En Madre de Dios, tras la construcción de la Interoceánica, se degradaron cerca de 20 mil hectáreas de bosque debido a la expansión de la minería ilegal. (Foto: Difusión)
En Madre de Dios, tras la construcción de la Interoceánica, se degradaron cerca de 20 mil hectáreas de bosque debido a la expansión de la minería ilegal. (Foto: Difusión)

En Lima se creó la Plataforma sobre Infraestructura Territorial Amazónica, integrada por organizaciones de Perú, Brasil y Colombia, para enfrentar los impactos de proyectos viales que han favorecido la deforestación, la violencia y las .

Expertos, organizaciones de la sociedad civil y líderes indígenas coincidieron en que la falta de transparencia y coordinación en proyectos de infraestructura en la Amazonía ha agravado la vulnerabilidad de territorios y comunidades frente a economías ilegales.

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Dicho encuentro regional, realizado en Lima, dio paso a la creación de la Plataforma sobre Infraestructura Territorial Amazónica, que busca fortalecer la gobernanza socioambiental y promover alternativas sostenibles.

Los participantes advirtieron que experiencias como la carretera Interoceánica-Sur y el caso Odebrecht muestran la urgencia de reforzar los controles y la articulación institucional para evitar impactos negativos irreversibles.

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En Madre de Dios, por ejemplo, tras la construcción de la Interoceánica se degradaron cerca de 20 mil hectáreas de bosque debido a la expansión de la minería ilegal, acompañada de deforestación, contaminación hídrica y pérdida de seguridad alimentaria.

Beatriz Tijé, representante de la Federación Nativa del Río Madre de Dios (Fenamad), relató que tras la construcción de las carreteras principales aumentaron las actividades ilícitas y la violencia.

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“La Transoceánica ha traído un desorden a Madre de Dios y ya no podemos cómo frenar eso”, advirtió al señalar que tanto la minería como el narcotráfico afectan la calidad del agua y restringen la seguridad alimentaria, lo que incrementa la inseguridad y empuja a muchos jóvenes a incorporarse a economías ilegales.

Desde Perú, Denisse Linares, líder de proyectos de DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales), respaldó la necesidad de estudios ambientales, económicos y sociales rigurosos que incorporen las expectativas locales desde un enfoque de sostenibilidad.

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“Estamos hablando de territorios sensibles por sus características sociales y ambientales”, subrayó. También remarcó la importancia de fortalecer la articulación con organismos como la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y otros espacios intergubernamentales de planificación.

En Colombia, la abogada Kathryn Rosas, de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), explicó que las infraestructuras viales y fluviales facilitan la entrada de actividades ilícitas y presionan los territorios indígenas.

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“Estas infraestructuras no pueden seguir siendo un pretexto para ampliar las economías ilegales o violentar los derechos colectivos”, sostuvo, recordando que la legislación colombiana reconoce las funciones ambientales de las comunidades y garantiza consultas previas, libres e informadas.

La nueva Plataforma sobre Infraestructura Territorial Amazónica agrupa a organizaciones indígenas y de la sociedad civil de Brasil, Perú y Colombia, entre ellas OPIAC, FCDS, ORAU, CORPI-SL, FENAMAD, DAR y el Grupo de Infraestructura de Brasil.

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Su objetivo es consolidar un espacio regional de propuestas que permitan diseñar infraestructura compatible con la protección de derechos colectivos y la salvaguarda socioambiental de la Amazonía.

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