Falsificación de documentos y lesiones culposas: los serios antecedentes de los virtuales diputados de Juntos por el Perú

En su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Lurdes Natividad, virtual diputada por Áncash, consignó una sentencia contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos, dictada por un juzgado de Carhuaz, con una sentencia de cuatro años de prisión suspendida.

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En tanto, Gabriel Gonzales Delgado, electo diputado por Cajamarca, registra dos condenas: una por entorpecimiento al funcionamiento de la vía pública y otra por violencia familiar, donde se acogió a la conclusión anticipada.

El caso de Julián Pérez Mallqui, electo diputado por Cusco, es más complejo. Este dirigente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP) tiene tres sentencias: una por lesiones culposas por atropellar a una madre de familia y su hija, falsa declaración en procedimiento administrativo y violencia familiar.

Respecto a César Tito, virtual diputado por Puno, este Diario advirtió desde la campaña que su nombre aparecía en el acta de constitución del Movadef, brazo político y fachada legal de Sendero Luminoso. Está en la mira de la Dircote por supuestas visitas a senderistas presos en el penal de Yanamayo entre los años 2000 y 2004, y por presunta apología al terrorismo. Sumado a esto, Tito registra una sentencia por violencia familiar en agravio de su propia hermana, la cual no consignó en su hoja de vida, lo que le significó una sanción de S/ 22 mil impuesta por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Puno.

El colegiado electoral de Puno también sancionó a Remigio Condori Flores, electo diputado de JP por esa región, por ocultar tres sentencias por violencia familiar en su declaración jurada, donde consignó que no tenía antecedentes judiciales. En su caso, se le aplicó una multa de S/33 mil (6 UIT).

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Respecto a Oswar Cahuaza Mitivire, virtual parlamentario de Ucayali, en su hoja de vida consignó una sentencia por pensión alimentaria, pero omitió otra dictada en el 2012, donde se le condenó a 3 años de prisión suspendida por presentar un certificado de estudios con información falsa para acceder a una plaza en el magisterio. La pena fue ratificada por la Corte Suprema en el 2017.

Existen otros candidatos de JP que obtendrán una curul pese a sus severos cuestionamientos. Es el caso de Yenifer Paredes, cuñada del preso expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y que afronta una investigación por supuestamente integrar una red criminal encargada de direccionar obras públicas en Cajamarca.

Con más de 58 mil votos, Paredes es virtual diputada por esa región. La investigación en su contra no le ha impedido contratar con el Estado: brindó el servicio de asistente administrativo a la Municipalidad Provincial de Chota desde el 23 de mayo del 2025, por el cual percibió S/ 6.900.

De igual manera, está el caso de Iber Maraví, virtual senador de JP. Años atrás se supo sus nexos con atentados perpetrados por Sendero Luminoso en Ayacucho entre 1980 y 1981, además de una denuncia penal, que data del 2004, por instigación al delito de terrorismo. Fue ministro de Trabajo durante el gobierno de Castillo y su abogado. Como informó anteriormente este Diario, es su más asiduo visitante.

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Mientras que Alejandro Manay Pillaca, virtual diputado por Ayacucho, estuvo preso al ser acusado por la fiscalía del delito de terrorismo, tras las protestas de diciembre del 2022 contra la entonces mandataria Dina Boluarte. No obstante, en mayo del 2023 la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional ordenó su excarcelación.

Uno de los rostros más visibles de JP en estas últimas semanas es el de Ernesto Zunini, virtual diputado por Lambayeque, quien es reconocido como un hombre de confianza del candidato presidencial Roberto Sánchez. Zunini postuló como representante norteño, pese a que sus últimos centros laborales han sido junto a Sánchez en Lima, tanto en el Ministerio de Comercio Exterior como en el propio Congreso.

En Lima Zunini también ha girado cuatro órdenes de servicio, todas en 2023, con la Municipalidad de Lurigancho-Chosica por un monto total de S/ 20.000. Dicha gestión es liderada por el alcalde Oswaldo Vargas, afiliado a JP. “Cuarto Poder” también reveló que en dicha municipalidad fue contratada Irma Castillo, hermana de Pedro Castillo, quien recibía 4 mil soles mensuales como coordinadora administrativa. El mismo reportaje mostró que, cuando debía estar en su despacho municipal, ofrecía declaraciones frente al penal de Barbadillo, ubicado a más de treinta kilómetros de distancia.

Este Diario buscó los comentarios del partido sobre los antecedentes de sus virtuales congresistas, pero hasta el cierre de esta edición no brindaron comentarios.

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