan a una funcionaria por una denuncia, pero no cuestionan al funcionario anterior que tiene una sanción administrativa firme por el propio ministerio. La lucha contra la corrupción debe ser firme, pero también responsable”, dijo.