Proponen hasta 25 años de prisión por prestar cuentas empleadas en extorsión o sicariato
La iniciativa fue presentada por la congresista Maricarmen Alva y busca endurecer las sanciones contra quienes faciliten el uso de cuentas bancarias o digitales para actividades criminales.
Ante el incremento de casos de extorsión y delitos financieros en el país, la congresista Maricarmen Alva presentó el Proyecto de Ley denominado Ley para el fortalecimiento de la lucha contra la extorsión, el sicariato y los delitos financieros vinculados.
Ante el incremento de casos de extorsión y delitos financieros en el país, la congresista Maricarmen Alva presentó el Proyecto de Ley denominado Ley para el fortalecimiento de la lucha contra la extorsión, el sicariato y los delitos financieros vinculados.
La propuesta plantea incorporar sanciones más severas contra quienes presten o alquilen sus cuentas bancarias o digitales a organizaciones criminales.
Según el texto, quienes cedan sus cuentas con conocimiento de su uso delictivo enfrentarán penas de entre 10 y 15 años de prisión.
En los casos en que dichas cuentas sean empleadas para delitos graves, como extorsión o sicariato, la pena se elevaría de 15 a 25 años, además de una inhabilitación de hasta 25 años para contratar servicios financieros.
La iniciativa también busca que todas las transferencias bancarias, billeteras electrónicas y aplicaciones financieras requieran reconocimiento facial o huella digital obligatoria, con el fin de verificar la identidad del usuario real y evitar que los delincuentes operen mediante cuentas falsas.
“Hoy los extorsionadores no solo amenazan por teléfono: también cobran desde una billetera electrónica sin mostrar la cara. Con esta ley los obligamos a identificarse. Quien nada teme, nada oculta”, sostuvo Alva.
Internos con condenas por sicariato y extorsión son reubicados en penal Ancón I bajo control total. (Foto: GEC)
Asimismo, la propuesta modifica el artículo 13 del Código de Ejecución Penal para que los condenados por extorsión o sicariato sean recluidos en un régimen penitenciario especial de alto control, con aislamiento y vigilancia tecnológica permanente.
“No más mafias manejadas desde las cárceles. Vamos a cortarles el dinero, las comunicaciones y la impunidad”, agregó la parlamentaria.
