El derrame de petróleo en la refinería La Pampilla, de Repsol, cumple mañana dos semanas y el avance del crudo hacia el norte del país sigue imparable mientras se revelan irregularidades que habría cometido la empresa durante las primeras horas del incidente, que implicó el vertido de al menos 6.000 barriles de hidrocarburo al mar.
Si ya se había confirmado daño en más de 20 playas desde Ventanilla hasta Chancay, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) precisó que la afectación alcanza a la Zona Reservada de Ancón y otras cuatro áreas protegidas que forman parte de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras: islote Pescadores, isla Huampanú, isla Mazorca y punta Salinas.
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Este avance del crudo coincide con los cuestionamientos sobre el papel tardío de Repsol en los trabajos de limpieza. Ayer, la difusión de las cartas de protesta de Giacomo Pisani, capitán del buque petrolero Mare Doricum, pusieron en evidencia contradicciones en lo informado por Repsol sobre las medidas iniciales.
En una de las cartas, del 15 de enero, advierte que parte de su buque y todas las amarras atadas a las boyas estaban “muy contaminadas por el petróleo en el agua de mar”, pese a que la versión de Repsol, a través de su gerenta de Comunicaciones, Tine van den Wall Bake, había sido que el sábado solo notaban “iridiscencia” en el agua y que el crudo recién pudo verse al día siguiente.
Ayer, el fiscal Ariel Tapia Gómez, de la fiscalía especializada en materia ambiental, junto a una comitiva integrada por el Ministerio del Ambiente, la procuraduría, la Marina de Guerra y el Congreso, regresaron al buque para constatar la situación en este. “Hemos verificado el sistema de operación para la descarga, formas de maniobrar el buque, información del casco. Hemos estado con buzos para verificar exhaustivamente el buque”, dijo Tapia a este Diario. Lo siguiente será recoger versión oficial del capitán Pisani.
Crece daño ambiental
Punta Salinas, en la provincia de Huaral, a unos 100 km al norte de la zona del derrame, cerca de Huacho, es otra más de las áreas reservadas donde se ha confirmado afectación por el petróleo de Repsol, informó a El Comercio el jefe de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Óscar García.
El impacto de la contaminación puede alcanzar toda la cadena trófica de este lugar, agregó García. Aquí se pueden encontrar aves como la chuita, ostreros, gaviotas; peces como corvina, lorna, chita; y el cangrejo negro.
Sernamp, OEFA, la Municipalidad de Huacho y diferentes entidades siguen haciendo trabajos de monitoreo en la zona para medir el nivel de afectación . García sostuvo que estos trabajos no pararán, pues cada día puede llegar más crudo.
Para tener una idea de la contaminación en zonas protegidas, Sernamp informó que cerca de 10 especímenes de aves muertas son halladas todos los días desde el derrame en el ámbito de los islotes Grupo de Pescadores. En este tiempo también han encontrado más de 170 especímenes de aves cubiertas de petróleo en los islotes.
Esto sin contar con la posible “extinción local” de la nutria marina, clasificada como en peligro.
Impedimento de salida
Hoy, desde las 8 a.m., el juez Romualdo Aguedo emitirá una decisión sobre el pedido de impedimento de salida por 18 meses contra altos directivos de la refinería La Pampilla de Repsol con la finalidad de garantizar su presencia en el país durante un eventual proceso penal.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental Lima Noroeste acusa al gerente general de la refinería La Pampilla, Jaime Fernández-Cuesta, y los funcionarios Renzo Tejada, Gisela Posadas y José Reyes, de no cumplir con sus actividades funcionales, lo que originó daño grave al medio ambiente.
Durante la audiencia iniciada ayer, los abogados de los investigados por el delito de contaminación ambiental se allanaron al requerimiento fiscal.
La fiscalía anunció también que ampliará la investigación para incluir a funcionarios públicos de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina de Guerra del Perú, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y OEFA. El Ministerio Público considera que estos habrían omitido su labor de fiscalización administrativa.
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