El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, anunció que al mediodía sostendrá una reunión con el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, con el fin de coordinar medidas adicionales frente a las manifestaciones convocadas para el 15 de octubre, en el marco del paro nacional anunciado por diversos colectivos sociales.
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Arriola garantizó que la institución policial respetará los derechos fundamentales de los ciudadanos durante las movilizaciones, entre ellos el libre tránsito, la movilización y la expresión pacífica, consagrados en la Constitución.
“La Policía Nacional de todos los peruanos va a garantizar el derecho de movilizarse, transitar y expresarse libremente. Nosotros vamos a acompañar a todos los peruanos que se citen en estas fechas convocadas y esperemos que se realicen dentro de los cánones del respeto por el prójimo”, afirmó.
El jefe policial recalcó que la PNP no actuará con violencia innecesaria y que su labor será principalmente de acompañamiento y resguardo. No obstante, advirtió que, en caso se produzcan daños a personas o bienes públicos y privados, la respuesta será gradual y conforme a ley.
“Nosotros no salimos a agredir absolutamente a nadie; salimos a acompañar al prójimo”, enfatizó Arriola.
La reunión entre la PNP y el Ministerio Público busca reforzar la coordinación institucional para garantizar el orden durante la jornada de protesta, así como prevenir actos de violencia o infiltraciones delictivas que puedan alterar la seguridad pública.
El país se prepara para una nueva jornada de protestas en medio de la incertidumbre política generada tras la vacancia de Dina Boluarte y la reciente asunción de José Jerí como presidente de la República.
Diversos colectivos ciudadanos, sindicatos y gremios del transporte han convocado a un paro nacional para este miércoles 15 de octubre, en rechazo a la clase política y en demanda de acciones firmes frente a la inseguridad, la corrupción y el desempleo.
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La movilización ha sido anunciada como una “gran marcha nacional”, con concentraciones simultáneas en Lima y varias regiones del país. Los organizadores aseguran que la jornada busca expresar “el cansancio de un pueblo que ya no confía en sus autoridades”.
El malestar social se ha agudizado en los últimos meses debido al incremento de la violencia criminal y las extorsiones, que han dejado más de 80 transportistas asesinados solo en Lima y Callao. En regiones, comerciantes y empresarios también han denunciado amenazas y cobros de cupos.
La indignación se intensificó tras el ataque armado contra la orquesta Agua Marina en Chorrillos, que dejó cuatro heridos y evidenció la creciente influencia del crimen organizado.
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