Jorge Henry Cotos Ochoa asumirá la presidencia del Consejo Nacional Penitenciario. (Foto: Referencial/Andina)
Por Redacción EC
El Poder Ejecutivo designó a Jorge Henry Cotos Ochoa como presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), según establece la Resolución Suprema N.° 054-2026-JUS publicada el 8 de marzo.
El Poder Ejecutivo designó a Jorge Henry Cotos Ochoa como presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), según establece la Resolución Suprema N.° 054-2026-JUS publicada el 8 de marzo.
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La norma señala que el nombramiento responde a la necesidad de garantizar la continuidad en la gestión del organismo, luego de que el puesto quedara vacante.
El Consejo Nacional Penitenciario es el órgano encargado de dirigir el INPE y está integrado por tres miembros especialistas en asuntos criminológicos y penitenciarios, quienes son designados mediante resolución suprema, de acuerdo con lo establecido en el Código de Ejecución Penal.
Según los considerandos de la resolución, esta estructura se mantiene vigente de manera transitoria mientras se implementan cambios en el sistema penitenciario nacional.
En ese contexto, el Gobierno recordó que mediante el Decreto Legislativo N.° 1328 se establecieron disposiciones para fortalecer el sistema penitenciario y el funcionamiento del INPE, aunque parte de sus disposiciones entrarán plenamente en vigencia cuando se apruebe el nuevo reglamento de organización y funciones de la institución.
Asimismo, el Ejecutivo señaló que recientemente se creó la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), entidad que será el ente rector del Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social.
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La normativa también dispone la fusión por absorción del INPE, del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y del Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (Pronapres) a la SUNIR.
No obstante, mientras se completa ese proceso de reorganización institucional, las entidades involucradas continuarán ejerciendo sus funciones y mantendrán las responsabilidades que les corresponden dentro del sistema penitenciario.
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