El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, presentó formalmente hoy las “Fuerzas Integradas de Tarea”, una nueva estrategia operativa diseñada para enfrentar la extorsión, el sicariato y el crimen organizado.
El despliegue inicial se llevará a cabo en 27 distritos con mayor incidencia de delitos de alto impacto en diversas regiones del país. Esta medida busca recuperar el control territorial y asegurar la tranquilidad en el transporte público y las actividades económicas.
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Arroyo Sánchez calificó la jornada como un “un día muy importante porque marca un hito trascendental en la ejecución del plan de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad 2026-2028”.
Asimismo, enfatizó que la administración actual ha tomado la “decisión política de pasar del diagnóstico a la acción”, asegurando que la nueva ofensiva no es un acto meramente declarativo, sino que “implica despliegue real, inteligencia operativa y presencia efectiva del Estado en las calles”.
“Aquí hay una decisión del gobierno: recuperar el control del territorio, proteger a la ciudadanía y asegurar que el país continúe avanzando”, enfatizó. “No habrá desarrollo sostenible ni convivencia pacífica sin control del orden interno (...) es una tarea nacional que exige unidad, firmeza y continuidad”, concluyó.
Cada una de estas unidades operativas está compuesta por 200 efectivos, integrando de manera articulada a personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas y el Serenazgo. Para la implementación de esta iniciativa, el Poder Ejecutivo ha destinado una inversión inicial superior a los siete millones de soles. El propósito de esta conformación es fortalecer el patrullaje preventivo y mejorar la capacidad de respuesta inmediata del Estado ante el hecho delictivo.
La intervención focalizada comprende jurisdicciones ubicadas en las regiones de Lima, La Libertad, Lambayeque, Piura, Arequipa, Cajamarca y Cusco. Según el jefe del Gabinete Ministerial, este despliegue marca un cambio en la estrategia de seguridad mediante la presencia efectiva y la articulación en el territorio. La presentación de hoy formaliza el anuncio realizado días atrás por el ministro del Interior, José Zapata, en el marco de reuniones con gremios de transporte urbano.
Esta estrategia se inscribe dentro del “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028”. Los objetivos de este plan incluyen la reducción de la tasa de homicidios, proyectando un descenso de 10.7 por cada 100 mil habitantes en 2025 a 8.5 para el año 2028. Asimismo, se prevé optimizar las capacidades de inteligencia operativa e investigación criminal para desarticular redes delictivas a nivel nacional.
De forma complementaria, el Ejecutivo ratificó la continuidad de los programas “Corredor Seguro” y “Pasajero Seguro”, orientados a resguardar a los usuarios y trabajadores del sector transporte. También se informó sobre una partida de 205 millones de soles destinada a tecnología para la seguridad, que incluye la adquisición de 40,000 cámaras de videovigilancia para vehículos en Lima. El alcalde de Lima se comprometió a ejecutar la compra y puesta en funcionamiento de estos dispositivos en un plazo máximo de 30 días.
Finalmente, las autoridades precisaron que estas acciones se suman a los 6,500 efectivos desplegados bajo el “Plan Celador”. Durante esta semana se incorporarán 5,600 nuevos policías al servicio activo, de los cuales cerca de 2,000 serán integrados a la Unidad de Investigación Criminal. Con estas incorporaciones, el Gobierno busca restablecer el orden interno y garantizar la protección de la ciudadanía frente al incremento de la violencia.
